“El tema con Mancuso no es carcelario, es de comparecencia”: magistrada del caso

El presidente Petro anunció, en un trino que publicó el domingo pasado, 23 de julio, que Salvatore Mancuso será gestor de paz. Al otro día, lunes 24, usted, en su condición de magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, anunció la vigencia de una orden de captura con fines de extradición que pesa sobre ese exjefe paramilitar. ¿Su aviso surgió como una reacción a la decisión del presidente o la orden de detención es anterior?

El presidente Petro anunció, en un trino que publicó el domingo pasado, 23 de julio, que Salvatore Mancuso será gestor de paz. Al otro día, lunes 24, usted, en su condición de magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, anunció la vigencia de una orden de captura con fines de extradición que pesa sobre ese exjefe paramilitar. ¿Su aviso surgió como una reacción a la decisión del presidente o la orden de detención es anterior?

La sala de magistrados que integré como ponente registró el proyecto de la decisión a la que usted se refiere, el 11 de julio pasado. Después de las respectivas salas de deliberación, en donde se discutió el proyecto que presenté, se logró la aprobación. Eso sucedió el 19 de julio pasado, fecha en la que también se acordó que la lectura de la decisión, para hacerla pública, se cumpliera el lunes 24 de julio a partir de las 8 de la mañana, como efectivamente ocurrió. Esto le indica que no hubo conexión entre el anuncio del mandatario y el de nuestra sala. Como jurisdicción transicional, no tuvimos comunicación formal o informal en la que se nos hubiera hecho saber sobre la disposición del señor presidente de designar al postulado a la ley de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso Gómez, como gestor de paz. Tal designación es de competencia exclusiva del Gobierno.

Antes de continuar, quisiera preguntarle si es cierto que se ha sentido intimidada en el trámite de este caso.

El pasado 10 de julio -en oficio 148- le comuniqué a la sala (de Justicia y Paz, del Tribunal de Bogotá) que las deliberaciones sobre el proyecto en el caso del postulado Mancuso se harían el 13 y 14 de julio, y que en el orden de esos días debían examinarse las expresiones usadas por él cuando se refirió a la suscrita, al momento de que él apelara la decisión, en términos que considero peligrosos e intimidantes. Esas expresiones fueron transliteradas para que los demás magistrados valoraran el peso de las mismas. Después de las deliberaciones se dispuso dar aviso al Consejo Superior de la Judicatura para que evaluara los esquemas de seguridad.

En conclusión, sí siente temor.

Le repito: la mención de mi nombre, de parte del señor Mancuso, durante esa sesión de audiencia estuvo acompañada de expresiones que me resultaron peligrosas e intimidantes.

Pero, ¿por qué? ¿Por haberse referido a usted individualizando su identidad, con su nombre y apellido?

Por haberme citado en la forma como lo hizo. No es usual escuchar ese tipo de expresiones tan personalizadas sobre los magistrados.

Imagino que, ante todo, porque quien la menciona es -nadie más ni nadie menos- Mancuso, uno de los mayores perpetradores de crímenes de lesa humanidad, como él lo ha reconocido...

Ante todo porque el postulado no solo se propuso sembrar la idea de que con las órdenes de captura que Justicia y Paz le ha librado, se ha impedido su regreso al país, sino además que esa situación le ha restringido su posibilidad de delatar a personajes de la vida pública. Lo cierto es que la orden de captura en su contra, del 11 de agosto de 2020, se libró para garantizar que regresaría al país. O, dicho de otra manera, para garantizar su comparecencia ante el sistema de justicia de Colombia, porque hubo comunicaciones oficiales de acuerdo con las cuales el propósito de Salvatore Mancuso era ser deportado a Italia.

Para que quede completamente claro: la orden de captura que la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá ratificó y anunció la semana pasada, ¿tiene la finalidad específica de garantizar que cuando Estados Unidos lo deporte, expulse o extradite, Mancuso llegue a Colombia y no a Italia, como él lo ha pretendido y manifestado en varias ocasiones por tener esa nacionalidad?

