El revolcón interno que tendrá la Corte Constitucional para el 2025
Este 2025 será un año decisivo para el futuro del alto tribunal en temas como paridad de género, bloques liberales y conservadores, así como con posibles fichas que pongan el gobierno Petro y la Corte Suprema de Justicia.
Jhordan C. Rodríguez
En 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional vivirá un recambio que sacudirá lo más alto del Poder Judicial de país. De la sala que se compone de nueve integrantes ternados por distintas autoridades (tres por la Presidencia de la República, tres por el Consejo de Estado y tres por la Corte Suprema de Justicia), partirán cuatro que cumplen los ocho años de su período constitucional y dan paso a una nueva generación de magistrados. Además de eso, significará una reorganización en el alto tribunal que, por ahora, se mantiene con una mayoría aparentemente liberal y paritaria. El presidente Gustavo Petro y la Corte Suprema serán los encargados de seleccionar a quienes ocupen tres de los cuatro cupos.
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En 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional vivirá un recambio que sacudirá lo más alto del Poder Judicial de país. De la sala que se compone de nueve integrantes ternados por distintas autoridades (tres por la Presidencia de la República, tres por el Consejo de Estado y tres por la Corte Suprema de Justicia), partirán cuatro que cumplen los ocho años de su período constitucional y dan paso a una nueva generación de magistrados. Además de eso, significará una reorganización en el alto tribunal que, por ahora, se mantiene con una mayoría aparentemente liberal y paritaria. El presidente Gustavo Petro y la Corte Suprema serán los encargados de seleccionar a quienes ocupen tres de los cuatro cupos.
El primer cambio que se dará será el del magistrado Antonio José Lizarazo, quien llegó al alto tribunal en 2017, ternado por el Consejo de Estado. Lizarazo es parte del llamado bloque liberal de la Corte Constitucional. Dentro de su trabajo se destacó, por ejemplo, por ser el ponente del fallo de 2022 que amplió la despenalización del aborto hasta la semana 24. También fue ponente de la sentencia que tumbó el pasado agosto la reforma al Código Electoral, presentado por el exregistrador Alexánder Vega y que llevaba la bendición del gobierno de Gustavo Petro, pero que, según encontró la Corte, tuvo vicios de trámite en su paso por el Congreso.
El magistrado Lizarazo dejará su silla en la Corte Constitucional en febrero de este año, pero ya está listo su reemplazo: el abogado Miguel Efraín Polo Rosero, un hombre de tendencia más conservadora que viene de las entrañas de la propia Corte, pues hasta hace poco fue auxiliar del magistrado Vladimir Fernández. Pese a ser de ideas más conservadoras, en el proceso de elección que atravesó en el Senado tuvo el apoyo del petrismo, que resultó vital para que ganara el cargo con 57 votos, frente a 47 que sacó en ese momento su mayo rival: Claudia Dangond Gisbone, que tuvo el apoyo de sectores más conservadores de la política.
La siguiente en dejar el alto tribunal será la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en mayo. La togada llegó a la Corte durante la segunda presidencia de Juan Manuel Santos, y fue ternada en 2017 junto con Isabel Cristina Jaramillo y Natalia Ángel Cabo, para reemplazar a Jorge Ignacio Pretelt, suspendido y condenado por pedirle $500 millones a un abogado para ayudarle en una tutela que había llegado a revisión a la Corte. La magistrada Pardo es de corte ideológico con tendencia conservadora. Fue una de las dos mujeres que votó en contra de la ponencia de Lizarazo para despenalizar el aborto hasta la semana 24. En su caso, el reemplazo llegará de una terna que tendrá que conformar el presidente Gustavo Petro.
El tercer cambio llegará en junio de 2025. Se trata de la magistrada Diana Fajardo. Es la primera de las dos sillas que quedarán libres para que la Corte Suprema de Justicia arme las ternas y elija a los candidatos a suplir esas vacantes. Fajardo se ubica del lado de los magistrados que tiene un pensamiento más liberal. Fue la única mujer de la Sala Plena que en su momento votó a favor de que se despenalizara el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Además, fue ponente de la decisión que amplió la eutanasia en el país, así como la que permitió que pareja del mismo sexo que adopten niños tengan acceso a la licencia de maternidad y de paternidad.
Finalmente, en septiembre abandonará la Corte su actual presidente, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Así como Fajardo, Reyes llegó de una terna de la Corte Suprema de Justicia, lo que quiere decir que su reemplazo también saldrá de ese tribunal. Una de las decisiones más sonadas lideradas por él es la apertura de desacato contra de servidores públicos por incumplir con la creación de un mecanismo especial que ayude a superar el Estado de Cosas Inconstitucional para la niñez wayuu. En esa decisión se dijo que aunque se creó la Comisión Intersectorial para La Guajira, no como una acción para cumplir la decisión, “no es contundente”, porque no incluyó a todas las entidades a las que fue dirigida.
Los cuatro cambios que llegarán en línea dejarán por fuera del alto tribunal a dos hombres y una mujer liberal, así como a una conservadora. Por su parte, Lizarazo tendrá menos de un mes después de la vacancia judicial para terminar lo que más pueda para entregarle el despacho a Miguel Efraín Polo Rasero. El tema, además de ser del más alto nivel para el Poder Judicial del país, quedará para la primera plana, porque dejará entrever las movidas del poder. Por una parte, queda el cupo de la Presidencia de la República que ha señalado a las altas cortes de darle “golpes blandos” a su mandato. Por otro, los dos cupos de la Corte Suprema de Justicia que no está en los mejores términos con el jefe de Estado.
Así las cosas, solo el tiempo dirá qué rumbo tomará la Corte Constitucional en 2025, en donde, si nada extraordinario ocurre, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez tomará las riendas de la Corporación. Además, para este 2025 se tiene previsto que el alto tribunal termine de resolver casos que tiene entre la espada y la pared las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, como las demandas presentadas en contra de la reforma pensional y algunos puntos que quedan pendientes de la ley de paz total y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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