El regreso de las consultas populares

Las Consultas Populares contra la minería y el petróleo han descubierto una ciudadanía crítica y propositiva que demanda escenarios de participación para tomar decisiones sobre su territorio, especialmente sobre la protección del agua y la naturaleza. También se han convertido en un instrumento de reafirmación identitaria alrededor de la tradición campesina y agraria de la región andina y llanera.

El gobierno, sin más recursos legales, optó por una salida: el presupuesto. En una interpretación sui generis que contradecía la propia conducta del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría en las consultas populares celebradas con anterioridad, el gobierno alegó que las consultas de los niveles locales y departamentales debían ser financiadas por los propios entes territoriales. En la práctica, esta decisión política ataba el derecho fundamental a la participación a la disponibilidad presupuestal de los municipios.

(Lea:Consultas populares, ¿por qué el malestar?)

Pero su jugada fue más audaz. Al presentarlo como un conflicto de competencia inhibió a los municipios de financiar a muto propio las consultas hasta tanto este conflicto no fuera dirimido, decisión que continúa pendiente en el Consejo de Estado. La Registraduría, no tuvo otra opción que solicitar a los alcaldes abstenerse de fijar fecha para celebrar las consultas populares que ya habían agotado todo el proceso que atraviesa las diferentes ramas del poder público: alcaldía, concejo municipal, tribunal administrativo. En la provincia del Sumapaz quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, y al menos otras 10 se encuentran pendientes a nivel nacional.

Ante esta situación, Territorios de Paz (TERREPAZ) una articulación de profesionales y colectivos de investigación, en coordinación con líderes y lideresas comunitarias de San Bernardo y Fusagasugá, elaboraron 2 acciones de tutela, una para cada municipio, que alegaron la violación del derecho a la participación y a la igualdad.

La primera en ser fallada favorablemente fue la de San Bernardo. En sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la interpretación hecha por el Gobierno del artículo 33 de la ley 1757 de 2015 según la cual esta norma le asignaría una responsabilidad fiscal a los municipios de financiar las consultas promovidas desde el nivel local.

El Tribunal concluyó que el factor económico no puede ser una traba para el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los que involucran el ejercicio de la soberanía  popular, y que la interpretación del Gobierno hace un “análisis sesgado  y restrictivo de las normas” que constituiría una limitante para el ejercicio de la democracia participativa, especialmente para municipios débiles económicamente, trasladando la decisión de la consulta popular de la autoridad pública al ordenador del gasto. 

(Lea: ¿Puede Colombia decirle no a la minería y al petróleo?)

Sobre esas consideraciones, el Tribunal le otorgó 15 días a la Registraduría para solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para la consulta popular de San Bernardo. Y una vez hecha la solicitud, el Ministerio contaría con 10 días para girarlos.

El 15 de julio de 2018 el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá llegó a la misma conclusión en relación con Fusagasugá y adoptó idéntica orden. El juez reafirmó que existiendo una tensión entre el derecho fundamental a la participación ciudadana y el principio de legalidad del gasto, en la ponderación el segundo debe ceder ante el primero.

No obstante, sólo hasta el 13 de agosto la Registraduría recibió una respuesta positiva del Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobando los recursos necesarios para realizar las consultas populares de Fusagasugá y San Bernardo, y también la revocatoria de mandato del Alcalde de La Calera. Aunque la consulta popular del municipio de Pasca se encontrara en la misma situación que la de sus vecinos sólo que sin fallo de tutela, el Ministerio de Hacienda no le ha asignado recursos.

Los alcaldes de los 2 municipios sumapaceños, en acuerdo con las organizaciones promotoras, decidieron convocar a la ciudadanía para el próximo domingo 21 de octubre. Ese día, tras haber sido congeladas por más de un año a voluntad del gobierno, los habitantes de Fusagasugá y San Bernardo harán historia nuevamente y se darán cita para aprobar o reprobar las actividades de exploración/explotación petrolera y minera en sus territorios.

Recién se conformaron los comités de impulso que harán campaña por el “No”, su consigna es una apuesta ciudadana por la vida, la defensa del territorio y la vocación campesina, más allá de cualquier distingo político. El gobierno responde con la inclusión de un “mico” en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que le daría piso legal a su posición frente al presupuesto de las consultas populares.

Impulsadas por los colectivos que han abanderado la defensa de la ecorregión del Sumapaz como Nuestro Páramo, Guacaná, Gusta Guchipas, Veeduría Ambiental y Tierra Libre, se esperan jornadas intensas de pedagogía en barrios y veredas, y los acostumbrados cierres culturales que envíen el mensaje de que cuando es el pueblo quien decide, el pueblo se alegra, canta, baila y hace fiesta. Las consultas son apenas un peldaño de una tarea más profunda, el ordenamiento comunitario del territorio es allí donde los conocimientos campesinos se ponen a prueba con las decisiones colectivas.

En el siglo de la democracia participativa, será un 21 de octubre cuando la gente del común le vuelva a decir a sus gobernantes: nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros ¡Agua sí, Petróleo No!

