Emilio Tapia: “no vamos ni en la mitad del carrusel”

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El pasado 5 de agosto, Emilio Tapia fue condenado a 17 años de prisión, la sentencia más alta del carrusel de la contratación en Bogotá. En entrevista con Noticias Caracol, la primera que da luego de 18 meses en la cárcel, Tapia señaló que en Colombia el Estado paga tanto por los contratos que hasta queda plata para la corrupción; que mientras era investigado seguía yendo a parrandas porque su esencia es Caribe; y que el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz –a quien la Fiscalía le imputará cargos en los próximos días– debería decir la verdad.

 

En primer lugar, yo quiero pedirle perdón a la ciudad, al país, a todas las personas que creyeron o creen en uno. Pero sí es muy importante aclarar esta situación: aquí hubo una empresa criminal de la cual yo hice parte, pero ello no significó que se hayan robado la plata para no ejecutar las obras.

 

Eso es falso, las obras se hicieron. Las obras en la administración de Samuel Moreno se empezaron a ejecutar, unas se terminaron, otras están en ejecución. Aquí lo que existió fue una empresa criminal para estructurar los mecanismos y hacernos a esos contratos.

 

Correcto, a los amigos o a las personas o a los contratistas que se comprometieron a pagar una comisión. Pero no es cierto que nos hayamos robado la plata para no ejecutar las obras, con excepción de un contrato que fue adjudicado en la administración anterior a la de Samuel Moreno.

 

Correcto, que se adjudicó en la administración de Luis Eduardo Garzón.

 

Sí, eso es cierto. El error que hoy reconozco, por el cual estoy pidiendo perdón y en la cárcel asumiendo ese error, fue la empresa criminal para estructurar esos mecanismos para que nos dieran los contratos.

 

Por una sencilla razón: yo reconozco que hice parte de todo ese entramado de corrupción, pero no puedo reconocer que nos robamos la plata porque no es cierto. Aquí el problema tiene un fondo aún más grande que sigue latente.

 

Y va a seguir.

 

Esto no se va a acabar porque estemos 50 u 80 personas vinculadas a este proceso, porque el cáncer sigue vivo.

 

El tema es muy sencillo: radica en los precios de los presupuestos de los contratos de la administración pública. El Estado paga tan bien que da para ejecutar las obras y nuestra utilidad como contratistas da para ejecutar las obras y para pagar una comisión.

 

Así es.

 

Por supuesto. Este no es un tema que se inventó en la administración de Samuel Moreno. No solamente estamos hablando de contratos de obras, sino de alimentos, de consultorías, interventorías, de servicios públicos; todo lo que tiene que ver con la administración pública el Estado lo paga muy bien. Y como veía que pagar comisión era un común denominador uno de pronto no le ponía lío a una costumbre, pero estábamos cometiendo delitos que hoy asumo aquí, preso. 

 

Esa es una tarea de los funcionarios públicos, nosotros no podemos. Es como cuando usted va a un centro comercial y le piden $100 por una camisa, y luego va a otra tienda que no es un centro comercial, que tiene menos costos, y la misma camisa le cuesta $50. Así sucede en la empresa privada y en la empresa pública. Los contratos en la empresa privada tienen un costo y en la pública, otro. 

 

Esto era lo que sucedía: se abría un proceso licitatorio. En algunos casos, se acomodaban unos términos de referencia para seleccionar al amigo o al allegado. Había un marco general por cumplir, pero muchas empresas tienen la misma capacidad financiera, la misma experiencia. Entonces, digamos que se presentaban seis uniones temporales; los precios eran tan buenos que las seis estaban dispuestas a pagar la comisión porque eso salía de las utilidades.

 

Esa obra está en un contexto muy particular: fue adjudicada en la administración de Lucho Garzón y Samuel Moreno lo único que hizo fue exigirle a los contratistas que de manera irresponsable no avanzaban en la obra.

