El testimonio que Luis Gustavo Moreno ha dejado sobre el cartel de la toga

Luis Gustavo Moreno no ha cumplido ni dos semanas en Colombia desde que fue deportado, el pasado 4 de diciembre, y su nombre ya empieza a resonar en controversias. La más reciente estuvo relacionada con el lugar en el que debe ser recluido. Apenas llegó, la jueza de ejecución de penas que tiene a cargo su expediente informó a la Policía que Moreno, uno de los máximos protagonistas del cartel de la toga, debía pagar la sentencia de 58 meses de prisión que le impuso la Corte Suprema en 2018 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO). El INPEC le pidió entonces al director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, el cupo. “CESPO es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión”, contestó Atehortúa el viernes pasado.

Su respuesta pasa por alto que, más de una vez, CESPO ha servido como centro de reclusión. Allí, por ejemplo, quedó detenido el general (r) Miguel Maza Márquez, luego de que la Corte Suprema lo hallara responsable, en 2013, por el magnicidio de Luis Carlos Galán. El INPEC dijo que tiene 132 cárceles disponibles para privar a Moreno de la libertad, pero la orden de enviarlo a CESPO vino, al fin y al cabo, de una jueza de la república, la cual pidió ser informada si el INPEC envía a Moreno a algún establecimiento penitenciario. Mientras la defensa de Moreno da esa pelea con la Policía, hay una pregunta que permanece en el aire sobre su presencia en el país: ¿qué podría contarle de nuevo a la justicia colombiana a lo largo de los cuatro años y diez meses que debe seguir detenido?

Con la deportación de Moreno, se cumplió la advertencia que le hizo la jueza estadounidense Ursula Ungaro el 14 de agosto de 2018 en Miami, mientras ella daba luz verde a su admisión de culpabilidad. “Señor Moreno Rivera […] usted necesita entender que, como resultado de su aceptación de cargos, va a ser condenado por un delito y que hay una gran probabilidad de que sea deportado o expulsado de los Estados Unidos por ser un delincuente convicto”. En ese momento, Moreno parecía estar interesado en dar la batalla por no regresar al país. En EE. UU. continúa, por ejemplo, el exgobernador Alejandro Lyons, quien se volvió testigo de la DEA contra Moreno, abrió la caja de pandora llamada cartel de la toga y a quien le espera una sentencia de cinco años de prisión en Colombia. (Lea también: La controversia detrás del posible traslado del exfiscal Gustavo Moreno a Cespo)

Las ofertas ilegales de Moreno a Lyons para torcer sus investigaciones en la Fiscalía a cambio de dinero, las cuales se concretaron en Miami con una entrega de dinero que en realidad fue controlada por la DEA, llevó a la detención de Moreno en su propio despacho (era el jefe anticorrupción de la Fiscalía) y fue el inicio de uno de los mayores escándalos que haya afrontado la justicia colombiana, pues, pronto, Moreno admitiría que él era un engranaje más de una red cuyos hilos manejaban dos poderosos de la Corte Suprema: los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. El primero, con un proceso andando en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, salió del país hacia Canadá en diciembre de 2018 y no ha vuelto.

Ricaurte, en cambio, fue detenido y acusado. En agosto de este año, Moreno habló en su juicio para, una vez más, dar detalles que ya ha manifestado antes, como los “negocios” de corrupción que pactó con el exsenador Álvaro Ashton, amigo de Ricaurte. Dijo que al exmagistrado Camilo Tarquino —llamado este año a juicio por el cartel de la toga— lo conoció vía José Leonidas Bustos y reiteró que recibió un contrato de la Fiscalía de Montealegre como una “ayuda” para subvencionar los gastos de la oficina que había abierto con Ricaurte en una zona exclusiva del norte de Bogotá. Contó que Ricaurte le “soplaba” datos de capturas por realizarse desde la Corte Suprema “porque me iban a llamar, se me iba a dar poder”. Esa, en palabras de Moreno, era la manera de operar del cartel de la toga.

