El silencio de la Fiscalía por contratos con Natalia Springer

“Me voy de la FM. Estoy despidiéndome con profunda tristeza!”. Con este mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Natalia Springer se despidió de sus oyentes el pasado jueves 30 de julio. Sin embargo, apenas anunció su salida de la mesa de trabajo de la FM, en las redes sociales se divulgaron dos contratos que su firma consultora, Springer Von Schwarzenberg, firmó en menos de un mes: uno con la Alcaldía de Valledupar (19 de junio de 2015), por $1.400 millones, y otro con la Fiscalía (3 de julio de 2015), por $3.085 millones.

El primero consiste en asesorías para estructurar la Escuela de Paz de Valledupar. Duración: tres meses. Springer respaldó el proyecto y le explicó a este diario que van a presentarse o ya se han presentado invitados nacionales e internacionales (30, dice el contrato). En la lista figuran Roy Barreras, Simón Gaviria, el jesuita Vicente Durán Casas, Leonardo Boff (asesor del papa Francisco) y el barón Serge Brammertz (fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia), entre otros.

Springer dijo que el pasado fin de semana, cuando se supo del contrato, recibió “innumerables amenazas”. Agregó que el evento inaugural fue saboteado hace unos días en Valledupar y que su firma donó más de $600 millones ($607 millones, dijo ella misma en Twitter) al proyecto. El alcalde de la capital del Cesar, Fredys Socarrás, ha defendido públicamente su iniciativa.

El otro contrato por el que fue criticada es para asesorar al fiscal general, Eduardo Montealegre, “en el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln y por bandas criminales bacrim en el marco del conflicto armado”. Duración: 177 días.

El contrato con la Fiscalía es similar al que Springer Von Schwarzenberg firmó en 2013, por $895 millones, con la diferencia de que éste último era para procesar información de crímenes cometidos por las Farc. Ese y 17 contratos más fueron divulgados por este diario en septiembre de 2014, en un artículo en el que se contaba que la Fiscalía de Montealegre había aprobado 18 contratos de manera directa para asesorías relacionadas con crímenes de lesa humanidad o el Marco Jurídico para la Paz, por poco más de $3.600 millones. La firma de Springer ha recibido tres contratos que, sumados, llegan a los $4.000 millones.

Con esa suma por contratación directa –a dedo, es la expresión coloquial–, es apenas lógico que los ciudadanos se pregunten en qué se invirtió el dinero.

Con el propósito de hacerle seguimiento a la publicación del año pasado, El Espectador envió hace unos meses un derecho de petición a la Fiscalía, pidiendo los soportes (documentos finales) en los cuales se había basado para pagarles a los siete asesores que tenían los contratos de mayor valor. En ese momento se indagó por el contrato de Springer Von Schwarzenberg de 2013 y por uno nuevo que se firmó en 2014, por $295 millones, para asesorar “en la elaboración de documentos para la divulgación pública” de los casos relacionados con el contrato de 2013, específicamente. Duración: 64 días.

En abril, la Fiscalía respondió el derecho de petición de este diario con información de seis de los siete contratistas sobre los cuales se había hecho la solicitud. Los soportes de los contratos de la firma Springer Von Schwarzenberg eran los únicos que faltaban.

En ese momento la Fiscalía argumentó que el trabajo que había entregado la firma consultora de Springer no podía divulgarse porque el supervisor del contrato era el fiscal Eduardo Montealegre, porque él tiene fuero y porque la única entidad que puede investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El Espectador contactó en junio a Natalia Springer, quien aseguró que era la más interesada en que se conociera su trabajo. Aseguró que había pedido que se levantara la cláusula de reserva de su contrato, pero no pasó nada. Así las cosas, a principios de julio, resaltando que El Espectador no tiene facultades para abrir investigaciones, se volvió a enviar un derecho de petición pidiéndole al fiscal Montealegre que divulgara el trabajo final de los dos contratos que le había entregado a la mencionada firma entre septiembre de 2013 y octubre de 2014 por casi $1.200 millones.

La respuesta, justamente, llegó la semana pasada. En esta ocasión el argumento no fue el fuero sino que los documentos elaborados por Springer Von Schwarzenberg “deben entenderse bajo reserva, en la medida en que contienen puntos de vista que adquieren relevancia dentro de los procesos deliberativos y para la correcta y efectiva administración de justicia”.

Natalia Springer le reiteró a este diario que no podía referirse al contenido de su trabajo sin permiso de la Fiscalía. Señaló que su trabajo es complementario al de la Dirección de Análisis y Contexto, la unidad que creó Montealegre para hacer un trabajo parecido al de ella, que en 2012 estaba estimada en unos $100.000 millones. “Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su trabajo, y ofrecemos apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos”, aseguró.

Se supone que el trabajo que la firma de Springer ha realizado está relacionado con las imputaciones que se vienen contra la cúpula de las Farc: Springer confirmó que ella hizo parte del equipo que notificó a la guerrilla de ese paso judicial que viene “en calidad de asesora adscrita al despacho e investigadora”. Y agregó que su trabajo “ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al DIH. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias”.