 

Hubo comisiones, pero no para la administración Moreno. La ciudad no perdió porque la compañía aseguradora pagó lo que los contratistas se robaron, o invirtieron mal, no soy nadie para decir eso. Para eso existen unas pólizas. Pero las obras en el periodo de Samuel Moreno en las que tuve que ver yo, todas se hicieron. Las comisiones sí se pagaron, esa fue la empresa criminal de la cual hice parte, y hoy me arrepiento enormemente por lo que ha significado para mí, la ciudad, el país y mi familia. 

 

Esto ha sido terrible, mi decisión de contar la verdad me ha traído unas consecuencias enormes. He sido víctima no solamente del matoneo mediático sino del matoneo penitenciario. Es un tema muy sensible y cuando uno toma la decisión de colaborar, resulta todo en contra de uno porque los tentáculos son muy fuertes.

 

Por supuesto, además porque fui el primero que me acerqué hace cinco años a las Fiscalía con esta decisión de vida. No solamente a decir ‘aquí estoy yo’, a servir de testigo, sino a entregar el acervo probatorio de cada una de las cosas que he dicho.

 

Lo que puedo decir es simplemente que yo soy de la Costa Caribe. Tomé la decisión de colaborar y estaba en libertad. Y es cierto, yo asistía a eventos sociales a los cuales toda mi vida he asistido. ¿Por qué no le veía nada malo a eso? Porque no puedo renunciar, por ejemplo, a que me guste la música vallenata, lo llevo en mis venas, yo soy Caribe. No puedo renunciar a lo que yo soy, esa es mi esencia y eso no es un delito.

 

Todas esas son las cosas que por la desinformación son importantes precisar. Yo todavía no conozco un placo que cueste $20 millones; al palco más costoso que he asistido es a uno de $10 millones al que le caben 12 personas y yo pagaba lo que me correspondía, una entrada. Siempre he asistido a los eventos de música vallenata donde mis amigos hacen parte del espectáculo y muchas veces me daban cortesías. Ahora, ¿usted piensa que con $10 millones se va a subsanar el problema que se le generó a la ciudad? Eso tampoco tiene ninguna lógica. El punto es que miles de millones de pesos se pierden diariamente en Colombia. 

 

En todo este proceso se han cometido injusticias y ya llegará el momento de aclararlas. Aquí se hizo un acuerdo no solamente con la Fiscalía sino con las víctimas también, es decir, con el Distrito. Se acordó que teníamos que responder por un incidente de reparación integral posterior a las sentencias condenatorias de cada uno de los que hicimos parte de esto (el carrusel). Y a eso me comprometí. Yo respondo 100% por lo que determine ese incidente de reparación integral.

 

Ese tema hay que saberlo estudiar, ni siquiera los jueces se han puesto a la tarea de analizar lo que pasó realmente. Primero hay que determinar dónde se perdió la plata.

 

Lo que yo simplemente necesito es sanidad en mi alma, tranquilidad en mi corazón, porque no es solo que me perdonen, aquí el tema es toda la tragedia familiar que a mí me ha generado esta situación. Emilio Tapia hoy está asumiendo una responsabilidad.

 

Fue el compromiso que hice conmigo y con mi familia.

 

Cuando me convencí de que esto no estaba bien y de que yo tenía que tener tranquilidad. Estas negociaciones son la manera más expedita de que se sepa la verdad, se obtengan los resultados y se logre desarticular las empresas criminales. Me siento no correspondido, pero eso no significa que voy a dejar de colaborar.

 

No me he sentido bien tratado. Yo fui el primero en acercarme a la Fiscalía con el acervo probatorio. Yo mismo ayudé a estructurar la acusación mía. Tomé la decisión acordada con la Fiscalía de allanarme a cargos y me asesoré con mis abogados, y vemos que el resultado es totalmente contrario a otras personas que no han tomado mis mismas decisiones y han llevado a más desgaste de la justicia.

