Elecciones 2022: Estas son las regiones y los delitos en la mira de la Fiscalía

Quibdó, Santa Marta, Cúcuta, Medellín y Valledupar son las cinco capitales del país con mayor riesgo electoral para la Fiscalía que está lista para frenar cualquier situación irregular de cara a los próximos comicios. Al mapear los desafíos en criminalidad que se advierten desde ya para las elecciones de este 2022, el ente investigador encontró que 258 municipios de todo el país presentan un alto riesgo de ser epicentro de la corrupción. El mapa es una de las herramientas de contexto que usará la entidad para monitorear los próximos comicios.

El municipio en el que se detectó un mayor riesgo de corrupción en las próximas elecciones es Buenaventura. El puerto llegó a este oprobioso primer puesto por la combinación de siete factores que tuvo en cuenta la Fiscalía: la cantidad de casos de corrupción que han tenido lugar allí en el pasado, el censo electoral, la presencia de actores armados, fraudes electorales anteriores, la presencia de minería ilegal o cultivos de uso ilícito, y las denuncias recibidas en Uriel, un portal creado por el Ministerio del Interior para monitorear las elecciones.

(En contexto: Colombia, estancada durante una década en la lucha anticorrupción)

Al cruzar esos siete criterios Buenaventura tuvo el mayor puntaje, pero le siguen otros municipios donde, según las cifras, el panorama es igual de preocupante: Turbo (Antioquia), Quibdó, El Bagre (Antioquia), Tumaco, Patía, Santa Marta, Cúcuta, Cáceres y Tarazá (Antioquia). En el puesto 12 está Medellín. Al sumar los municipios que tienen mayores riesgos, la Fiscalía concluyó que los departamentos que corren mayor peligro de cara a las próximas elecciones son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

A su vez, el documento sugiere que estos riesgos deben ser analizados por las subregiones que muestran. La Fiscalía destaca, por ejemplo, el riesgo que corren el Golfo de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, donde están ubicados Turbo, Cáceres, El Bagre, Tierralta, Tarazá, Apartadó e Ituango. Allí imponen su ley el Clan del Golfo y Los Caparros. O el alto riesgo de la costa pacífica, del que son muestra los datos sobre Tumaco y Buenaventura.

(Lea también: “La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia)

La Fiscalía elaboró este mapa de riesgo como parte de sus estrategias de investigación de cara a las elecciones. Es una de las herramientas consignadas en una directiva que firmó el fiscal Francisco Barbosa este mes con la que da instrucciones a los fiscales para investigar y acusar a personas inmersas en delitos electorales. Por ejemplo, anuncia que las investigaciones se centrarán en develar las estructuras criminales detrás de estos delitos, “especialmente, aquellas donde se utilicen recursos públicos con fines de corrupción electoral”, dice el documento.

Según la directiva, las investigaciones deben enfocarse en encontrar a los máximos responsables. “En este sentido. No es recomendable centrar las investigaciones en el ciudadano que, por necesidad, entrega su voto a cambio de dinero o dádivas”, dice el documento. También recomienda a los fiscales identificar a los mandos medios de las estructuras corruptas “que son personas encargadas de actividades como la compra masiva de votos, el seguimiento de listas de verificación a contratistas sobre los votos que deben aportar para mantener su cargo o la logística para la consumación de delitos electorales”.

(Le podría interesar: Análisis: ¿Es inevitable el fraude en las elecciones de este año?)

Barbosa también firmó una resolución para establecer quién quedará a cargo dentro de la entidad de algunos de los temas más sensibles. Por ejemplo, los crímenes contra candidatos del partido Comunes —antes conocido como FARC— y contra candidatos de las circunscripciones especiales de paz —las llamadas curules de víctimas— los llevará la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada con el Acuerdo de Paz. Las amenazas las investigará la Unidad de Derechos Humanos; los homicidios o atentados de candidatos, la delegada para la Seguridad Territorial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Quibdó, Santa Marta, Cúcuta, Medellín y Valledupar son las cinco capitales del país con mayor riesgo electoral para la Fiscalía que está lista para frenar cualquier situación irregular de cara a los próximos comicios. Al mapear los desafíos en criminalidad que se advierten desde ya para las elecciones de este 2022, el ente investigador encontró que 258 municipios de todo el país presentan un alto riesgo de ser epicentro de la corrupción. El mapa es una de las herramientas de contexto que usará la entidad para monitorear los próximos comicios.

El municipio en el que se detectó un mayor riesgo de corrupción en las próximas elecciones es Buenaventura. El puerto llegó a este oprobioso primer puesto por la combinación de siete factores que tuvo en cuenta la Fiscalía: la cantidad de casos de corrupción que han tenido lugar allí en el pasado, el censo electoral, la presencia de actores armados, fraudes electorales anteriores, la presencia de minería ilegal o cultivos de uso ilícito, y las denuncias recibidas en Uriel, un portal creado por el Ministerio del Interior para monitorear las elecciones.

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Al cruzar esos siete criterios Buenaventura tuvo el mayor puntaje, pero le siguen otros municipios donde, según las cifras, el panorama es igual de preocupante: Turbo (Antioquia), Quibdó, El Bagre (Antioquia), Tumaco, Patía, Santa Marta, Cúcuta, Cáceres y Tarazá (Antioquia). En el puesto 12 está Medellín. Al sumar los municipios que tienen mayores riesgos, la Fiscalía concluyó que los departamentos que corren mayor peligro de cara a las próximas elecciones son Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

A su vez, el documento sugiere que estos riesgos deben ser analizados por las subregiones que muestran. La Fiscalía destaca, por ejemplo, el riesgo que corren el Golfo de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, donde están ubicados Turbo, Cáceres, El Bagre, Tierralta, Tarazá, Apartadó e Ituango. Allí imponen su ley el Clan del Golfo y Los Caparros. O el alto riesgo de la costa pacífica, del que son muestra los datos sobre Tumaco y Buenaventura.

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Según la directiva, las investigaciones deben enfocarse en encontrar a los máximos responsables. “En este sentido. No es recomendable centrar las investigaciones en el ciudadano que, por necesidad, entrega su voto a cambio de dinero o dádivas”, dice el documento. También recomienda a los fiscales identificar a los mandos medios de las estructuras corruptas “que son personas encargadas de actividades como la compra masiva de votos, el seguimiento de listas de verificación a contratistas sobre los votos que deben aportar para mantener su cargo o la logística para la consumación de delitos electorales”.

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Barbosa también firmó una resolución para establecer quién quedará a cargo dentro de la entidad de algunos de los temas más sensibles. Por ejemplo, los crímenes contra candidatos del partido Comunes —antes conocido como FARC— y contra candidatos de las circunscripciones especiales de paz —las llamadas curules de víctimas— los llevará la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada con el Acuerdo de Paz. Las amenazas las investigará la Unidad de Derechos Humanos; los homicidios o atentados de candidatos, la delegada para la Seguridad Territorial.

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