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El exsenador Musa Besaile, investigado por el cartel de la toga, podría tener un último chance para negociar con la justicia, pero eso solo pasará si la Corte Constitucional elige para su estudio una acción de tutela que presentó el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda. El caso ocurrió así: Rueda, durante la investigación que adelanta en contra de Besaile, consideró que tenía la facultad de firmar un preacuerdo para que el político contara detalles de las irregularidades que se cometieron durante el entramado de corrupción que desfalcó las regalías de la Gobernación de Córdoba y a cambio habría beneficios en su proceso.
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Esa situación se presentó en marzo de este año cuando Besaile estuvo ante los estrados y le manifestó al magistrado su intención de colaborar con la justicia. Le confesó que $2.300 millones fueron a parar a sus bolsillos en lugar de ocuparlos mejorar la infraestructura del departamento de Córdoba o cuidar a pacientes con hemofilia. En ese orden, Rueda le pidió a la Sala de Primera Instancia, donde estaba el expediente, que remitiera copias para avanzar con el proceso de negociación porque, además, de su intención el político había reparado a la víctimas y reintegrado más de $1.170 millones de los recursos de las regalías de la Gobernación de Córdoba de las que se apropió de manera ilícita en el denominado cartel de la hemofilia.
La Sala de Primera Instancia le dijo al magistrado Rueda que no podía remitir el expediente porque ese proceso ya no era de su competencia porque se encontraba en etapa de juzgamiento, es decir, ya estaba casi que próximo a enfrentar una audiencia de condena. Además, consideró que el magistrado no tenía la facultad de adelantar ese tipo de negociaciones. No obstante, lo que no se sabía era que, Besaile ya había destapado todas sus cartas respecto del entramado, había contado detalles y también había presentado una carta en la que ofrecía excusas públicas por lo el ilícito que hizo.
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Con la confesión en mano, Rueda no tuvo otro camino que presentar una tutela para que la Sala de Primera Instancia se abstuviera de seguir el proceso judicial de Besaile y para que remitiera el expediente a su despacho y, con ello, poder avanzar con la negociación. El recurso fue conocido por otra Sala de la misma Corte Suprema, la Sala Civil, y Rueda volvió a recibir un “no” por respuesta. En el proceso, entonces ya había dos negativas de por medio y, el magistrado Rueda, estaba resignado a que el tema quedaría ahí. No obstante, una insistencia del magistrado José Reyes Cuartas de la Corte Constitucional volvió a abrir el debate.
Reyes Cuartas, en un documento de siete páginas, le pidió a sus compañeros de Sala que escogieran la tutela del magistrado Rueda para analizarla en el alto tribunal porque consideró que es un caso novedoso y en el cual se podría “precisar el alcance de una línea jurisprudencial”. En pocas palabras, el magistrado considera que las bases jurídicas de Colombia abren matices para una negociación con las personas que cometieron algún ilícito, pero aún existe algunos detalles por precisar en materia de aforados. “La celebración de los preacuerdos se justifica siempre que los mismos estén orientados a cumplir las finalidades específicas dispuestas por el legislador”, dijo Reyes.
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“El procedimiento recogido en la Ley 600 de 2000 no consagra la posibilidad de que se realicen preacuerdos o negociaciones. Los únicos institutos de justicia premial son los beneficios por colaboración y la sentencia anticipada. Sin embargo, estas figuras contienen más limitaciones que las establecidas para los preacuerdos en el marco de la Ley 600, en particular, los beneficios por colaboración solo aplican bajo ciertas causales y establecen límites estrictos frente a las rebajas que se pueden conceder”, explicó el magistrado en su insistencia.
Para Reyes está claro que no existe un desarrollo jurídico sobre las negociaciones y preacuerdos cuando se trata de aforados y esta situación se convierte en una posibilidad nula que pierde el Estado para administrar justicia con eficacia y brindar un trato diferenciado a quien desea colaborar a través de esos mecanismos. “La selección del asunto permitiría estudiar como asunto novedoso múltiples interrogantes que no deben ser desatendidas por este tribunal como máximo órgano de la jurisdicción constitucional”.
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De acuerdo con el magistrado, la selección del caso es una oportunidad para que la Corte precise y aclare el alcance de la línea jurídica sobre la favorabilidad en materia penal, en el marco de las negociaciones y preacuerdos en actos ilícitos cometidos por congresistas. La insistencia la presentó el magistrado Reyes previo a que se conociera que Besaile aceptó cargos por nexos con paramilitares, otro expediente que se adelantaba en su contra y que pasó a la justicia ordinaria por remisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre la aceptación de responsabilidad en el caso del cartel de la hemofilia, la Corte Constitucional tiene la última palabra el próximo lunes cuando decida si acepta para estudio la tutela del magistrado Rueda.
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