Eliminar la Procuraduría: Los problemas y aciertos de la propuesta de Petro

La entidad del Ministerio Público tiene actualmente más de 12.000 procesos.

Foto: Archivo

Mientras Gustavo Petro destapa sus cartas y completa la baraja de quiénes serán sus ministros, el electo presidente también ha dado pistas de las primeras decisiones que tomará luego de posesionarse. Una de ellas, y la que más ha dado de que hablar, es su propuesta de eliminar la Procuraduría. De lo que se conoce hasta ahora de esta idea es que a esta entidad, una de las que más cargos públicos tiene en todo el país, la reemplazaría una Fiscalía dedicada únicamente a la corrupción.

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Los alcances de este cambio, que sería radical en los órganos de control, fue recibida con optimismo por muchos. Sin embargo, en el debate también hay críticas a lo que sería esta nueva institución. El presidente electo señaló que la idea es convertir a esta “gran Fiscalía Anticorrupción” en parte del poder judicial. Hablamos con el exmagistrado Iván Velásquez, quien ha asesorado a Petro en temas de justicia y fue el director en Guatemala de un organismo muy similar al que pretende crear el presidente electo en Colombia, que se llamó Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“La supresión de la Procuraduría permitirá fortalecer la lucha contra la corrupción, incrementando la capacidad de respuesta de la fiscalía y de la judicatura. Un sistema integral anticorrupción, apoyado por una comisión internacional contra la impunidad”, expresó Velásquez. La decisión de eliminar una entidad como la Procuraduría significa cambiar por completo la estructura del Estado, pues en cabeza de la entidad, ha estado por décadas el deber de investigar disciplinariamente a funcionarios públicos, sancionarlos (ya sea con multas o con su destitución).

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También es tarea del Ministerio Público velar por derechos y garantías de todos los ciudadanos en cualquier proceso judicial y el de buscar la protección de derechos colectivos, a través de acciones de grupo o populares. Aunque sus objetivos resultan ser jurídicos y técnicos, en palabras más sencillas, la Procuraduría observa que a un investigado no se le violen sus derechos durante un juicio, por ejemplo, o presenta recursos jurídicos para que a una comunidad no se le violen sus derechos fundamentales al agua o a la educación.

Un caso reciente y emblemático fue la defensa de la Procuraduría para que el Estado no pagara un solo peso de la corrupción que originó el escándalo de contratos falsos de Odebrecht. Pero además de sus deberes, la Procuraduría es uno de los órganos más antiguos del Estado colombiano planteado desde 1819, y consagrado como la entidad que conocemos hoy en la Constitución de 1886. Cualquier cambio en su manera de actuar, sería estructural para el Estado. Aunque aún no se conoce el articulado de la propuesta que suprimiría la institución, existe preocupación frente al tema.

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David Roa Salguero, presidente del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinarios, considera que la propuesta no es conveniente, puesto que confunde competencias disciplinarias y penales. Para Roa, “funcionarios que no son de elección popular se quedarían sin un control disciplinario”. En ello coincide parcialmente el profesor universitario Mario Molano, quien fue procurador delegado en contratación entre 2002 y 2009: “Es necesario precisar la corrupción más allá del desvío de recursos y explicar cómo se va a controlar la ineficiencia en el manejo de estos”. Molano insiste que hay conductas que no le corresponden al derecho penal y que quedarían en una especie de “limbo”.

Por ejemplo, si se elimina la Procuraduría ¿quién investigaría casos que no son delitos como constantes ausencias a un trabajo o las llegadas tarde? Estas son actuaciones que, insiste Molano, deben ser investigadas por ineficiencia y no necesariamente por corrupción. La respuesta a esa pregunta solo se sabrá cuando el presidente electo publique el documento en el que explicará con todo el detalle qué pasará con esas investigaciones disciplinarias. Por ahora, lo que se sabe es que la eliminación de la Procuraduría pretende cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2020.

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En ese momento, el tribunal internacional estudió el caso de Gustavo Petro, quien había sido destituido de la Alcaldía de Bogotá en 2014 por la Procuraduría. El fallo ordenó al Estado colombiano a que hiciera una serie de cambios en su sistema jurídico para que funcionarios públicos elegidos por el voto popular no fueran destituidos por una entidad administrativa, precisamente como el Ministerio Público. En términos más sencillos, para la Corte quién puede destituir a un funcionario de este talante es un juez en un proceso penal.

Para Roa Salguero, la eliminación de la Procuraduría no es necesaria, pues basta con entregar a la justicia penal esos casos que pueden conllevar a destituciones de alcaldes o gobernadores, por ejemplo, como ocurrió en el caso Petro en la alcaldía de Bogotá, o más recientemente, la suspensión temporalmente de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín. Al respecto, el profesor Molano afirma que lo que ha pedido la Corte Interamericana es que quienes adelanten este tipo de sanciones sean jueces independientes y que eviten sospechas de inclinación ideológica.

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Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny, la propuesta del nuevo presidente va bien encaminada, pero es ambigua. Es buena, dice el jurista, en la medida en que quitándole la capacidad sancionatoria se puede controlar la persecución política sobre funcionarios públicos de elección popular, pero ambigua en la medida en que no concreta tareas que hoy desempeña la Procuraduría como su presencia en juicios o escenarios como Consejos o Comités Territoriales.

Más allá de los silencios y vacíos que quedan sobre una propuesta que aún no se conoce en detalle, es cierto que sería una de las modificaciones más importantes de la última década, si se tiene en cuenta el tamaño de la institución (más de 4.000 funcionarios), su importancia histórica y sus múltiples funciones.

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