 

Me arrepiento de no haber hecho esto antes, explicar lo que realmente pasó, porque es una ironía lo que usted acaba de mencionar. No es justo que la persona que desentraña todo lo que pasó, la primera que lleva pruebas, que parecía un funcionario más de la Fiscalía en toda la etapa de investigación, que más ha colaborado para que se sepa la verdad, un particular, no un funcionario, es la persona que hoy tiene la pena más alta. Todo tiene sus límites. Merezco por lo menos un mínimo de beneficio por mi colaboración eficaz, porque ha sido la número uno, y eso no se ha visto.

 

Yo no quisiera entrar en la imprecisión de cuantificarlo, pero en más de 50 personas que tienen que ver con todo este entramado de corrupción.

 

Claro, contra todas las personas que hicieron parte de esta empresa criminal. 

 

No vamos ni en la mitad de lo que pasó. Hay mucha gente de la que no se sabe nada, mucha que aún no está judicializada y muchos temas que no se han tocado. 

 

Ese es un punto muy importante, era lo que yo quería hacer en la administración de Samuel Moreno que no se terminó haciendo. Yo trabajé tres años en tres proyectos de infraestructura de la ciudad y cinco de renovación urbana. Lo que queríamos era desarrollar unos proyectos (como) las autopistas urbanas, las concesionadas; y otros de renovación urbana que hoy día están en los planes de campaña de los actuales candidatos a la alcaldía de Bogotá. Esas ocho obras podían sumar $15 billones.

 

Pues yo hubiera tenido una participación porque era en conjunto con quien aportaba la capacidad financiera, empresas extranjeras, nosotros actuábamos como empresa local. Por los precios, las utilidades iban a ser muy buenas.

 

No, iban a ser las verdaderas obras de infraestructura y cambio de la ciudad, donde el alcalde Moreno quería mostrar que era capaz de resolver el problema de movilidad de la ciudad y con ello tener más adelante una opción para llegar a la Presidencia.

 

El exgobernador Álvaro Cruz hace parte de la matriz de colaboración no solo mía sino de otras personas que están colaborando con la Fiscalía.

 

Ya está en manos de la Fiscalía porque todos los interrogatorios ya se llevaron a cabo, y creo que ese es el ente competente para entrar a afirmar con todas las pruebas que tienen.

 

(Le diría) que tome la decisión que yo tomé hace cinco años de decir la verdad, que Bogotá y el país la sepan porque tienen derecho a ella. 

 

jlaverde@elespectador.com

 

 

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El pasado 5 de agosto, Emilio Tapia fue condenado a 17 años de prisión, la sentencia más alta del carrusel de la contratación en Bogotá. En entrevista con Noticias Caracol, la primera que da luego de 18 meses en la cárcel, Tapia señaló que en Colombia el Estado paga tanto por los contratos que hasta queda plata para la corrupción; que mientras era investigado seguía yendo a parrandas porque su esencia es Caribe; y que el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz –a quien la Fiscalía le imputará cargos en los próximos días– debería decir la verdad.

 

En primer lugar, yo quiero pedirle perdón a la ciudad, al país, a todas las personas que creyeron o creen en uno. Pero sí es muy importante aclarar esta situación: aquí hubo una empresa criminal de la cual yo hice parte, pero ello no significó que se hayan robado la plata para no ejecutar las obras.

 

Eso es falso, las obras se hicieron. Las obras en la administración de Samuel Moreno se empezaron a ejecutar, unas se terminaron, otras están en ejecución. Aquí lo que existió fue una empresa criminal para estructurar los mecanismos y hacernos a esos contratos.

 

Correcto, a los amigos o a las personas o a los contratistas que se comprometieron a pagar una comisión. Pero no es cierto que nos hayamos robado la plata para no ejecutar las obras, con excepción de un contrato que fue adjudicado en la administración anterior a la de Samuel Moreno.

