Emilio Tapia dice que fiscal Angélica Monsalve lo grabó sin su permiso

Esta semana el corrupto y condenado empresario Emilio Tapia volvió a ser noticia por sus supuestas negociaciones con la Fiscalía General, luego de que terminara otra vez procesado por su participación en el escándalo de Centros Poblados. En los últimos días, la W publicó varios audios en los que se escucha a Tapia hablar de un preacuerdo que estaría por cerrar con el ente investigador y en el que pactó pagar 55 meses de prisión por su participación en la perdida del anticipo $70.000 millones de pesos para la construcción de varios puntos de Internet en zonas rurales.

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A raíz de la publicación de estos audios, Tapia emitió en las últimas horas un comunicado en el que pretende aclarar el contexto de esas conversaciones. Además, hace serias acusaciones contra una reconocida fiscal que en los últimos meses apareció en medios de comunicación denunciando presiones en su contra desde la cúpula de la Fiscalía General. Se trata de Angélica Monsalve, quien en abril de 2022 indicó que fue trasladada de su cargo luego de pedir una audiencia de imputación de cargos contra tres miembros de la reconocida familia Ríos Velilla.

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Tapia, hoy preso en la cárcel de Barranquilla, señaló en un comunicado de prensa que a mediados de septiembre de 2022 asistió a una declaración programada por el investigador judicial Pablo Elías Calderón con el fin de que entregara información sobre la licitación de la concesión del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, abierta en 2011 y que fue adjudicada a un consorcio al que pertenecen los Ríos Velilla. Según Tapia, él contestó que no podía pronunciarse sobre ningún caso fuera de la colaboración previamente acordada con la Fiscalía y sin la presencia de su abogado.

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En ese momento, dice Tapia, el investigador le puso una videollamada con la fiscal a cargo del proceso, Angélica Monsalve, en la que ella, supuestamente, le pidió la ayudara con información del caso yque estaba en capacidad de ayudarle “muchísimo” con un principio de oportunidad, y anunció que realizarían una próxima diligencia para tal fin. Tapia dijo que le dijo lo mimos que al investigador Calderón: que no podía declarar sobre este tema, ya que era un tema que no estaba contemplado en su colaboración a la Fiscalía.

“Al lugar de la reunión, que se realizó en una oficina desprovista de medios de filmación o grabación, con un par de sillas y un escritorio. De los casi 60 minutos que duró la conversación, los primeros 30 los usó la fiscal Monsalve en hablar de sus relaciones personales en su lugar de origen, Amalfi, con los miembros del clan Castaño Gil. Me aseguró incluso ser prima y como hermana de Carlos y Vicente; de su riqueza personal y familiar, para argumentar luego que por eso ella no necesitaba del empleo de fiscal, pero que lo desempeñaba porque en este momento necesitaba ganarle una pelea al Fiscal General”, dice el comunicado de Tapia.

La propia fiscal Monsalve, aseguró Tapia, pidió al investigador judicial Calderón abandonar el salón donde estaban. “Quedamos sentados ella y yo frente a frente, y ella colocó su celular sobre el escritorio. Ahora hablemos en confianza (...) cambió el tema y empezó a preguntarme sobre mi situación en Centros Poblados. A sus inquietudes respondí lo que, a mi juicio, yo podría esperar de un eventual acuerdo con la Fiscalía; lo que ya se ha planteado en las sesiones iniciales con mi equipo de defensa; o, lo que yo intuyo, podría llegar a ser el resultado de este proceso. Nunca fui advertido de que esa conversación informal y sin testigos, pudiera estar siendo grabada”, señaló Tapia en su extensa comunicación pública.

