Elecciones regionales: menos violencia, pero más incautaciones que hace cuatro años

La Policía Nacional entregó su balance general sobre la situación de orden público que se presentó en el país en las elecciones regionales. La jornada dejó como resultado la suspensión de los comicios por falta de garantías electorales en dos municipios, Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo), la incautación de $1.200 millones de pesos, 389 personas capturadas en diferentes zonas del país, 189 por antecedentes de orden judicial y 35 por delitos electorales, y la afectación de material electoral en Fonseca (La Guajira), Argelia y Almaguer (Cauca); sin embargo, se presentaron 215 hechos menos de afectación en comparación con la misma jornada electoral que se desarrolló en 2019.

Aunque este es el balance general de la Policía, en un documento entregado por la Fiscalía en la mañana de este lunes 30 de octubre se dice que se realizaron 347 capturas y que “El Puesto de Mando Unificado (PMU) da cuenta de 47 personas capturadas por delitos electorales y otras conductas que buscaba obstruir el derecho democrático al voto”. Las personas fueron capturadas por los delitos de lavado de activos, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y corrupción de sufragante.

(Le podría interesar: Resultados elecciones 2023: así votó Colombia)

Según la Fiscalía, 287 órdenes de captura se hicieron efectivas en los puestos de votación y se dieron 71 situaciones de afectación al orden publico en todo el país. Durante la Jornada electoral en Arjona (Bolivar) varias personas bloquearon el acceso al único punto de votación, mientras que en la vereda Los Aguacates en Segovia (Antioquia) se registraron combates entre integrantes del ELN y las disidencias de las Farc.

Posterior al cierre de las votaciones se presentaron disturbios en Argelia (Cauca), donde según videos compartidos en redes sociales un grupo de personas seguidoras de un candidato, aparentemente inconformes con los resultados, prendieron fuego al material electoral que estaba siendo contado en una escuela de la zona; sin embargo, ya se había terminado la transmisión de datos. La policía tuvo que sacar al Registrador municipal del sitio para protegerlo.

Así mismo en Almaguer, en el mismo departamento, también se quemó material electoral que era almacenado en la alcaldía del municipio. Por su parte, en Balboa (Cauca) se presentaron disturbios en las calles al final de la jornada electoral y tras anunciar la elección del nuevo alcalde, según el informe de la Fiscalía.

(Le podría interesar: Andrés Escobar, señalado de disparar a manifestantes, fue elegido concejal de Cali)

En Útica (Cundinamarca) fue necesaria la presencia del Esmad para controlar a miembros del partido que salió derrotado en las elecciones y que alegaba fraude electoral. También, en Chinú (Cordoba) la registraduría fue blanco de ataques en medio de alteraciones de orden público. Por último, en Durania (Norte de Santander) fue necesario decretar toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana del 30 de octubre debido a los intentos de varias personas de tomarse las instalaciones del colegio donde se realizaba el pre conteo.

Desde la Procuraduría ya habían realizado un llamado al Gobierno Nacional para que pusiera especial atención a algunos departamentos en los que hay presencia de grupos al margen de la ley, como en la costa Atlántica, Cauca, Nariño, Meta, Chocó y Huila. Se alertó posibles alteraciones de orden público si no resultaban electos los candidatos que ellos querían, resaltaron.

(Le podría interesar: Disturbios en La Paz, Cesar, en medio de la jornada electoral)

Aunque, según el balance general del Plan Democracia entregado por la Policía Nacional, las afectaciones al orden público se redujeron en un 28% frente a 2019, la incautación de dinero aumento en un 289%. Tanto el dinero, como los capturados por ello, fueron puestos en manos de la justicia para esclarecer los hechos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Policía Nacional entregó su balance general sobre la situación de orden público que se presentó en el país en las elecciones regionales. La jornada dejó como resultado la suspensión de los comicios por falta de garantías electorales en dos municipios, Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo), la incautación de $1.200 millones de pesos, 389 personas capturadas en diferentes zonas del país, 189 por antecedentes de orden judicial y 35 por delitos electorales, y la afectación de material electoral en Fonseca (La Guajira), Argelia y Almaguer (Cauca); sin embargo, se presentaron 215 hechos menos de afectación en comparación con la misma jornada electoral que se desarrolló en 2019.

Aunque este es el balance general de la Policía, en un documento entregado por la Fiscalía en la mañana de este lunes 30 de octubre se dice que se realizaron 347 capturas y que “El Puesto de Mando Unificado (PMU) da cuenta de 47 personas capturadas por delitos electorales y otras conductas que buscaba obstruir el derecho democrático al voto”. Las personas fueron capturadas por los delitos de lavado de activos, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y corrupción de sufragante.

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Posterior al cierre de las votaciones se presentaron disturbios en Argelia (Cauca), donde según videos compartidos en redes sociales un grupo de personas seguidoras de un candidato, aparentemente inconformes con los resultados, prendieron fuego al material electoral que estaba siendo contado en una escuela de la zona; sin embargo, ya se había terminado la transmisión de datos. La policía tuvo que sacar al Registrador municipal del sitio para protegerlo.

Así mismo en Almaguer, en el mismo departamento, también se quemó material electoral que era almacenado en la alcaldía del municipio. Por su parte, en Balboa (Cauca) se presentaron disturbios en las calles al final de la jornada electoral y tras anunciar la elección del nuevo alcalde, según el informe de la Fiscalía.

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Desde la Procuraduría ya habían realizado un llamado al Gobierno Nacional para que pusiera especial atención a algunos departamentos en los que hay presencia de grupos al margen de la ley, como en la costa Atlántica, Cauca, Nariño, Meta, Chocó y Huila. Se alertó posibles alteraciones de orden público si no resultaban electos los candidatos que ellos querían, resaltaron.

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Aunque, según el balance general del Plan Democracia entregado por la Policía Nacional, las afectaciones al orden público se redujeron en un 28% frente a 2019, la incautación de dinero aumento en un 289%. Tanto el dinero, como los capturados por ello, fueron puestos en manos de la justicia para esclarecer los hechos.

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