El protocolo de la cúpula de la justicia contra el acoso por razones de género
El acuerdo, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura contra el abuso sexual y por razones de género en el ámbito laboral, fue firmado por los presidentes de las altas cortes y otros dignatarios de la Rama Judicial, en una muestra de compromiso para generar espacios seguros de trabajo.
Representantes de las altas cortes y la rama judicial firmaron el protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral. En el marco del Vigésimo Conversatorio Nacional de Género: Coordinación Estatal para la prevención de las violencias basadas en género, los altos dignatarios se comprometieron a mostrar tolerancia cero a las conductas indebidas en el trabajo, además de buscar que tanto hombres, mujeres y personas con orientación sexual y de género diversa se sientan cómodos y seguros en su espacio laboral.
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El protocolo explica los comportamientos que pueden ser considerados acoso sexual o por razones de género, además de las rutas de atención, medidas de protección para las víctimas, procedimientos y posibles sanciones para quienes incurran en este tipo de vulneraciones. Para la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, el acoso sexual es un problema que requiere atención, ya que afecta toda la esfera personal y laboral de las víctimas cuando sucede, tiene consecuencias sociales, económicas, sicológicas y emocionales, además de afectar la integridad de la persona se traduce en la ineficiencia e insatisfacción laboral y en últimas puede terminar en el abandono del trabajo.
El conversatorio sucede cuando en el país fue declarada la emergencia por violencia de género por medio de la ley 2294 incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la cual le da facultades especiales a la rama judicial para que puedan actuar de manera oportuna y en contra de la ola de feminicidios y violencia en contra de la mujer que se vive en el país.
En cuanto a la paridad laboral en la rama judicial, la magistrada Diana Fajardo, hizo un llamado a revisar a fondo las cifras “es necesario vernos hacia adentro” enfatizó. Si bien las mujeres ocupan un 54,51% de los puestos frente a un 45.49 de hombres, lo que parece una cifra equitativa, en su mayoría no ocupan cargos de toma de decisiones, según su presentación. Situación que se evidencia en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, donde las mujeres representan menos de la tercera parte de las salas plenas.
Para la magistrada Remolina “Se trata de un Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que establece cero tolerancia, confidencialidad, debida diligencia y celeridad, debido proceso y respeto por la dignidad humana, no revictimización, prevención y no discriminación”, además para su compañera la magistrada Gloria Stella López es un avance en la eliminación y correcto tratamiento de este tipo de violencias.
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Al evento asistieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Acosta Walteros, y la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura y vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Representantes de las altas cortes y la rama judicial firmaron el protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral. En el marco del Vigésimo Conversatorio Nacional de Género: Coordinación Estatal para la prevención de las violencias basadas en género, los altos dignatarios se comprometieron a mostrar tolerancia cero a las conductas indebidas en el trabajo, además de buscar que tanto hombres, mujeres y personas con orientación sexual y de género diversa se sientan cómodos y seguros en su espacio laboral.
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El protocolo explica los comportamientos que pueden ser considerados acoso sexual o por razones de género, además de las rutas de atención, medidas de protección para las víctimas, procedimientos y posibles sanciones para quienes incurran en este tipo de vulneraciones. Para la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía, el acoso sexual es un problema que requiere atención, ya que afecta toda la esfera personal y laboral de las víctimas cuando sucede, tiene consecuencias sociales, económicas, sicológicas y emocionales, además de afectar la integridad de la persona se traduce en la ineficiencia e insatisfacción laboral y en últimas puede terminar en el abandono del trabajo.
El conversatorio sucede cuando en el país fue declarada la emergencia por violencia de género por medio de la ley 2294 incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la cual le da facultades especiales a la rama judicial para que puedan actuar de manera oportuna y en contra de la ola de feminicidios y violencia en contra de la mujer que se vive en el país.
En cuanto a la paridad laboral en la rama judicial, la magistrada Diana Fajardo, hizo un llamado a revisar a fondo las cifras “es necesario vernos hacia adentro” enfatizó. Si bien las mujeres ocupan un 54,51% de los puestos frente a un 45.49 de hombres, lo que parece una cifra equitativa, en su mayoría no ocupan cargos de toma de decisiones, según su presentación. Situación que se evidencia en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, donde las mujeres representan menos de la tercera parte de las salas plenas.
Para la magistrada Remolina “Se trata de un Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que establece cero tolerancia, confidencialidad, debida diligencia y celeridad, debido proceso y respeto por la dignidad humana, no revictimización, prevención y no discriminación”, además para su compañera la magistrada Gloria Stella López es un avance en la eliminación y correcto tratamiento de este tipo de violencias.
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