El rol de las Convivir en la guerra

“A finales de 1996 –recuerda la Fiscalía–, los grupos de autodefensas expulsaron a las Farc que se ubicaban desde finales de los sesenta en el Urabá”. Esa expulsión fue el punto de quiebre para el fortalecimiento de las asociaciones de vigilancia privada, más conocidas como Convivir, que tuvieron un papel protagónico en el crecimiento del conflicto en el Urabá antioqueño y en el que fueron protagonistas también las empresas bananeras de la región. La Fiscalía acaba de determinar que la financiación voluntaria de los paramilitares en esa zona no solo es un delito (concierto para delinquir), sino uno de lesa humanidad, y detrás de esa decisión hay toda una historia de guerra, sangre y dolor que vale la pena volver a recordar.

Según la resolución interlocutoria 002, firmada el pasado 12 de diciembre en Medellín por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional y divulgada públicamente el pasado jueves, en los 90 los bananeros ya no eran ajenos a las dinámicas de la guerra. A finales de los 80 habían sido contactados por Fidel Castaño y su grupo Los Tangueros, y habían aportado plata para que se cometieran las masacres en la zona con las cuales la casa Castaño se “presentó” ante la guerrilla del Urabá (Epl y Farc): la de Honduras, la de La Negra y la de Punta Coquitos (zona rural de Turbo). Era una época difícil en esa región, donde las condiciones infrahumanas en que trabajaban los jornaleros de las bananeras fueron caldo de cultivo para más guerra.

En mayo de 1990 el Epl pactó entregó las armas. Los Tangueros, en apariencia, se desmovilizaron en el 91, aunque advierte la Fiscalía que no hay evidencia que “documente este hecho”. En 1992 los desmovilizados del Epl fueron declarados objetivo militar por las Farc. La respuesta fue un nuevo grupo armado: los comandos populares. Fidel Castaño Gil aceptó patrocinarlos y, a principios de 1995, tras haber reclutado de nuevo hombres para formar su ejército privado, “dio la orden de ingresar a la zona de Urabá por la vereda El Limón del municipio de Turbo”. En 1996, Raúl Hasbún ya era el comandante del grupo paramilitar que operaba cuatro municipios del Urabá antioqueño: Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Las declaraciones de Hasbún fueron claves para que la Fiscalía pudiera soportar su decisión de considerar los aportes voluntarios a los paramilitares en el Urabá un crimen de lesa humanidad. Hasbún, antes de ser un jefe “para”, se dedicaba a los negocios de su familia, la ganadería y la agricultura. Sus trabajadores fueron atacados por la guerrilla (“a mí me tocaba negociar las cuotas de la vacuna, que no nos robaran el ganado, que no nos mataran los administradores”) y el día que quiso vender sus tierras no halló comprador. Entonces Fidel Castaño lo contactó y terminaron con una “muy buena amistad”, que los llevó a que Castaño designara a Hasbún jefe del frente Arlex Hurtado, del bloque Bananeros.

Con Hasbún, un hombre reconocido en el gremio bananero, tomó más forma la idea de financiar a los paramilitares desde el empresariado. “En el caso específico del frente Arlex Hurtado fue esencial y fundamental el apoyo económico voluntario dado por comerciantes, ganaderos y empresarios bananeros de la zona”, recapitula la Fiscalía. El mercenario israelí Yair Klein, incluso, declaró que él había venido a Colombia a entrenar paramilitares financiado, en parte, “por los bananeros del Urabá”. Pero los paramilitares necesitaban poner una fachada sobre los dineros de los empresarios y la encontraron: “Las convivir, creadas como una figura jurídica legal, son utilizadas por el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas para conseguir impunidad”.

Una fachada conveniente

En los 90, los bananeros empezaron a pagar un centavo de dólar por cada caja de bananos que exportaban y luego el aporte subió a tres centavos. Por participar en este esquema, para no ir más lejos, un juez estadounidense sancionó en 2007 a Chiquita Brands por la suma de US$25 millones. Una cifra que muchos consideraron irrisoria, si se tienen en cuenta las ganancias de esa multinacional y el hecho de que las Auc eran consideradas por Estados Unidos un grupo terrorista. Chiquita Brands, por supuesto, no fue la única que hizo esos aportes voluntarios que hoy la Fiscalía reprocha. Y aunque esta decisión de la Fiscalía puede entenderse como un paso hacia adelante, investigar a fondo la paraeconomía es una deuda que tiene aún pendiente.

La Fiscalía retomó varios fallos de Justicia y Paz, como el que profirió en 2012 el Tribunal Superior de Bogotá contra el postulado José Barney Veloza. En él se lee que Pedro Bonito se dirigió a la Gobernación de Antioquia para exponerle la idea de crear una Convivir en el Urabá y que quien lo recibió fue el entonces secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, cuando el gobernador era Álvaro Uribe. Según cuenta el fallo, Moreno le respondió al paramilitar Raúl Hasbún que no creara una Convivir, sino una docena. Y así se hizo. De esa manera surgió la Cooperativa Papagayo, la más relevante para los paramilitares, tanto que su sede estaba al lado de la sede de la Brigada 17 del Ejército, que entonces comandaba el general Rito Alejo del Río.

