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La Fiscalía está revisando contrato por contrato y todos los nombres de las personas que estuvieron, de alguna forma, relacionadas con Odebrecht, la firma brasileña que pagó multimillonarios sobornos en 12 países. Esta semana se afectuarán nuevas capturas que permitirán terminar de armar el complejo rompecabezas de la red de corrupción de Odebrecht en Colombia, donde pagó US$11 millones en coimas, aunque se estima que esa cifra es más elevada. Hasta el momento, las pesquisas giran en torno a tres expedientes: la licitación de la concesión Ruta del Sol II en 2009, la adición que se le hizo a ese contrato en 2014 y la adjudicación de una obra para el Acueducto de Bogotá en 2009.
Luego de que se conociera la información a finales de año de que Odebrecht había pagado en Colombia a altos funcionarios y particulares importantes sumas de dinero para ganarse contratos públicos, la Fiscalía tardó tres semanas en hacer la primera captura: la del exvicemnistro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones Gabriel García Morales. En el 2009, García era el encargado de licitar el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol, que terminó en manos de un consorcio del que Odebrecht era socio mayoritario.
El propio García Morales se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía: cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. El exviceministro aceptó que luego de recibir US$6,5 millones direccionó la licitación de la construcción de la vía que uniría el centro del país con la región Caribe. Además se conoció que en esa misma licitación participó un consorcio de los Nule, quienes también habían sido presionados para pagar coimas a cambio de ganar. Por esa razón, Miguel Nule fue citado a la Fiscalía para que rindiera entrevista en calidad de testigo.
Gabriel García se comprometió también a colaborar con la Fiscalía para dar más nombres de funcionarios y terceros vinculados en este episodio de Odebrecht en Colombia. En diversos medios de comunicación han salido publicados los nombres del exconsejero para las regiones de la presidencia de Álvaro Uribe, Miguel Peñaloza, y del exdirector del Invías Daniel García, quien, tras ser sancionado por la Procuraduría en 2009 para ocupar cargos públicos, fue contratado por la firma Odebrecht para servir de enlace con el Gobierno. Asimismo, el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza ha sido citado por la Fiscalía para que explique si su relación con García Morales estuvo ligada al caso Odebrecht.
El segundo expediente que se abrió en la Fiscalía por el caso Odebrecht también está ligado a la Ruta del Sol. Se trata de la adición de $670.000 millones que en marzo de 2014 le hizo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al contrato. Esto se logró luego de que el excongresista Otto Bula fuera contratado por la empresa brasileña para hacer lobby político y ejercer presión desde el Congreso al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para que firmara el otrosí. Por esas vueltas, a Bula le pagaron más de US$4 millones, que fueron girados desde Brasil a dos sociedades en Asia y que, al parecer, utilizaron a la empresa Cititex —implicada en la red de contrabando más grande de textiles en el país— para ingresar la plata a Colombia.
Otto Bula no aceptó los cargos, sin embargo está negociando un preacuerdo con la Fiscalía para revelar quiénes fueron engrasados para que se firmara la adición. Bula, el lobista de profesión que logró llegar al Congreso de la mano del condenado por paramilitarismo Mario Uribe, hoy está recluido en La Picota. La Fiscalía investiga a todas las personas que revisaron, firmaron y avalaron la adición del contrato, para establecer si alguna recibió coimas a cambio de dar un visto bueno a la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Es más, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez fue llamada a entrevista para que explique cómo se gestionó ese otrosí.
La tercera línea de investigación vincula directamente al conocido carrusel de la contratación de Bogotá con Odebrecht. Se trata del contrato de $250.000 millones con el que se pretendía construir un túnel interconector para canalizar el río Tunjuelo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. En 2009, el entonces zar anticorrupción Óscar Ortiz sostuvo que la firma francesa Soletanche Bachy, que participaba en la licitación de ese contrato, envió un emisario a su oficina para comentarle que intermediarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá estaban pidiendo una comisión del 8,75 % —algo más de $21.000 millones— para asegurarles la adjudicación de la obra.
Ortiz pidió que se detuviera el concurso. Sin embargo, el entonces director del Acueducto, Jorge Enrique Pizano, hizo caso omiso y la construcción el túnel quedó en manos del consorcio en el que participaba la firma Odebrecht. Pizano hoy es contratista de la firma brasileña y trabaja en las obras de la Ruta del Sol. La Fiscalía ya hizo las inspecciones respectivas y para recoger toda la documentación en la que se evidenciaría la forma en que manipularon el concurso. Esa obra hoy está incompleta, quedó abandonada y el consorcio de Odebrecht terminó demandando al Estado, que le tuvo que pagar una jugosa indemnización.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho que las pesquisas a cargo de tres fiscales y 21 investigadores avanzan rápidamente. Además, lo que les ha permitido identificar a los protagonistas del escándalo son las negociaciones a las que han llegado con varios de los implicados en el caso Odebrecht, a quienes les han dado principios de oportunidad a cambio de que entreguen documentos y echen al agua a todos los funcionarios que recibieron sobornos para beneficiar a la empresa brasileña.