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La reciente condena de 13 años y seis meses contra el exsenador Antonio Guerra de la Espriella por su participación en la corrupción de la multinacional Odebrecht, no fue una determinación unánime dentro de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. De los tres magistrados que conforman esta instancia, uno de ellos se apartó desde septiembre de 2021 de señalar al exsenador del Partido Cambio Radical como uno de los congresistas que recibieron dinero de la constructora con el fin de beneficiar a la empresa desde el legislativo.
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Se trata del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien presentó un documento de 70 páginas argumentando por qué las pruebas aportadas al caso no eran suficientes para condenar al exsenador Guerra de la Espriella. El político era señalado de hacer parte del denominado grupo los Buldócer, conocido por ser un grupo de congresistas que favorecieron a Odebrecht. El caso contra Guerra inició en 2017, cuando la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para investigar a este y otros congresistas: Musa Besaile, Plinio Olano, Ciro Rodríguez y Bernardo el Ñoño Elías Vidal.
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Sobre las declaraciones de este último inicia el salvamento de voto del magistrado Caldas. En su consideración, el exsenador Elías es el único testigo directo de los hechos por los que es condenado Guerra de la Espriella “y la valoración integral de su declaración, considerando todas sus intervenciones, tanto en este como en otros procesos, solo muestra un escenario permanente, constante, de degradación, que, en aplicación irrestricta de los parámetros de la sana crítica, impide conferirle eficacia en punto de acreditar la tipicidad y la responsabilidad”. Es decir, para Caldas, las declaraciones de Elías son contradictorias y mintió.
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“Al tomar de manera aislada algunas de sus frases, si no que es imperativo analizarlos dentro del contexto, no solamente de lo acaecido, sino de cómo Elías Vidal va ofreciendo sus relatos, y cómo estos se relacionan unos con otros, desvirtuando los primeros, contradiciéndose consigo mismo o con otros testigos que supuestamente lo avalarían, todo lo cual solo permite una conclusión: del dicho de Elías Vidal solo surge un permanente estado de incertidumbre, por decir lo menos, pues ni siquiera se requiere un profundo análisis para concluir que falta a la verdad en lo trascendente, en lo sustancial”, señaló Caldas en su salvamento.
Caldas señala también que Elías “faltó a la verdad” y que tampoco es creíble qué hizo con los $200 millones del soborno que recibió de la multinacional y si Guerra recibió parte de ese dinero. Caldas también señaló que no se pudo comprobar un enriquecimiento ilícitopor parte del excongresista. “Un dictamen pericial, que también se fue degradando cada vez que a la perita se le pidieron aclaraciones, resultando inconcebible que un estudio inicial, que se asume juicioso, debidamente decantado, muestre un incremento que, en una aclaración disminuya en mil millones de pesos”, señaló Caldas en el salvamento.
Otra de las críticas de Caldas se centró en la extensión del fallo contra Guerra: “La extensión del fallo (¡cuatrocientas veinte páginas, 420!) genera un motivo adicional para reforzar la tesis del estado de incertidumbre, en tanto, cuando se llega a una conclusión que requiere de tantas vueltas para concretarla, ello es indicativo de que la certeza no se encuentra. La verdad que así se construye no es tan diáfana, como que fue indispensable acudir a extensos discursos, extractados, las más de las veces, de frases sueltas, que no del contexto integral de la totalidad de la prueba.”
Sobre el delito de enriquecimiento ilícito
Para Caldas tampoco hay evidencia de que Guerra cometió este delito, pues no hay certeza de que el exsenador supiera que los tramites y presiones que ejerció los hizo para beneficiar a Odebrecht. “Lo que indican las pruebas es que fue contactado, ni siquiera por Odebrecht, sino por intermediarios suyos (...) todas ellas serían responsables de los mismos, pues se estaría ante un concurso de personas en cada uno de esos delitos, mas no en el concierto para delinquir, pues la asociación estaría dada para cometer conductas concretas, no como integrantes de la empresa criminal”, puntualizó Caldas.
La extensa relación que hace la sentencia de los testimonios de los directivos de Odebrecht, dice Caldas, apunta es a la demostración de que esta firma, desde un comienzo, se estructuró como una empresa delictiva, pero “en modo alguno verifica que el Guerra adhirió a ella, cuando, por el contrario, dicen que no lo conocieron, esto es, descartan su participación en esa organización criminal”.
El magistrado señala que los testigos y lobbistas de Odebrecht Federico Gaviria y Otto Bula, que, si bien pueden respaldar la existencia de un acuerdo delictivo, no se puede señalar que Guerra hizo parte de este. “La Sala Mayoritaria pasó por alto que ninguno de quienes declararon en el proceso refirió que Guerra entrara a formar parte del grupo criminal. Al unísono, los directivos de Odebrecht afirmaron no conocer a Guerra, no haberse contactado con él y desconocer cualquier actividad suya”, concluyó Caldas.