“A partir de ese momento, y teniendo en cuenta como espacio legal de articulación las Convivir, comienza en Urabá una alianza entre algunos miembros de la Fuerza Pública y las organizaciones paramilitares, que involucró a importantes oficiales y mandos medios del Ejército. Esta relación facilitó el apoyo y la coordinación en operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública, incluida la Policía de Urabá”, declaró Raúl Hasbún. Y agregó: “Las Convivir fueron el espacio de concertación de los empresarios legales de la región y los grupos paramilitares sobre los aportes de los primeros a los segundos (…) a través de las Convivir se recibió y canalizó el dinero aportado a los paramilitares por el sector privado de la economía de Urabá”.

Sobre el respaldo del Ejército a las Convivir que manejaban los paramilitares, la Fiscalía también tuvo en cuenta las palabras de otro jefe paramilitar del Urabá: Hébert Veloza, alias H.H. Según la Fiscalía, H.H. “señaló en su diligencia de versión libre de 26 de marzo de 2008 que la Brigada XVII, comandada por el general Rito Alejo del Río (hoy condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino en Chocó), prestaba cooperación y apoyo a las Convivir, incluso que las doce Convivir de la región de Urabá eran manejadas como una sola empresa, dirigidas a través de la Convivir Papagayo”. Según la Fiscalía, lo mismo corroboró el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En total, 194 empresas bananeras hicieron aportes a la Convivir Papagayo y a otras, aseguró la Fiscalía. Para la justicia, es claro que “el período de expansión del paramilitarismo, que se sucede a partir del año de 1995, coincidió con el auge y proliferación de las Convivir”, que para 1997 ya tenían más de 120.000 integrantes. Entre 1995 y 1997, fechas que coinciden con la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe —quien ha insistido en que no tuvo nada que ver con la proliferación de estas asociaciones—, la violencia en los municipios del Urabá antioqueño tuvo sus picos más altos: por ejemplo, de las 2.103 personas que fueron asesinadas en Turbo entre 1995 y 2005, el 67 % murieron entre el 95 y el 97. El apoyo de los empresarios para cometer esos y otros crímenes, dice la Fiscalía, debe ser considerado de lesa humanidad.

“A finales de 1996 –recuerda la Fiscalía–, los grupos de autodefensas expulsaron a las Farc que se ubicaban desde finales de los sesenta en el Urabá”. Esa expulsión fue el punto de quiebre para el fortalecimiento de las asociaciones de vigilancia privada, más conocidas como Convivir, que tuvieron un papel protagónico en el crecimiento del conflicto en el Urabá antioqueño y en el que fueron protagonistas también las empresas bananeras de la región. La Fiscalía acaba de determinar que la financiación voluntaria de los paramilitares en esa zona no solo es un delito (concierto para delinquir), sino uno de lesa humanidad, y detrás de esa decisión hay toda una historia de guerra, sangre y dolor que vale la pena volver a recordar.

Según la resolución interlocutoria 002, firmada el pasado 12 de diciembre en Medellín por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional y divulgada públicamente el pasado jueves, en los 90 los bananeros ya no eran ajenos a las dinámicas de la guerra. A finales de los 80 habían sido contactados por Fidel Castaño y su grupo Los Tangueros, y habían aportado plata para que se cometieran las masacres en la zona con las cuales la casa Castaño se “presentó” ante la guerrilla del Urabá (Epl y Farc): la de Honduras, la de La Negra y la de Punta Coquitos (zona rural de Turbo). Era una época difícil en esa región, donde las condiciones infrahumanas en que trabajaban los jornaleros de las bananeras fueron caldo de cultivo para más guerra.

En mayo de 1990 el Epl pactó entregó las armas. Los Tangueros, en apariencia, se desmovilizaron en el 91, aunque advierte la Fiscalía que no hay evidencia que “documente este hecho”. En 1992 los desmovilizados del Epl fueron declarados objetivo militar por las Farc. La respuesta fue un nuevo grupo armado: los comandos populares. Fidel Castaño Gil aceptó patrocinarlos y, a principios de 1995, tras haber reclutado de nuevo hombres para formar su ejército privado, “dio la orden de ingresar a la zona de Urabá por la vereda El Limón del municipio de Turbo”. En 1996, Raúl Hasbún ya era el comandante del grupo paramilitar que operaba cuatro municipios del Urabá antioqueño: Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó.

