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Desde 1995 el terror del paramilitarismo se tomó las instalaciones de la Universidad de Córdoba (Montería), tras el asesinato del profesor Francisco Aguilar. Fueron nueve años en que las autodefensas que operaban en la región, bajo el mando de Salvatore Mancuso, asesinaron, amenazaron, secuestraron, atentaron y desplazaron a miembros de la comunidad académica, porque “no podían dejar acabar con el patrimonio cultural de una región. Les dije: necesitamos ponerle contención al foco de corrupción que hay acá”, fueron las palabras de Mancuso en Justicia y Paz —proceso de desmovilización de las AUC— en 2008.
El 6 de febrero de 2013, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba aprobó el acuerdo para el proceso de reparación colectiva. Con esta iniciativa se busca que la Unicórdoba logre desligar su nombre del paramilitarismo e iniciar una nueva etapa en su historia, que comenzó en 1962. El pasado 13 de abril, el Estado, en representación del Ministerio de Educación y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, declaró el campus universitario como espacio de paz, por ser víctima de la toma paramilitar que le hizo perder su institucionalidad, legitimidad en la región y su buen nombre.
Durante el tiempo que los hombres de Mancuso manejaron los hilos de la universidad a su antojo, se registraron 15 asesinatos entre profesores y estudiantes, decenas de amenazas a dirigentes sindicales, atentados contra miembros de la comunidad estudiantil y dos desplazamientos forzados. Entre los crímenes que marcaron la época violenta de la Unicórdoba está el homicidio en 2000 de Hugo Iguarán Cote, un excandidato a la rectoría que fue ultimado por los paramilitares: “El candidato a la rectoría estuvo en las negociaciones del Caguán. Por esa razón se le da de baja”, dijo el exjefe ‘para’ Mancuso.
El año 2001 fue el más sangriento para la comunidad universitaria. Cuatro profesores y un líder estudiantil fueron asesinados; a 13 maestros los amenazaron de muerte; y a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios (Sintraunicol) y la Asociación de Jubilados de la Universidad de Córdoba (Ajucor) los obligaron a ir hasta Santa Fe de Ralito a una reunión con Mancuso, quien les anunció que se tomaría los cargos administrativos de la universidad. Fue entonces cuando familiares y conocidos de los paramilitares invadieron la Unicórdoba en cargos directivos y estratégicos, imponiendo nuevas directrices y estamentos bajo los que se regiría la comunidad académica.
Ese fue el caso de Víctor Hugo Hernández, quien tras la reunión en 2001 fue designado como nuevo rector de la Unicórdoba. “Cuando yo llamo al Consejo Superior y les digo que elijan como rector a Víctor Hugo (...) él se comprometió a sanear la Universidad, a arreglar el problema pensional, a hacer una evaluación estricta a la U, una serie de compromisos. No cumplió y yo le exigí la renuncia”, relató Mancuso en sus declaraciones . De ahí, la institución pasó a manos de Claudio Sánchez Parra, quien dejó el cargo en 2008 cuando le fue abierto un proceso penal por supuestos vínculos con paramilitares. La Unicórdoba tuvo entonces un período de interinidad y a finales de ese mismo año llegó a la rectoría Emiro Madera Reyes, quien, al parecer, tuvo críticas durante sus tres años de gestión.
Sólo en 2012 la comunidad universitaria volvió a tener voz y voto para la elección popular del rector. Tras la consulta, en la que participaron estudiantes, empleados y profesores, se escogió a Alba Manuela Durango para que fuera la nueva cabeza de la institución. Fue entonces cuando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación formuló un proyecto de reparación integral y se le entregó a la Unidad de Víctimas, para lo que tuviera como uno de los cinco planes piloto de reparación colectiva a la Universidad de Córdoba. Esta iniciativa recoge 41 medidas de reparación, que serán atendidas en cinco mesas de trabajo que estarán integradas por miembros de la comunidad universitaria —profesores, estudiantes, empleados y pensionados—, el Ministerio de Educación, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Memoria Histórica y otras entidades del Estado.
Uno de los puntos del plan de reparación colectiva de mayor importancia se centra en la creación de una comisión que verifique en qué casos se presentaron violaciones a los derechos laborales y pensionales, ya que en 2004 la Defensoría del Pueblo advirtió que los dirigentes sindicales ya afiliados a ASPU (Asociación Nacional de Profesores Universitarios), Sintraunicol y Ajucor en la Unicórdoba estaban en alto riesgo, ya que habían recibido 240 denuncias de trabajadores y 460 de jubilados. Asimismo, el proyecto busca recuperar los espacios culturales y recreativos que fueron abandonados tras la toma paramilitar; volver a tener autonomía financiera; buscar protección de los DD.HH. y fortalecimientos de los movimientos estudiantiles y sindicatos; implementar procesos de reconciliación y reconstrucción de tejido social, entre otros.
Una de las propuestas que más se han impulsado desde las directivas de la universidad es la creación de un plan académico institucional que esté direccionado a la comprensión y participación en la solución de las problemáticas que se viven en la región. Además, se implementarán cátedras, diplomados, y hasta doctorados que enfaticen en la resolución de conflictos y DD.HH., todo enmarcado en la creación del Centro de Altos Estudios para la Paz. También, la comunidad universitaria establecerá el Día Institucional de la Memoria Histórica y construirá un monumento para recordar a quienes fueron víctimas del paramilitarismo. Las pretensiones de este plan piloto llegan al punto de que quieren ser declarados una comunidad de paz.