El ultimátum a la JEP para abrir el macrocaso de violencia sexual: tiene 30 días
La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio 30 días hábiles a la Sala de Reconocimiento de la JEP para que decida sobre la priorización del caso de violencia de sexual. La decisión de la sección se tomó al resolver una tutela presentada por la Procuraduría y una víctima.
Las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado siguen a la espera de la apertura de un macrocaso que les permita acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de más de cinco años de la creación de este mecanismo dentro del Sistema Integral para la Paz, y tras casi un año del anuncio de abrir un macrocaso para investigar de manera específica las violencias sexuales y de género, la Sala de Reconocimiento tiene, a partir de este viernes, un total de 30 días para responderle a las víctimas y a las tutelas interpuestas por la Procuraduría y la Sección de Revisión de la JEP que exigen una decisión concreta al respecto.
Lea también: Procuraduría demanda a sala de la JEP por demora en abrir caso de violencia sexual
El ultimátum comenzó hace un par de semanas, cuando los procuradores que intervienen ante la JEP, presentaron una tutela contra la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa misma corporación. Según la acción de tutela que interpusieron, no hay justificación para la demora en priorizar la investigación de la violencia sexual en el conflicto. “Cada día que transcurre sin que la Sala de Reconocimiento adopte una decisión sobre la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, implica la violación de los derechos de las víctimas”, escribieron.
En la acción presentada por el Ministerio Público se argumenta que “la Sala ha hecho caso omiso a las múltiples peticiones de víctimas y el Ministerio Público respecto a la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género”. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento ha dicho que ha investigado la violencia sexual de manera transversal en los otros macrocasos que tiene abiertos. A juicio de la Procuraduría, este método no funciona y es ineficiente. Prueba de ello es que no hay una sola imputación por hechos de violencia sexual.
Hace un año, en julio de 2022, la Sala de Reconocimiento anunció que daría apertura al caso que todavía no ha abierto formalmente. Sin embargo, este diario contó que la Sala ya trabaja en el auto de apertura del caso, el cual dirigirán los magistrados Julieta Lemaitre, actualmente relatora del caso 01, que investiga sobre secuestro, y Óscar Parra, una de las cabezas del caso 03, de falsos positivos. En la demanda, la Procuraduría también dice que ha insistido de todas las maneras posibles en la necesidad de que se abra el macrocaso de violencia sexual. En tres ocasiones distintas, en 2020, 2021 y 2022, le ha pedido de manera formal a la Sala de Reconocimiento que abra el caso y lo priorice.
En contexto: Llegó la hora cero para abrir el caso de violencia sexual en la JEP
Ante este reclamo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que revisó la tutela, le ordenó a la Sala de Reconocimiento de Verdad que, en máximo 30 días hábiles contados a partir de este 16 de junio, decida sobre la priorización del caso 11. Con esta orden, la sección busca que se garanticen prontamente los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición para las víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado siguen a la espera de la apertura de un macrocaso que les permita acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de más de cinco años de la creación de este mecanismo dentro del Sistema Integral para la Paz, y tras casi un año del anuncio de abrir un macrocaso para investigar de manera específica las violencias sexuales y de género, la Sala de Reconocimiento tiene, a partir de este viernes, un total de 30 días para responderle a las víctimas y a las tutelas interpuestas por la Procuraduría y la Sección de Revisión de la JEP que exigen una decisión concreta al respecto.
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En la acción presentada por el Ministerio Público se argumenta que “la Sala ha hecho caso omiso a las múltiples peticiones de víctimas y el Ministerio Público respecto a la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género”. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento ha dicho que ha investigado la violencia sexual de manera transversal en los otros macrocasos que tiene abiertos. A juicio de la Procuraduría, este método no funciona y es ineficiente. Prueba de ello es que no hay una sola imputación por hechos de violencia sexual.
Hace un año, en julio de 2022, la Sala de Reconocimiento anunció que daría apertura al caso que todavía no ha abierto formalmente. Sin embargo, este diario contó que la Sala ya trabaja en el auto de apertura del caso, el cual dirigirán los magistrados Julieta Lemaitre, actualmente relatora del caso 01, que investiga sobre secuestro, y Óscar Parra, una de las cabezas del caso 03, de falsos positivos. En la demanda, la Procuraduría también dice que ha insistido de todas las maneras posibles en la necesidad de que se abra el macrocaso de violencia sexual. En tres ocasiones distintas, en 2020, 2021 y 2022, le ha pedido de manera formal a la Sala de Reconocimiento que abra el caso y lo priorice.
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Ante este reclamo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, que revisó la tutela, le ordenó a la Sala de Reconocimiento de Verdad que, en máximo 30 días hábiles contados a partir de este 16 de junio, decida sobre la priorización del caso 11. Con esta orden, la sección busca que se garanticen prontamente los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición para las víctimas.
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