El último karma de las madres de Soacha parece de no creer. De los cementerios en los que están enterrados sus hijos les han notificado que sus contratos de arrendamiento ya expiraron, que tienen que resolver cuanto antes si van a dejar los cuerpos en lotes o bóvedas, y si van a asumir el costo de una nueva renta para garantizar un espacio para su duelo. El precio ronda entre $800.000 y $1.200.000. El lío, además de que la mayoría no tiene plata, es que moverlos resulta imposible pues todavía no hay condenas y en cualquier momento puede ordenarse una exhumación. La lentitud de la justicia ha hecho imposible que las madres de Soacha puedan cerrar de una buena vez esa herida abierta.
El país se estremeció en 2008 cuando estalló el escándalo de los 17 jóvenes de Soacha asesinados y enterrados en Ocaña (Norte de Santander) y reportados falsamente como guerrilleros abatidos en combate. Un episodio que le costó la cabeza al entonces comandante del Ejército general Mario Montoya —investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales— y provocó la destitución de 27 militares, entre ellos tres generales y 11 coroneles. Fue la puerta de entrada para que Colombia se enterara de que por reclamar recompensas, días libres y un dinero de más, en distintos batallones los militares promovieron estas prácticas criminales. Hoy 4.919 integrantes y exintegrantes del Ejército son procesados por estos delitos.
Aunque al principio los procesos avanzaron rápido, se ordenaron capturas y se iniciaron juicios, con el tiempo se fueron apagando. En 2010 la mayoría de los militares investigados recobraron su libertad por vencimiento de términos. En 2011 se produjo la primera sentencia contra el coronel Wilson Javier Castro Muñoz y siete uniformados más. Sobre los demás casos no ha habido fallos y sobre tres muertes en particular ni siquiera su expediente ha llegado a un juicio. Siguen en etapa preliminar. La excesiva carga probatoria en estos procesos y las denunciadas dilaciones por parte de la defensa de los militares, han impedido que seis años después el país conozca la verdad.
“Nosotros en la ONG Minga representamos a cinco familias. De esas hay tres casos en los que ni siquiera ha habido formulación de imputación. Los familiares de Jaime Castillo Peña, Daniel Martínez y Jaime Valencia, todos encontrados muertos en Ocaña, todavía esperan respuesta de la justicia. En el caso de Elkin Gustavo Verano se iniciaron audiencias en 2009 y no hemos podido culminar el juicio. Con estas cuentas, para 2021 no vamos a tener fallos en muchos expedientes. La impunidad campea aquí. Todo es una vergüenza y lo peor es que hay militares investigados que siguen desempeñándose en cargos administrativos”, sostuvo la abogada Pilar Castillo.
Un drama que no ha podido cerrarse porque la justicia en Colombia parece no dar abasto para investigar tanta salvajada junta. A las mamás de Soacha no sólo les tocó sacar plata de donde no tenían para trasladar los cuerpos de sus hijos de Ocaña hasta Bogotá en 2008, pagar un entierro y un arrendamiento de seis años que ya se venció, sino que además, hoy se rebuscan dinero para evitar que los cadáveres sean inhumados en una fosa común o pasen a un osario sin que los jueces de Colombia emitan los fallos que pongan punto final a esa tragedia. La Fiscalía les ha dicho que los cuerpos no pueden moverse porque constituyen una prueba que no puede perderse.
“De hecho varios de esos cuerpos ya han sido exhumados en distintos procesos. A muchos les han hecho pruebas de ADN o los abogados de los militares han pedido pruebas sobre los cadáveres. Como no ha habido sentencias, a todas las mamás nos ha tocado poner dinero para mantener a nuestros hijos en los cementerios. Muchas de nosotras hemos recurrido a créditos, a financiar esta deuda por cuotas o a dejar esta cuenta abierta hasta tanto se finalicen los procesos. Todo ha sido muy difícil. Ya le dijimos a la Fiscalía lo que ocurría y se supone que enviaron un comunicado a los cementerios diciendo que no podían mover los cuerpos”, señaló Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo.
Carmenza Gómez, mamá de Víctor Fernando Gómez, añadió que llevó esa comunicación de la Fiscalía al cementerio de Chapinero donde está enterrado su hijo y que la respuesta fue: “una cosa es la Fiscalía y otro el negocio de los cementerios”. Por eso ella ya pagó el cupo hasta septiembre de 2015, sin esperar gestión alguna por parte del Estado. “Me angustia terriblemente que los restos de mi hijo queden por ahí tirados. No sólo me lo mataron, sino que ahora debo pagar plata extra en el cementerio mientras las autoridades resuelven qué pasó. Sé que otras mamás están debiendo hasta $2.000.000 en cementerios como El Apogeo o Campos de Cristo. Y la justicia no llega”.
Seis años después del escándalo por los muertos de Soacha, llevados falsamente por reclutadores a Ocaña con la promesa de conseguir un trabajo y asesinados, según parece por militares para ganar condecoraciones y dinero extra, las madres continúan su cruzada por obtener una verdad y una reparación por parte de los victimarios. Sobre sus hombros cargan el lastre de entender que, día a día, la excesiva burocracia judicial y los maniobreros de turno las condenan a seguir pagando con sus escasos recursos un lote para sus deudos sin que el Estado les provea justicia.
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