El silencio del Mindefensa en demanda por abandono del Fuerte de San Fernando

En el escritorio de la magistrada Claudia Lozzi del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reposa una demanda contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por su posible negligencia en la protección de un importante inmueble que es considerado monumento nacional. Se trata de una estructura que por su importancia histórica debe estar bajo la protección del Estado colombiano, como la estatua del Cristo Rey en Cali o la India Catalina en Cartagena. El monumento en cuestión es el Fuerte de San Fernando, en Santa Marta, el cual fue construido en 1725 como parte de una estrategia de seguridad del virreinato de la Nueva Granada para evitar que la ciudad fuera asaltada por piratas y corsarios del Caribe.

En el escritorio de la magistrada Claudia Lozzi del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reposa una demanda contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por su posible negligencia en la protección de un importante inmueble que es considerado monumento nacional. Se trata de una estructura que por su importancia histórica debe estar bajo la protección del Estado colombiano, como la estatua del Cristo Rey en Cali o la India Catalina en Cartagena. El monumento en cuestión es el Fuerte de San Fernando, en Santa Marta, el cual fue construido en 1725 como parte de una estrategia de seguridad del virreinato de la Nueva Granada para evitar que la ciudad fuera asaltada por piratas y corsarios del Caribe.

El expediente conocido por El Espectador, que fue admitido en septiembre de 2023 por el Tribunal, tiene un ingrediente adicional que podría agravar aún más el presunto olvido del Ministerio de Defensa para conservar esta antigua estructura militar nombrada en honor al entonces rey Fernando VI de España. De acuerdo con el expediente, ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército contestaron a la demanda presentada por seis abogados del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario. Este diario se contactó con ambas instituciones estatales para conocer por qué nunca respondieron, a lo que el ministerio indicó que el Tribunal nunca le notificó que la demanda fue admitida.

Sin embargo, el Ministerio sí recibió el 22 de septiembre de 2023 un correo en el que uno de los abogados del GAP le informó que publicó en las páginas de este diario un aviso en el que se indicaba que la acción popular fue admitida por el Tribunal. Además, en la carpeta hay otros dos correos que dan cuenta de que la cartera ministerial sabía de la existencia del delicado proceso en el despacho de la magistrada Lozzi y nunca se contactó para explicar su versión sobre el abandono del fuerte militar. Desde el Mindefensa señalaron que solo hasta ahora radicarán un escrito de nulidad por no haber sido notificados de la admisión de la demanda. Es decir que, luego de cuatro meses de saber que la demanda fue admitida, solo hasta ahora reaccionaron.

Fuerte tragedia

El expediente que busca la protección del Fuerte San Fernando asegura que la estructura se está derrumbando poco a poco. Según los abogados del GAP, durante las últimas dos décadas no ha recibido atención por parte de la Primera División del Ejército, pues el fuerte está en territorio que hace parte de esta unidad militar. La prensa local ha sido testigo del deterioro del fuerte. Por ejemplo, en 2018, El Heraldo contó que, ante el derrumbe paulatino de la estructura, la Universidad del Magdalena le propuso a la Primera División un plan que permitiría la restauración del fuerte. Sin embargo, los abogados del GAP señalan que este nunca se concretó y que no se avizora un plan para intervenir el fuerte en el futuro.

“Pasados más de 290 años de su construcción, la estructura del Fuerte San Fernando comenzó a presentar detrimentos. Desde el 2011, algunos de los techos de la parte baja de la edificación colapsaron y los escombros quedaron abandonados en el piso. Debido a la precariedad en la que se encuentra este bien cultural, el Ejército ha prohibido el acceso de personas, por miedo a que suceda un derrumbe. Los principales factores físicos que han contribuido al deterioro del fuerte son el paso del tiempo y el salitre derivado del mar. En la actualidad, no se han realizado obras para el mantenimiento, conservación y/o restauración del Fuerte San Fernando, así como tampoco hay planes de realizar dichas mejoras en el corto plazo”, señalan los demandantes.

A pesar de que se presentaron numerosos derechos de petición a varias entidades nacionales y territoriales, dice el GAP, ninguna ha asumido responsabilidad sobre el estado del Fuerte, ni han adelantado acciones para restaurar el monumento. El Ministerio de Cultura y el Concejo Municipal de Santa Marta le dijeron a los abogados tener registro de intervenciones relativas a la preservación y restauración del fuerte únicamente en 1996, 1997 y 2000, sin tener registro de obras posteriores. “Las autoridades públicas conocen de la condición crítica en la que se encuentra y del peligro que está representando para las personas ante un posible derrumbe, y por ello prohibieron la entrada al público”, afirma el GAP.

La importancia de la estructura es, ante todo, histórica. Hace casi tres siglos el Fuerte, junto a otras cinco construcciones militares, fue clave para evitar que Santa Marta quedara bajo el control de cazatesoros. En 1543, la zona fue atacada por el pirata francés Roberto Ball y, entre 1655 y 1699, la ciudad fue quemada 19 veces. De acuerdo con los registros históricos, el Fuerte fue erigido estratégicamente para crear un triángulo defensivo con la Isla del Morro y el Fuerte de San Antonio, construido en 1719, pero que lamentablemente desapareció hace décadas. En el caso de San Fernando, los demandantes dicen que todavía están a tiempo de recuperarlo y proteger una parte del patrimonio histórico de Colombia.

Para el GAP el estado actual del Frente San Fernando y la poca importancia del Estado colombiano sobre la construcción militar son un escenario “catastrófico para el bienestar e integridad de la comunidad de Santa Marta, para la memoria histórica, y los derechos colectivos al patrimonio público y cultural”. Así las cosas, desde el pasado 15 de diciembre, la magistrada Lozzi señaló a través de un auto que se cumplió el plazo para contestar a la demanda. Entonces, desde ese momento, viene analizando los argumentos de los demandantes y demás documentos que entraron a su despacho. En todo caso, dicen fuentes cercanas al proceso, no se explica aún por qué el Ministerio de Defensa no se pronunció sobre un expediente tan delicado y solo hasta ahora pretende anular el trámite judicial.

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