“Me voy de la FM. Estoy despidiéndome con profunda tristeza!”. Con este mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Natalia Springer se despidió de sus oyentes el pasado jueves 30 de julio. Sin embargo, apenas anunció su salida de la mesa de trabajo de la FM, en las redes sociales se divulgaron dos contratos que su firma consultora, Springer Von Schwarzenberg, firmó en menos de un mes: uno con la Alcaldía de Valledupar (19 de junio de 2015), por $1.400 millones, y otro con la Fiscalía (3 de julio de 2015), por $3.085 millones.

El primero consiste en asesorías para estructurar la Escuela de Paz de Valledupar. Duración: tres meses. Springer respaldó el proyecto y le explicó a este diario que van a presentarse o ya se han presentado invitados nacionales e internacionales (30, dice el contrato). En la lista figuran Roy Barreras, Simón Gaviria, el jesuita Vicente Durán Casas, Leonardo Boff (asesor del papa Francisco) y el barón Serge Brammertz (fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia), entre otros.

Springer dijo que el pasado fin de semana, cuando se supo del contrato, recibió “innumerables amenazas”. Agregó que el evento inaugural fue saboteado hace unos días en Valledupar y que su firma donó más de $600 millones ($607 millones, dijo ella misma en Twitter) al proyecto. El alcalde de la capital del Cesar, Fredys Socarrás, ha defendido públicamente su iniciativa.

El otro contrato por el que fue criticada es para asesorar al fiscal general, Eduardo Montealegre, “en el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln y por bandas criminales bacrim en el marco del conflicto armado”. Duración: 177 días.

El contrato con la Fiscalía es similar al que Springer Von Schwarzenberg firmó en 2013, por $895 millones, con la diferencia de que éste último era para procesar información de crímenes cometidos por las Farc. Ese y 17 contratos más fueron divulgados por este diario en septiembre de 2014, en un artículo en el que se contaba que la Fiscalía de Montealegre había aprobado 18 contratos de manera directa para asesorías relacionadas con crímenes de lesa humanidad o el Marco Jurídico para la Paz, por poco más de $3.600 millones. La firma de Springer ha recibido tres contratos que, sumados, llegan a los $4.000 millones.

Con esa suma por contratación directa –a dedo, es la expresión coloquial–, es apenas lógico que los ciudadanos se pregunten en qué se invirtió el dinero.

Con el propósito de hacerle seguimiento a la publicación del año pasado, El Espectador envió hace unos meses un derecho de petición a la Fiscalía, pidiendo los soportes (documentos finales) en los cuales se había basado para pagarles a los siete asesores que tenían los contratos de mayor valor. En ese momento se indagó por el contrato de Springer Von Schwarzenberg de 2013 y por uno nuevo que se firmó en 2014, por $295 millones, para asesorar “en la elaboración de documentos para la divulgación pública” de los casos relacionados con el contrato de 2013, específicamente. Duración: 64 días.

En abril, la Fiscalía respondió el derecho de petición de este diario con información de seis de los siete contratistas sobre los cuales se había hecho la solicitud. Los soportes de los contratos de la firma Springer Von Schwarzenberg eran los únicos que faltaban.

En ese momento la Fiscalía argumentó que el trabajo que había entregado la firma consultora de Springer no podía divulgarse porque el supervisor del contrato era el fiscal Eduardo Montealegre, porque él tiene fuero y porque la única entidad que puede investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El Espectador contactó en junio a Natalia Springer, quien aseguró que era la más interesada en que se conociera su trabajo. Aseguró que había pedido que se levantara la cláusula de reserva de su contrato, pero no pasó nada. Así las cosas, a principios de julio, resaltando que El Espectador no tiene facultades para abrir investigaciones, se volvió a enviar un derecho de petición pidiéndole al fiscal Montealegre que divulgara el trabajo final de los dos contratos que le había entregado a la mencionada firma entre septiembre de 2013 y octubre de 2014 por casi $1.200 millones.

La respuesta, justamente, llegó la semana pasada. En esta ocasión el argumento no fue el fuero sino que los documentos elaborados por Springer Von Schwarzenberg “deben entenderse bajo reserva, en la medida en que contienen puntos de vista que adquieren relevancia dentro de los procesos deliberativos y para la correcta y efectiva administración de justicia”.

Natalia Springer le reiteró a este diario que no podía referirse al contenido de su trabajo sin permiso de la Fiscalía. Señaló que su trabajo es complementario al de la Dirección de Análisis y Contexto, la unidad que creó Montealegre para hacer un trabajo parecido al de ella, que en 2012 estaba estimada en unos $100.000 millones. “Nosotros aportamos análisis cuantitativo que ayudan a soportar su trabajo, y ofrecemos apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos”, aseguró.

Se supone que el trabajo que la firma de Springer ha realizado está relacionado con las imputaciones que se vienen contra la cúpula de las Farc: Springer confirmó que ella hizo parte del equipo que notificó a la guerrilla de ese paso judicial que viene “en calidad de asesora adscrita al despacho e investigadora”. Y agregó que su trabajo “ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al DIH. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias”.