El pasado 16 de abril, ante el despacho del magistrado José Francisco Acuña, el testigo Francisco Rafael Valencia Borrero contó las movidas –y las órdenes específicas– de la organización que aparentemente lideró la representante a la Cámara Aída Merlano, para asegurar un puesto en el Senado de la República en las pasadas elecciones del 11 de marzo. Ese día, el declarante dijo que la organización, de la que hacía parte, la conformaban 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. (Le podría interesar: Corte Suprema envía a la cárcel a Aída Merlano por supuesta compra de votos)
El testigo dijo que en ese trabajo también participaron funcionarios de la Registraduría contactados con anterioridad para obtener la mayor información posible sobre los votantes que participaban en la jornada electoral. “Este trabajo era controlado internamente en la campaña, en donde se verificaba con los datos que les entregaban funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil previamente contactados, a fin de controlar huellas (de los votantes), la información donde sufragaban, sitios de inscripción y fotografías, con la finalidad de garantizar el voto en la zona respectiva”, dijo la Corte sobre el testimonio de este testigo.
Los funcionarios de la campaña de Merlano, sostuvo Valencia Borrero, retenían las cédulas de los potenciales sufragantes cuando no eran confiables. La custodia del documento era ordenada por la misma congresista y duraba entre dos semanas y un mes. “Luego de ello, se les obligaba a zonificarse en un determinado sitio, y se les regresaban el documento de identificación, del cual se tomaba fotocopia para que la campaña tuviera el control del sufragante”, indicó el testigo para mencionar en seguida lo que pasaba después de que se votara a favor de la candidata: el ciudadano regresaba a la “casa blanca” o “comando” –sede de la campaña política en Barranquilla–, entregaba su certificado electoral y recibía dinero.
El testigo manifestó que por cada voto se cancelaba $50.000 divididos así: $15.000 pesos iniciales que se entregaban cuando la persona se comprometía a votar por Merlano, y luego de entregar el certificado electoral a los “líderes” cancelaban los $35.000 restantes. No obstante, mencionó que cada voto podría valer $70.000 en razón a que los coordinadores y líderes recibían $10.000 por cada sufragio más unos subsidios de mantenimiento mensual con cuota de transporte. “De igual forma, explicó en su testimonio el trámite que se surtía el día de las elecciones, y cómo se entregaba el dinero en la sede de campaña”, precisó el documento de la Corte sobre la medida de aseguramiento. (En contexto: Así fue el fraude electoral de Aida Merlano)
En este esquema, además de Merlano, el confesor mencionó igualmente que colaboraron las ciudadanas Ana Niebles y Carolina Díaz, la primera era encargada de supervisar las taquillas ubicadas en la “casa blanca” para pagar los votos y la segunda en coordinar líderes para conseguir votantes. Del mismo modo, mencionó a Sara Luz Jiménez como coordinadora financiera y a Kevin Sarmiento como el responsable de la seguridad. Y sobre las armas que fueron encontradas en los allanamientos de las autoridades, Valencia Borrero indicó que las potaban vigilantes debido a que, por el importante flujo de dinero que se manejaba, era necesario contar con un sistema de protección por video y guardia armada.
El círculo político de Aída Merlano
Francisco Rafael Valencia Borrero también mencionó los apoyos que habría recibido la congresista por parte de reconocidos políticos de la región. Las ayudas, al parecer, vinieron por parte de la representante a la Cámara Lilibeth Llinás, la diputada Margarita Ballén, el concejal Rubén Zamora, y los exconcejales Vicente Támara y Aizar Castro, “quienes, en retribución a la colaboración brindada por ella en sus propias elecciones, participaban activamente para conseguir votantes para esta, y luego de que fueran captados, se les pagaba su voto”, mencionó el declarante tras confesar que esta campaña gastó $7.000 millones para la compra de votos.
El declarante, a quien la Corte le da credibilidad no solo porque trabajó para Merlano, sino porque su declaración está respaldada por el allanamiento y coincide con las cantidades (de dinero) encontradas en las diligencias, dijo que en el “comando” también se entregaron sumas de dinero para las alecciones al Concejo y Asamblea departamental en 2015. “Como líder de la organización criminal Aída Merlano afectó repetidamente los mecanismos de participación democrática, al instruir a los líderes de su grupo, corromper a los sufragantes”, precisó la Corte Suprema. (Le sugerimos: ¿Cómo funcionaba la red de compra de votos de Aida Merlano?)
La congresista es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. En su defensa, ha manifestado que es inocente, que los dineros encontrados en su sede no fueron destinados para compra de votos y que, en cambio, eran los recursos normales de gastos de su campaña política. Y sobre las armas que fueron encontradas, manifestó que están debidamente certificadas.