El secuestro de Pacheco: el antiguo crimen por el que nombran a Petro en España

Medios internacionales entregaron una información controversial este 30 de mayo, solo horas después de que el candidato Gustavo Petro se hiciera con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2022. Un juez de la Audiencia Nacional de España, Joaquín Gadea, admitió a trámite una denuncia contra el líder de oposición, a quien el abogado François Roger Cavard señala por el secuestro del reconocido presentador de televisión Fernando González Pacheco. Un crimen que data de 1981, cuando Petro tenía 21 años y era personero de Zipaquirá (Cundinamarca).

Medios internacionales entregaron una información controversial este 30 de mayo, solo horas después de que el candidato Gustavo Petro se hiciera con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2022. Un juez de la Audiencia Nacional de España, Joaquín Gadea, admitió a trámite una denuncia contra el líder de oposición, a quien el abogado François Roger Cavard señala por el secuestro del reconocido presentador de televisión Fernando González Pacheco. Un crimen que data de 1981, cuando Petro tenía 21 años y era personero de Zipaquirá (Cundinamarca).

En contexto: Justicia española admite denuncia contra Petro por secuestro de Pacheco en 1981

¿Cuál es la información de la denuncia?

De acuerdo con la Agencia AFP, el juez Gadea admitió la denuncia el pasado 19 de mayo, pero se dio a conocer horas después de la victoria de Petro en presidenciales. Para que la pesquisa tenga futuro, se lee en el medio internacional, son necesarios tres requisitos: que se compruebe con las autoridades colombianas que Petro no fue indultado, que se determine que González Pacheco, ya fallecido (2014), efectivamente era español y que sus familiares decidan querellarse por este caso.

En la Audiencia Nacional, Cavard acusó a Petro de crímenes de lesa humanidad, en tanto que “uno de los máximos responsables” de esa guerrilla urbana, que en sus años en activo habría cometido crímenes como “asesinatos selectivos”, “ataques con explosivos”, “masacres”, “secuestros” y “torturas, tratos crueles y desapariciones”. La fiscalía española, no obstante, había pedido que se desestimara la denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigarla.

Historia de vida: Una insólita “cita con Pacheco” y el M-19

El secuestro de Pacheco, un mensaje político

Pacheco, nacido en Valencia (España) en 1932, ya tenía renombre en los ochenta. Estaba presentando Animalandia, una producción de entretenimiento que buscaba acercar a los niños con el mundo animal. De acuerdo con la antigua periodista política de El Espectador, Alexandra Pineda, quien fue secuestrada junto al presentador, el crimen se dio en la noche del 22 de julio de 1981. Durante tres días, Pineda fue testigo de cómo se gestaban los golpes de opinión del M-19, movimiento guerrillero que entonces negociaba la paz con el gobierno del presidente Julio César Turbay.

En medio de ambos estaba Jaime Bateman Cayón, quien solo un año después moriría en un accidente aéreo. “Explicó que Fernando González sería el portavoz ante el presidente Turbay Ayala y ante el Congreso Nacional de una propuesta de paz basada en tres puntos y que mi papel sería el de único testigo oficial de aquella sesión secreta durante la cual se desarrolló la más espectacular ‘cita con Pacheco’”, explicó Alexandra Pineda.

Ocho años antes, el M-19 se había dado a conocer robando la espada de Bolívar, lo que daría rienda suelta a una serie de ataques con objetivo simbólico y político. En diciembre de 1978, a través de la Operación Ballena Azul se robaron 7.000 armas del Cantón Norte del Ejército en Bogotá. Dos años antes del secuestro de Pacheco, el grupo subversivo se tomó la embajada de República Dominicana en la capital, exigiendo la liberación de presos políticos. Pacheco fue otro golpe de opinión y fue liberado, al igual que Pineda, tres días después.

Perfil: Las luchas del compañero “Aureliano”

¿Qué era de la vida de Gustavo Petro en 1982?

La periodista Carolina Gutiérrez Torres perfiló al líder político en su texto “Las luchas del compañero ‘Aureliano’”. Para 1982, Gustavo Petro llevaba años de una militancia secreta en el M-19 y ocupaba un puesto en la Personería de Zipaquirá (Cundinamarca). Según Gutiérrez, el candidato presidencial guardó algunas armas robadas en el Cantón Norte. “El M-19 se volvió muy popular. Uno lo sentía en cualquier bus urbano, en cualquier calle de la ciudad”, dijo Petro en entrevista. Recién en 1984, siendo concejal del municipio y con más de 24 años, Petro reveló su militancia en el grupo guerrillero.

El indulto al M-19

Una de las condiciones para que la denuncia contra Petro tenga futuro es probar que ha sido indultado en Colombia. El candidato presidencial fue uno de los militantes del M-19 que participó de las negociaciones de paz con el Gobierno en los ochenta. Entre los acuerdos clave estuvo la publicación de la Ley 77 de 1989, la cual facultó al entonces presidente Virgilio Barco a conceder indultos. Uno de los beneficiados fue Gustavo Petro, quien se comprometió a reincorporarse a la vida civil, a cambio de no ser juzgado por delitos como rebelión, sedición o asonada. En esa decisión, se prohibió indultar a homicidas fuera de combate o quienes incurrieran en actos de “ferocidad o barbarie”.

Antecedentes: Indultados del M-19 no serían procesados

“Un acuerdo de paz con actores armados, como en el caso del M-19, demandó un esquema de favorabilidad jurídica que incluyó medidas para posibilitar la negociación del indulto y, al final, un esquema de reconocimiento legal de la organización política resultante del proceso, con capacidad para participar en eventos electorales (…) El mismo esquema sería utilizado por el gobierno en las negociaciones que se emprendieron después con otros grupos guerrilleros”, señala el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en su publicación “De la insurgencia a la Democracia”.

Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) describe la Ley 77 de 1989 como una posibilidad de perdón a delitos políticos. “Esto hizo que se presentara un fuerte debate con los familiares de los magistrados asesinados y desaparecidos del Palacio de Justicia (el M-19 se tomó sus instalaciones en 1985)”, agrega la Fundación. En 2016, la Fiscalía reiteró que los indultos al M-19 son “cosa juzgada”, por lo cual no serán objeto de revisión y seguirán beneficiando a exguerrileros como Petro, quien tres décadas después está en un pulso para llegar a la presidencia.

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