Por último, Tapia resaltó ahora se ve expuesto dentro de un proceso penal “a prácticas de grabación clandestina de sus conversaciones con los mismos funcionarios que provocan e incitan diálogos, con el mero ánimo de saldar rencillas personales o generar respuestas públicas desmedidas sobre hechos inexistentes. De la conversación con la fiscal Angélica Monsalve y el investigador judicial Pablo Calderón se levantó un acta, que está suscrita por los tres que participamos en ella, y en ella no figura constancia alguna de la grabación de la misma, y menos de una autorización legal a la fiscal para llevarla a cabo, y resulta además claro que tampoco hubo declaración alguna, porque yo participé sin asistencia jurídica”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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A raíz de la publicación de estos audios, Tapia emitió en las últimas horas un comunicado en el que pretende aclarar el contexto de esas conversaciones. Además, hace serias acusaciones contra una reconocida fiscal que en los últimos meses apareció en medios de comunicación denunciando presiones en su contra desde la cúpula de la Fiscalía General. Se trata de Angélica Monsalve, quien en abril de 2022 indicó que fue trasladada de su cargo luego de pedir una audiencia de imputación de cargos contra tres miembros de la reconocida familia Ríos Velilla.

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Tapia, hoy preso en la cárcel de Barranquilla, señaló en un comunicado de prensa que a mediados de septiembre de 2022 asistió a una declaración programada por el investigador judicial Pablo Elías Calderón con el fin de que entregara información sobre la licitación de la concesión del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, abierta en 2011 y que fue adjudicada a un consorcio al que pertenecen los Ríos Velilla. Según Tapia, él contestó que no podía pronunciarse sobre ningún caso fuera de la colaboración previamente acordada con la Fiscalía y sin la presencia de su abogado.

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En ese momento, dice Tapia, el investigador le puso una videollamada con la fiscal a cargo del proceso, Angélica Monsalve, en la que ella, supuestamente, le pidió la ayudara con información del caso yque estaba en capacidad de ayudarle “muchísimo” con un principio de oportunidad, y anunció que realizarían una próxima diligencia para tal fin. Tapia dijo que le dijo lo mimos que al investigador Calderón: que no podía declarar sobre este tema, ya que era un tema que no estaba contemplado en su colaboración a la Fiscalía.

“Al lugar de la reunión, que se realizó en una oficina desprovista de medios de filmación o grabación, con un par de sillas y un escritorio. De los casi 60 minutos que duró la conversación, los primeros 30 los usó la fiscal Monsalve en hablar de sus relaciones personales en su lugar de origen, Amalfi, con los miembros del clan Castaño Gil. Me aseguró incluso ser prima y como hermana de Carlos y Vicente; de su riqueza personal y familiar, para argumentar luego que por eso ella no necesitaba del empleo de fiscal, pero que lo desempeñaba porque en este momento necesitaba ganarle una pelea al Fiscal General”, dice el comunicado de Tapia.

La propia fiscal Monsalve, aseguró Tapia, pidió al investigador judicial Calderón abandonar el salón donde estaban. “Quedamos sentados ella y yo frente a frente, y ella colocó su celular sobre el escritorio. Ahora hablemos en confianza (...) cambió el tema y empezó a preguntarme sobre mi situación en Centros Poblados. A sus inquietudes respondí lo que, a mi juicio, yo podría esperar de un eventual acuerdo con la Fiscalía; lo que ya se ha planteado en las sesiones iniciales con mi equipo de defensa; o, lo que yo intuyo, podría llegar a ser el resultado de este proceso. Nunca fui advertido de que esa conversación informal y sin testigos, pudiera estar siendo grabada”, señaló Tapia en su extensa comunicación pública.

Por último, Tapia resaltó ahora se ve expuesto dentro de un proceso penal “a prácticas de grabación clandestina de sus conversaciones con los mismos funcionarios que provocan e incitan diálogos, con el mero ánimo de saldar rencillas personales o generar respuestas públicas desmedidas sobre hechos inexistentes. De la conversación con la fiscal Angélica Monsalve y el investigador judicial Pablo Calderón se levantó un acta, que está suscrita por los tres que participamos en ella, y en ella no figura constancia alguna de la grabación de la misma, y menos de una autorización legal a la fiscal para llevarla a cabo, y resulta además claro que tampoco hubo declaración alguna, porque yo participé sin asistencia jurídica”.

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