Sí. Tiene el objeto de asegurar su regreso al país para que honre los compromisos que tiene pendientes con nuestro sistema de justicia.

¿En cuántas y cuáles comunicaciones oficiales consta la intención de Mancuso de ir a Italia y no venir a Colombia?

Conocemos notas verbales cruzadas entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Justicia de Colombia en las cuales se dice que el señor Mancuso puede ser expulsado de Estados Unidos a un país que no necesariamente debe ser Colombia. Esto porque en las leyes migratorias de ese país se considera la nacionalidad para efectos de la deportación. Entendemos que el postulado Mancuso reclamó la nacionalidad italiana. Así lo sostuvo él mismo, en sesiones de audiencia ante esta jurisdicción cuando aseguró, entre otras cosas, que podía asumir sus procesos de manera virtual.

¿Mancuso tiene vigentes otras órdenes de captura, además de la anunciada por ustedes?

Además de la orden de captura con fines de extradición del 11 de agosto de 2020 que le mencioné antes y que fue proferida por nuestra Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, hay otras órdenes en los despachos de los magistrados de control de garantías de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla y Bogotá por la comisión de graves crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado colombiano que le han sido atribuidos a él, como comandante de las estructuras paramilitares Bloque Catatumbo, Bloque Norte, Bloque Montes de María y Bloque Córdoba.

¿Cuántas imputaciones (no necesariamente con órdenes de captura) y procesos pendientes tiene Mancuso en Colombia y cuántos casos penales le faltan por concluir para cumplir sus compromisos con la ley de Justicia y Paz del año 2005?

En la sala de Justicia y Paz de Barranquilla hay 28 imputaciones y en la sala de Justicia y Paz de Bogotá un total de 18 imputaciones por la comisión de aproximadamente 10 mil hechos criminales con connotación de crímenes de lesa humanidad y contra el Derecho Internacional Humanitario.

El rol de “gestor de paz” y el acatamiento a las órdenes judiciales que obligan a Mancuso a presentarse ante la justicia colombiana, ¿se excluyen o pueden cumplirse de manera simultánea?

Con un comunicado del pasado 24 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hizo saber que las gestorías de paz respetarán la autonomía judicial; luego, entre las hipótesis que se pueden considerar sobre la situación jurídica del señor Mancuso, no sería extraño pensar que, una vez regrese al país, asuma los compromisos de dicha designación y cumpla los relacionados con el sistema de justicia transicional. Ahora bien, creo que las decisiones que el Gobierno tome sobre la designación de gestores de paz entre quienes se desmovilizaron de las estructuras paramilitares, pueden constituir una herramienta que permita la aproximación a modelos eficaces de estrategias de resolución de conflictos.

Permítame le insisto: Mancuso podría ser gestor de paz y responder a sus compromisos con Justicia y Paz o con la JEP, si esta jurisdicción lo acepta, sin que necesariamente esté recluido en una prisión...

Como le dije, es una hipótesis posible si el señor Mancuso asume el rol de gestor de paz.

Otro problema se presenta si al exjefe paramilitar se le suspenden todas las órdenes de captura pendientes cuando todavía se encuentre en territorio estadounidense, ¿él podría decidir libremente si viaja a Italia o a Colombia?

Entiendo que el Gobierno no ha proferido el decreto en que se establecen las condiciones en las que él debería cumplir su rol de gestor de paz. Claro que no tendría sentido que dicha designación tuviera lugar respecto de alguien que no se encuentra en el país o que no vaya a hacerse presente. De acuerdo con las comunicaciones oficiales entre Estados Unidos y Colombia que le relaté antes, el señor Mancuso puede ser deportado desde donde está a un país que no necesariamente es Colombia, y que, al parecer, puede ser Italia.