El Espectador conoció todas las declaraciones que dio Moreno en el juicio de quien, hace no tanto, era una figura de poder y prestigio en la Corte Suprema. El cartagenero Francisco Ricaurte dejó la corporación en 2012, al finalizar su período, para saltar al Consejo Superior de la Judicatura, de donde tuvo que irse por orden del Consejo de Estado, que concluyó que a Ricaurte lo eligieron los magistrados por quienes él mismo votó para que llegaran a la Corte. Este expresidente del alto tribunal siempre ha negado cualquier participación o responsabilidad en el cartel de la toga, pero, según Moreno, Ricaurte tuvo todo que ver con su surgimiento y operación a través, entre otros medios, del despacho del magistrado Gustavo Malo, amigo de Ricaurte. (Le puede interesar: Llegó deportado de EE.UU. el exfiscal Luis Gustavo Moreno)

Malo tuvo una salida deshonrosa de la Corte: sus colegas cambiaron el reglamento para poder apartar del cargo a cualquier magistrado que esté en el radar de la justicia, y él fue el primer integrante con quien aplicaron la nueva norma, en abril de 2018. Según aseguró Moreno, Ricaurte puso a Malo. Explicó que tiene un principio de oportunidad vigente, razón por la cual está cooperando con la justicia, y que, desde el principio, “me convenzo de que hay mucha evidencia, y que uno no puede tapar el sol con una mano, hice el mea culpa de reivindicarme, sobre todo con mi hija. Tengo una hija, va a cumplir siete años, y esto no es lo que quiero que ella conozca de mí […] quiero enseñarle que, a pesar de que uno caiga en lo más profundo, uno se puede levantar”.

Moreno volvió a mencionar otros nombres. Sobre Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, dijo que pactó evitarle una medida de aseguramiento; es decir, que la Fiscalía no pidiera su detención preventiva. Indicó que esa “jugada” la iba a lograr a través del entonces fiscal Alfredo Bettín, quien terminó alcanzando un preacuerdo con la Fiscalía en febrero de este año, cuando se vio contra las cuerdas por este tema. A pesar del extenso testimonio que presentó Moreno en su juicio, el exmagistrado Francisco Ricaurte insiste en su inocencia, y su abogado, Juan Sebastián Fajardo, ha preguntado todo lo que ha considerado necesario en los contrainterrogatorios para demostrarlo. Tal vez 2021 sea el año en que se conozca el destino de quien alguna vez fue prácticamente un intocable en la Corte Suprema. (Noticia relacionada: Corte Suprema ratifica la condena contra Luis Gustavo Moreno)

Luis Gustavo Moreno no ha cumplido ni dos semanas en Colombia desde que fue deportado, el pasado 4 de diciembre, y su nombre ya empieza a resonar en controversias. La más reciente estuvo relacionada con el lugar en el que debe ser recluido. Apenas llegó, la jueza de ejecución de penas que tiene a cargo su expediente informó a la Policía que Moreno, uno de los máximos protagonistas del cartel de la toga, debía pagar la sentencia de 58 meses de prisión que le impuso la Corte Suprema en 2018 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO). El INPEC le pidió entonces al director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, el cupo. “CESPO es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión”, contestó Atehortúa el viernes pasado.

Su respuesta pasa por alto que, más de una vez, CESPO ha servido como centro de reclusión. Allí, por ejemplo, quedó detenido el general (r) Miguel Maza Márquez, luego de que la Corte Suprema lo hallara responsable, en 2013, por el magnicidio de Luis Carlos Galán. El INPEC dijo que tiene 132 cárceles disponibles para privar a Moreno de la libertad, pero la orden de enviarlo a CESPO vino, al fin y al cabo, de una jueza de la república, la cual pidió ser informada si el INPEC envía a Moreno a algún establecimiento penitenciario. Mientras la defensa de Moreno da esa pelea con la Policía, hay una pregunta que permanece en el aire sobre su presencia en el país: ¿qué podría contarle de nuevo a la justicia colombiana a lo largo de los cuatro años y diez meses que debe seguir detenido?