Las Consultas Populares contra la minería y el petróleo han descubierto una ciudadanía crítica y propositiva que demanda escenarios de participación para tomar decisiones sobre su territorio, especialmente sobre la protección del agua y la naturaleza. También se han convertido en un instrumento de reafirmación identitaria alrededor de la tradición campesina y agraria de la región andina y llanera.

El gobierno, sin más recursos legales, optó por una salida: el presupuesto. En una interpretación sui generis que contradecía la propia conducta del Ministerio de Hacienda y de la Registraduría en las consultas populares celebradas con anterioridad, el gobierno alegó que las consultas de los niveles locales y departamentales debían ser financiadas por los propios entes territoriales. En la práctica, esta decisión política ataba el derecho fundamental a la participación a la disponibilidad presupuestal de los municipios.

(Lea:Consultas populares, ¿por qué el malestar?)

Pero su jugada fue más audaz. Al presentarlo como un conflicto de competencia inhibió a los municipios de financiar a muto propio las consultas hasta tanto este conflicto no fuera dirimido, decisión que continúa pendiente en el Consejo de Estado. La Registraduría, no tuvo otra opción que solicitar a los alcaldes abstenerse de fijar fecha para celebrar las consultas populares que ya habían agotado todo el proceso que atraviesa las diferentes ramas del poder público: alcaldía, concejo municipal, tribunal administrativo. En la provincia del Sumapaz quedaron en vilo las consultas de San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, y al menos otras 10 se encuentran pendientes a nivel nacional.

Ante esta situación, Territorios de Paz (TERREPAZ) una articulación de profesionales y colectivos de investigación, en coordinación con líderes y lideresas comunitarias de San Bernardo y Fusagasugá, elaboraron 2 acciones de tutela, una para cada municipio, que alegaron la violación del derecho a la participación y a la igualdad.

La primera en ser fallada favorablemente fue la de San Bernardo. En sentencia de segunda instancia del 15 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la interpretación hecha por el Gobierno del artículo 33 de la ley 1757 de 2015 según la cual esta norma le asignaría una responsabilidad fiscal a los municipios de financiar las consultas promovidas desde el nivel local.

El Tribunal concluyó que el factor económico no puede ser una traba para el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los que involucran el ejercicio de la soberanía  popular, y que la interpretación del Gobierno hace un “análisis sesgado  y restrictivo de las normas” que constituiría una limitante para el ejercicio de la democracia participativa, especialmente para municipios débiles económicamente, trasladando la decisión de la consulta popular de la autoridad pública al ordenador del gasto. 

(Lea: ¿Puede Colombia decirle no a la minería y al petróleo?)

Sobre esas consideraciones, el Tribunal le otorgó 15 días a la Registraduría para solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos para la consulta popular de San Bernardo. Y una vez hecha la solicitud, el Ministerio contaría con 10 días para girarlos.

El 15 de julio de 2018 el Juzgado 53 Administrativo de Bogotá llegó a la misma conclusión en relación con Fusagasugá y adoptó idéntica orden. El juez reafirmó que existiendo una tensión entre el derecho fundamental a la participación ciudadana y el principio de legalidad del gasto, en la ponderación el segundo debe ceder ante el primero.

No obstante, sólo hasta el 13 de agosto la Registraduría recibió una respuesta positiva del Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobando los recursos necesarios para realizar las consultas populares de Fusagasugá y San Bernardo, y también la revocatoria de mandato del Alcalde de La Calera. Aunque la consulta popular del municipio de Pasca se encontrara en la misma situación que la de sus vecinos sólo que sin fallo de tutela, el Ministerio de Hacienda no le ha asignado recursos.

Los alcaldes de los 2 municipios sumapaceños, en acuerdo con las organizaciones promotoras, decidieron convocar a la ciudadanía para el próximo domingo 21 de octubre. Ese día, tras haber sido congeladas por más de un año a voluntad del gobierno, los habitantes de Fusagasugá y San Bernardo harán historia nuevamente y se darán cita para aprobar o reprobar las actividades de exploración/explotación petrolera y minera en sus territorios.

Recién se conformaron los comités de impulso que harán campaña por el “No”, su consigna es una apuesta ciudadana por la vida, la defensa del territorio y la vocación campesina, más allá de cualquier distingo político. El gobierno responde con la inclusión de un “mico” en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que le daría piso legal a su posición frente al presupuesto de las consultas populares.

Impulsadas por los colectivos que han abanderado la defensa de la ecorregión del Sumapaz como Nuestro Páramo, Guacaná, Gusta Guchipas, Veeduría Ambiental y Tierra Libre, se esperan jornadas intensas de pedagogía en barrios y veredas, y los acostumbrados cierres culturales que envíen el mensaje de que cuando es el pueblo quien decide, el pueblo se alegra, canta, baila y hace fiesta. Las consultas son apenas un peldaño de una tarea más profunda, el ordenamiento comunitario del territorio es allí donde los conocimientos campesinos se ponen a prueba con las decisiones colectivas.

En el siglo de la democracia participativa, será un 21 de octubre cuando la gente del común le vuelva a decir a sus gobernantes: nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros ¡Agua sí, Petróleo No!