Mediante varios recursos en diferentes instancias, y desde hace años, el exparamilitar ha tratado de conseguir su libertad absoluta decretada por la justicia colombiana. ¿Por qué ese proceso no ha podido surtir efectos?

Insisto: las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal que aplican para Justicia y Paz autorizan la restricción de la libertad, de manera preventiva, en casos en los que no esté garantizada la comparecencia, en este caso, del postulado. O cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o se requiera para el cumplimiento de la pena, entre otras razones. Dado que respecto del señor Mancuso aún falta por verificarse la garantía de comparecencia, se emitió la orden de captura del 11 de agosto de 2020, y otras que siguieron después. Esa orden ha sido refrendada por distintas instancias judiciales.

Esta semana se dijo, por noticia en El Espectador, que la Corte Constitucional tiene, para su definición, una tutela interpuesta por los abogados de Mancuso, precisamente, alegando su derecho a estar libre. La ponencia sería favorable a él. Esa tutela se referiría a una orden de captura de 2014, no la de 2020 que usted menciona en esta entrevista. ¿Son distintas la de la tutela y la ratificada por ustedes la semana pasada?

No conozco la ponencia de la que usted me habla. Lo que sí le puedo decir es que sentencias de Justicia y Paz, sobre el postulado Mancuso, se profirieron en 2014 y quedaron en firme entre 2015 y 2016 por decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema.

El sentido favorable de la ponencia en la tutela que está en la Corte Constitucional diría que una orden de captura no puede ser eterna y hay términos de vencimiento, lo cual parecería justo.

El asunto relacionado con el señor Mancuso no es carcelario. La orden de captura que ha sido librada por la jurisdicción de Justicia y Paz pretende garantizar su presencia en el territorio colombiano. Lo que debe quedar claro, entonces, es que esas órdenes no tienen un sentido carcelario.

Hace poco y durante varios días, el exparamilitar compareció tanto en audiencias públicas como reservadas ante la JEP. Las afirmaciones que hizo parecieron escandalosas y novedosas. A usted, que lleva varios años estudiando ese caso, ¿la sorprendieron?

En decisiones judiciales de Justicia y Paz, en términos generales, así como en los registros de las audiencias en esta jurisdicción, específicamente, existen abundantes declaraciones y documentación sobre las mismas afirmaciones del señor Mancuso en la JEP; entre otros, en los casos de Benito Osorio (exgobernador de Córdoba y gerente del Fondo Ganadero condenado por paramilitarismo); del señor Doménico Mancuso (primo del exjefe de las AUC, enlace entre el Ejército y el Bloque Catatumbo); del despojo de unas 130 familias en Urabá; de las ayudas que habrían recibido de parte de algunos funcionarios de Ecopetrol; de la compra de armas, o de la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander. Sobre este episodio, la jurisdicción cuenta con un informe de la Fiscalía del año 2020.

¿Quiere decir que para Justicia y Paz no es nuevo lo que Mancuso dijo ante la JEP, sino que, debido a que fue transmitido en directo, en televisión y plataformas digitales, se difundió masivamente?

Sí. Esas audiencias tuvieron un carácter público que las de la jurisdicción de Justicia y Paz nunca han logrado conseguir en cuanto a su alcance mediático.

Aunque Mancuso ha mostrado disposición a declarar, ¿usted, dada su experiencia y conocimiento, está de acuerdo con las víctimas del paramilitarismo que consideran que él sabe muchas más verdades de las que ha dicho y que les debe más de lo que él acepta?

No tengo una respuesta concluyente al respecto.

Suponiendo que finalmente Mancuso llegara a Colombia, ¿qué sucedería inmediatamente después, en cuanto a su situación judicial?

Debería quedar a disposición del Juzgado de Ejecución de Sentencias de la jurisdicción de Justicia y Paz, que decidiría su situación procesal. De nuevo, habría que recordar que el escenario del derecho a la libertad, ante ese juzgado y en lo que respecta a esta jurisdicción, se encuentra entre las hipótesis procesales, como se ha dicho desde el año 2020.