Las declaraciones de Hasbún fueron claves para que la Fiscalía pudiera soportar su decisión de considerar los aportes voluntarios a los paramilitares en el Urabá un crimen de lesa humanidad. Hasbún, antes de ser un jefe “para”, se dedicaba a los negocios de su familia, la ganadería y la agricultura. Sus trabajadores fueron atacados por la guerrilla (“a mí me tocaba negociar las cuotas de la vacuna, que no nos robaran el ganado, que no nos mataran los administradores”) y el día que quiso vender sus tierras no halló comprador. Entonces Fidel Castaño lo contactó y terminaron con una “muy buena amistad”, que los llevó a que Castaño designara a Hasbún jefe del frente Arlex Hurtado, del bloque Bananeros.

Con Hasbún, un hombre reconocido en el gremio bananero, tomó más forma la idea de financiar a los paramilitares desde el empresariado. “En el caso específico del frente Arlex Hurtado fue esencial y fundamental el apoyo económico voluntario dado por comerciantes, ganaderos y empresarios bananeros de la zona”, recapitula la Fiscalía. El mercenario israelí Yair Klein, incluso, declaró que él había venido a Colombia a entrenar paramilitares financiado, en parte, “por los bananeros del Urabá”. Pero los paramilitares necesitaban poner una fachada sobre los dineros de los empresarios y la encontraron: “Las convivir, creadas como una figura jurídica legal, son utilizadas por el frente Arlex Hurtado de las Autodefensas para conseguir impunidad”.

Una fachada conveniente

En los 90, los bananeros empezaron a pagar un centavo de dólar por cada caja de bananos que exportaban y luego el aporte subió a tres centavos. Por participar en este esquema, para no ir más lejos, un juez estadounidense sancionó en 2007 a Chiquita Brands por la suma de US$25 millones. Una cifra que muchos consideraron irrisoria, si se tienen en cuenta las ganancias de esa multinacional y el hecho de que las Auc eran consideradas por Estados Unidos un grupo terrorista. Chiquita Brands, por supuesto, no fue la única que hizo esos aportes voluntarios que hoy la Fiscalía reprocha. Y aunque esta decisión de la Fiscalía puede entenderse como un paso hacia adelante, investigar a fondo la paraeconomía es una deuda que tiene aún pendiente.

La Fiscalía retomó varios fallos de Justicia y Paz, como el que profirió en 2012 el Tribunal Superior de Bogotá contra el postulado José Barney Veloza. En él se lee que Pedro Bonito se dirigió a la Gobernación de Antioquia para exponerle la idea de crear una Convivir en el Urabá y que quien lo recibió fue el entonces secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, cuando el gobernador era Álvaro Uribe. Según cuenta el fallo, Moreno le respondió al paramilitar Raúl Hasbún que no creara una Convivir, sino una docena. Y así se hizo. De esa manera surgió la Cooperativa Papagayo, la más relevante para los paramilitares, tanto que su sede estaba al lado de la sede de la Brigada 17 del Ejército, que entonces comandaba el general Rito Alejo del Río.

“A partir de ese momento, y teniendo en cuenta como espacio legal de articulación las Convivir, comienza en Urabá una alianza entre algunos miembros de la Fuerza Pública y las organizaciones paramilitares, que involucró a importantes oficiales y mandos medios del Ejército. Esta relación facilitó el apoyo y la coordinación en operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública, incluida la Policía de Urabá”, declaró Raúl Hasbún. Y agregó: “Las Convivir fueron el espacio de concertación de los empresarios legales de la región y los grupos paramilitares sobre los aportes de los primeros a los segundos (…) a través de las Convivir se recibió y canalizó el dinero aportado a los paramilitares por el sector privado de la economía de Urabá”.

Sobre el respaldo del Ejército a las Convivir que manejaban los paramilitares, la Fiscalía también tuvo en cuenta las palabras de otro jefe paramilitar del Urabá: Hébert Veloza, alias H.H. Según la Fiscalía, H.H. “señaló en su diligencia de versión libre de 26 de marzo de 2008 que la Brigada XVII, comandada por el general Rito Alejo del Río (hoy condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino en Chocó), prestaba cooperación y apoyo a las Convivir, incluso que las doce Convivir de la región de Urabá eran manejadas como una sola empresa, dirigidas a través de la Convivir Papagayo”. Según la Fiscalía, lo mismo corroboró el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En total, 194 empresas bananeras hicieron aportes a la Convivir Papagayo y a otras, aseguró la Fiscalía. Para la justicia, es claro que “el período de expansión del paramilitarismo, que se sucede a partir del año de 1995, coincidió con el auge y proliferación de las Convivir”, que para 1997 ya tenían más de 120.000 integrantes. Entre 1995 y 1997, fechas que coinciden con la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe —quien ha insistido en que no tuvo nada que ver con la proliferación de estas asociaciones—, la violencia en los municipios del Urabá antioqueño tuvo sus picos más altos: por ejemplo, de las 2.103 personas que fueron asesinadas en Turbo entre 1995 y 2005, el 67 % murieron entre el 95 y el 97. El apoyo de los empresarios para cometer esos y otros crímenes, dice la Fiscalía, debe ser considerado de lesa humanidad.