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Emcali: Emilio Tapia dice que destapó escándalo de corrupción en el que fue imputado

El excontratista que ha estado ante la justicia por el Carrusel de la Contratación y por la pérdida de $70 mil millones en un contrato de MinTic que buscaba llevar internet a escuelas en zonas rurales del país, dijo a través de un comunicado que fue él quien denunció la posible corrupción que se presentó en Empresas Municipales de Cali (Emcali).

18 de octubre de 2022 - 10:28 p. m.
Contratista cordobés, condenado por el carrusel de la contratación y testigo estrella de la fiscalía contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, durante la audiencia.
Contratista cordobés, condenado por el carrusel de la contratación y testigo estrella de la fiscalía contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, durante la audiencia.
Foto: Óscar Pérez
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Desde la cárcel en Barraquilla en donde permanece recluido, el excontratista Emilio Tapia, condenado por el denominado Carrusel de la Contratación, dijo que fue él quien denunció ante la Fiscalía los presuntos hechos de corrupción que se han registrado con las Empresas Municipales de Cali (Emcali). De acuerdo con el ente acusador, Tapia está vinculado en el expediente judicial por presunta falsificación de documentos en dos contratos por más de $6.200 millones.

El señalamiento de Tapia se presentó al día siguiente de que la Fiscalía anunció la imputación en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. El excontratista que, además, de estar en la lupa de las autoridades por el Carrusel de la Contratación, y por irregularidades en la pérdida de más de $70 mil millones en un contrato que prometía llevar internet a escuelas en zonas rurales del país, dijo que los hechos por los cuales fue imputado los conoció el ente acusador por cuenta de una denuncia que él presentó.

“Tales hechos, objeto de imputación fáctica y jurídica, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contrato entre el Ministerio de las TIC y la UT Centros Poblados Colombia”, dice el documento que firma Tapia desde su centro de reclusión.

Lea aquí: De corrupción en Emcali a parrandas en la cárcel: los escándalos de Emilio Tapia

Tapia en su escrito resaltó que su intención de hablar sobre las irregularidades en contratación con Emcali obedece a colaborar con la justicia, además de garantizar ”la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”. El excontratista fue enfático en que la imputación que realizó la Fiscalía en su contra no tuvo otro origen más que el de su propia denuncia.

El hoy condenado por Carrusel de la Contratación e investigado por irregularidades en la contratación con MinTic, explicó que ante un fiscal, y en compañía de su abogado, entregó en detalle las circunstancias y los momentos en los que participó en las etapas de contratación presuntamente irregular que adelantó Emcali. Reiteró que, así como lo ha hecho en sus expedientes judiciales, colaborará con la justicia.

“Desde mi lugar de reclusión, continuaré colaborando con las autoridades para el esclarecimiento y apoyo a la verdad frente a los hechos sobre los que pueda tener conocimiento y que revistan interés para la sociedad en general”, explicó en el documento de cinco puntos que se conoció hasta este martes.

Lea aquí: Emilio Tapia, otra vez ante la justicia, por presunta falsificación de documentos

El pasado 12 de octubre, a través de un comunicado, la Fiscalía anunció la imputación en contra de Tapia Lo que dice el excontratista, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021. En el expediente reposa que Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentaron a dos procesos de contratación relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones.

El fiscal del caso dijo que uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio de Tapia, por lo que habrían falsificado dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.

“Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos”, dijo el fiscal del caso en medio de la imputación que tiene nuevamente ante los estrados a Tapia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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