¿Cree que entre la justicia representada por la sala de la cual usted es magistrada y el gobierno Petro, con su política de paz total, se da, por el caso Mancuso, el mismo tipo de enfrentamiento que el manifestado por el fiscal Barbosa en contra de la Casa de Nariño por la designación de otros gestores de paz que también han delinquido? ¿Se trata de ese tipo de choque?

De ninguna manera. En lo personal, considero que la perspectiva de paz requiere hacer énfasis en alternativas poco convencionales, pero necesarias y con conocimiento de las poblaciones, los territorios y las distintas variables de violencia que se viven allí. También creo que, ante los dramáticos contextos que conocemos, estamos obligados, como sociedad, a propiciar las condiciones que más se aproximen a una convivencia segura.

No hay que olvidar que Mancuso fue uno de los grandes despojadores de tierras en la costa Atlántica. ¿Los bienes que estaban a su nombre o de sus testaferros fueron devueltos a sus propietarios legítimos o nunca han podido regresar a las manos de las víctimas?

El fenómeno criminal del despojo de tierras se ha esclarecido, en buena parte, con las decisiones de Justicia y Paz. La Fiscalía General y la jurisdicción de Restitución de Tierras conocen la magnitud de ese fenómeno. Se han tomado decisiones importantes respecto de extinción de dominio y los bienes incautados han quedado a disposición de la Unidad para la Reparación a las Víctimas.

Un macroasesino como gestor de paz

El domingo pasado, el presidente Petro sorprendió al país con otro de sus explosivos trinos, cuando anunció que nombraría gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quien se encuentra detenido en un centro migratorio en Estados Unidos desde cuando cumplió su pena en ese país a donde fue extraditado e 2008. El asombro general se explica por las condiciones del seleccionado: un criminal de la época más sanguinaria de los grupos armados del clan Castaño y del propio Mancuso durante la cual fueron asesinados miles de campesinos y pobladores rurales de varias zonas, con especiales signos de crueldad en Córdoba y la costa Atlántica en donde el que sería nuevo gestor de paz ejerció mando absoluto. A Mancuso se le atribuyen 10 mil hechos sanguinarios con connotación de delitos de lesa humanidad y de graves afectaciones al Derecho Internacional Humanitario. Y aunque, desde su reclusión en el país norteamericano, ha asistido a audiencias judiciales nacionales, sus víctimas aseguran que revela unas verdades pero que se ha guardado muchas otras. La jurisdicción de Justicia y Paz, a la que acogió en 2005 para desmovilizarse junto con sus legiones de asesinos, se ha empeñado en garantizar que regrese a cumplir sus compromisos judiciales.

Mancuso está detenido en E.U. por su interés en ser deportado a Italia

En todo caso, la libertad de Mancuso es una posibilidad que evaluará el juzgado respectivo – si viene a Colombia - dado su nuevo rol de gestor de paz, según entiendo, pues, como usted lo ha recordado, la Oficina del Comisionado de Paz aseguró que respetará las decisiones de los jueces.

El escenario de libertad para el postulado Salvatore Mancuso es una opción que ha planteado la jurisdicción de Justicia y Paz desde hace tres años aunque considerando, también, que es imprescindible que regrese al país. Si él se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos, esa condición se origina en su situación migratoria y en su interés en ser deportado a Italia. Así se explica que se encuentre en un centro de migración. Si él hubiera aceptado su deportación a Colombia, las órdenes de captura con el objeto de garantizar su comparecencia no habrían sido necesarias. Explicado de otro modo, lo que se quiere decir es que el señor Mancuso debe regresar a Colombia para culminar su proceso de reintegración iniciado en el sistema de Justicia y Paz. La reciente designación como gestor de paz es nueva y no ha incidido en las decisiones judiciales de años atrás.