Con la deportación de Moreno, se cumplió la advertencia que le hizo la jueza estadounidense Ursula Ungaro el 14 de agosto de 2018 en Miami, mientras ella daba luz verde a su admisión de culpabilidad. “Señor Moreno Rivera […] usted necesita entender que, como resultado de su aceptación de cargos, va a ser condenado por un delito y que hay una gran probabilidad de que sea deportado o expulsado de los Estados Unidos por ser un delincuente convicto”. En ese momento, Moreno parecía estar interesado en dar la batalla por no regresar al país. En EE. UU. continúa, por ejemplo, el exgobernador Alejandro Lyons, quien se volvió testigo de la DEA contra Moreno, abrió la caja de pandora llamada cartel de la toga y a quien le espera una sentencia de cinco años de prisión en Colombia. (Lea también: La controversia detrás del posible traslado del exfiscal Gustavo Moreno a Cespo)

Las ofertas ilegales de Moreno a Lyons para torcer sus investigaciones en la Fiscalía a cambio de dinero, las cuales se concretaron en Miami con una entrega de dinero que en realidad fue controlada por la DEA, llevó a la detención de Moreno en su propio despacho (era el jefe anticorrupción de la Fiscalía) y fue el inicio de uno de los mayores escándalos que haya afrontado la justicia colombiana, pues, pronto, Moreno admitiría que él era un engranaje más de una red cuyos hilos manejaban dos poderosos de la Corte Suprema: los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. El primero, con un proceso andando en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, salió del país hacia Canadá en diciembre de 2018 y no ha vuelto.

Ricaurte, en cambio, fue detenido y acusado. En agosto de este año, Moreno habló en su juicio para, una vez más, dar detalles que ya ha manifestado antes, como los “negocios” de corrupción que pactó con el exsenador Álvaro Ashton, amigo de Ricaurte. Dijo que al exmagistrado Camilo Tarquino —llamado este año a juicio por el cartel de la toga— lo conoció vía José Leonidas Bustos y reiteró que recibió un contrato de la Fiscalía de Montealegre como una “ayuda” para subvencionar los gastos de la oficina que había abierto con Ricaurte en una zona exclusiva del norte de Bogotá. Contó que Ricaurte le “soplaba” datos de capturas por realizarse desde la Corte Suprema “porque me iban a llamar, se me iba a dar poder”. Esa, en palabras de Moreno, era la manera de operar del cartel de la toga.

El Espectador conoció todas las declaraciones que dio Moreno en el juicio de quien, hace no tanto, era una figura de poder y prestigio en la Corte Suprema. El cartagenero Francisco Ricaurte dejó la corporación en 2012, al finalizar su período, para saltar al Consejo Superior de la Judicatura, de donde tuvo que irse por orden del Consejo de Estado, que concluyó que a Ricaurte lo eligieron los magistrados por quienes él mismo votó para que llegaran a la Corte. Este expresidente del alto tribunal siempre ha negado cualquier participación o responsabilidad en el cartel de la toga, pero, según Moreno, Ricaurte tuvo todo que ver con su surgimiento y operación a través, entre otros medios, del despacho del magistrado Gustavo Malo, amigo de Ricaurte. (Le puede interesar: Llegó deportado de EE.UU. el exfiscal Luis Gustavo Moreno)

Malo tuvo una salida deshonrosa de la Corte: sus colegas cambiaron el reglamento para poder apartar del cargo a cualquier magistrado que esté en el radar de la justicia, y él fue el primer integrante con quien aplicaron la nueva norma, en abril de 2018. Según aseguró Moreno, Ricaurte puso a Malo. Explicó que tiene un principio de oportunidad vigente, razón por la cual está cooperando con la justicia, y que, desde el principio, “me convenzo de que hay mucha evidencia, y que uno no puede tapar el sol con una mano, hice el mea culpa de reivindicarme, sobre todo con mi hija. Tengo una hija, va a cumplir siete años, y esto no es lo que quiero que ella conozca de mí […] quiero enseñarle que, a pesar de que uno caiga en lo más profundo, uno se puede levantar”.

Moreno volvió a mencionar otros nombres. Sobre Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, dijo que pactó evitarle una medida de aseguramiento; es decir, que la Fiscalía no pidiera su detención preventiva. Indicó que esa “jugada” la iba a lograr a través del entonces fiscal Alfredo Bettín, quien terminó alcanzando un preacuerdo con la Fiscalía en febrero de este año, cuando se vio contra las cuerdas por este tema. A pesar del extenso testimonio que presentó Moreno en su juicio, el exmagistrado Francisco Ricaurte insiste en su inocencia, y su abogado, Juan Sebastián Fajardo, ha preguntado todo lo que ha considerado necesario en los contrainterrogatorios para demostrarlo. Tal vez 2021 sea el año en que se conozca el destino de quien alguna vez fue prácticamente un intocable en la Corte Suprema. (Noticia relacionada: Corte Suprema ratifica la condena contra Luis Gustavo Moreno)