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La Procuraduría solicitó a la juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que revoque el beneficio de casa por cárcel al contratista Emilio Tapia. La petición que hace el Ministerio Público se fundamenta en que, según la entidad, Tapia habría burlado a la justicia y habría incumplido sus obligaciones como condenado en el escándalo del cartel de la contratación, ocurrido durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá (2008-2011).
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En la solicitud de la Procuraduría se argumenta que Tapia, conocido como El Zar de la contratación, debe retornar a la cárcel por haberse trasladado entre Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otros departamentos, sin la debida autorización legal. Adicionalmente, el Ministerio Público argumenta que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Así mismo, la Procuraduría solicitó al juez que hiciera cumplir al contratista su pena en centro penitenciario, además relacionándolo con el reciente escándalo en el que se vio envuelto por su supuesta participación en la adjudicación del fallido contrato que firmó la unión temporal Centros Poblados con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic). La Procuraduría sostuvo que los incumplimientos del Zar de la contratación se habrían presentado, en parte, por el beneficio que se le otorgó en su condena, pues, según el Ministerio Público, Tapia habría utilizado esto “con ilegales propósitos”.
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De igual manera, la Procuraduría pidió compulsar copias a la Fiscalía para que esta abra las investigaciones correspondientes contra servidores públicos ”que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas”.
Tapia, de 45 años, ya acumula dos grandes escándalos de corrupción: el carrusel de la contratación en Bogotá y, en el cual es uno de los principales imputados, el contrato de Centros Poblados firmado con Mintic. Hace 10 años la justicia determinó que fue el cerebro en el escándalo de corrupción en Bogotá por el que terminaron en la cárcel Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno y más de una decena de funcionarios y abogados que se concertaron para defraudar las finanzas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Hoy, el zar de la contratación está de nuevo en el ojo del huracán por el acuerdo que tumbó a la ministra Karen Abudinen y tiene embolatados $70 mil millones que habían sido destinados para llevar internet a los territorios rurales de Colombia.
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En su más reciente escándalo, un juez de Garantías de Bogotá lo envió a la cárcel por su presunta responsabilidad en la adjudicación del contrato Mintic. Por este caso, también estará preso Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados y un funcionario de Rave Seguros, Juan José Laverde. Así mismo, se compulsaron copias para investigar a Adriana Meza, secretaria general de la cartera, y a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, quienes están en juicio disciplinario por la Procuraduría. La Fiscalía tiene la hipótesis de que Laverde habría participado en la entrega de garantías falsas durante el proceso de licitación, que permitieron a Centros Poblados quedarse con el acuerdo por 1,07 billones.