 

Correcto, que se adjudicó en la administración de Luis Eduardo Garzón.

 

Sí, eso es cierto. El error que hoy reconozco, por el cual estoy pidiendo perdón y en la cárcel asumiendo ese error, fue la empresa criminal para estructurar esos mecanismos para que nos dieran los contratos.

 

Por una sencilla razón: yo reconozco que hice parte de todo ese entramado de corrupción, pero no puedo reconocer que nos robamos la plata porque no es cierto. Aquí el problema tiene un fondo aún más grande que sigue latente.

 

Y va a seguir.

 

Esto no se va a acabar porque estemos 50 u 80 personas vinculadas a este proceso, porque el cáncer sigue vivo.

 

El tema es muy sencillo: radica en los precios de los presupuestos de los contratos de la administración pública. El Estado paga tan bien que da para ejecutar las obras y nuestra utilidad como contratistas da para ejecutar las obras y para pagar una comisión.

 

Así es.

 

Por supuesto. Este no es un tema que se inventó en la administración de Samuel Moreno. No solamente estamos hablando de contratos de obras, sino de alimentos, de consultorías, interventorías, de servicios públicos; todo lo que tiene que ver con la administración pública el Estado lo paga muy bien. Y como veía que pagar comisión era un común denominador uno de pronto no le ponía lío a una costumbre, pero estábamos cometiendo delitos que hoy asumo aquí, preso. 

 

Esa es una tarea de los funcionarios públicos, nosotros no podemos. Es como cuando usted va a un centro comercial y le piden $100 por una camisa, y luego va a otra tienda que no es un centro comercial, que tiene menos costos, y la misma camisa le cuesta $50. Así sucede en la empresa privada y en la empresa pública. Los contratos en la empresa privada tienen un costo y en la pública, otro. 

 

Esto era lo que sucedía: se abría un proceso licitatorio. En algunos casos, se acomodaban unos términos de referencia para seleccionar al amigo o al allegado. Había un marco general por cumplir, pero muchas empresas tienen la misma capacidad financiera, la misma experiencia. Entonces, digamos que se presentaban seis uniones temporales; los precios eran tan buenos que las seis estaban dispuestas a pagar la comisión porque eso salía de las utilidades.

 

Esa obra está en un contexto muy particular: fue adjudicada en la administración de Lucho Garzón y Samuel Moreno lo único que hizo fue exigirle a los contratistas que de manera irresponsable no avanzaban en la obra.

 

Hubo comisiones, pero no para la administración Moreno. La ciudad no perdió porque la compañía aseguradora pagó lo que los contratistas se robaron, o invirtieron mal, no soy nadie para decir eso. Para eso existen unas pólizas. Pero las obras en el periodo de Samuel Moreno en las que tuve que ver yo, todas se hicieron. Las comisiones sí se pagaron, esa fue la empresa criminal de la cual hice parte, y hoy me arrepiento enormemente por lo que ha significado para mí, la ciudad, el país y mi familia. 

 

Esto ha sido terrible, mi decisión de contar la verdad me ha traído unas consecuencias enormes. He sido víctima no solamente del matoneo mediático sino del matoneo penitenciario. Es un tema muy sensible y cuando uno toma la decisión de colaborar, resulta todo en contra de uno porque los tentáculos son muy fuertes.

 

Por supuesto, además porque fui el primero que me acerqué hace cinco años a las Fiscalía con esta decisión de vida. No solamente a decir ‘aquí estoy yo’, a servir de testigo, sino a entregar el acervo probatorio de cada una de las cosas que he dicho.

 

Lo que puedo decir es simplemente que yo soy de la Costa Caribe. Tomé la decisión de colaborar y estaba en libertad. Y es cierto, yo asistía a eventos sociales a los cuales toda mi vida he asistido. ¿Por qué no le veía nada malo a eso? Porque no puedo renunciar, por ejemplo, a que me guste la música vallenata, lo llevo en mis venas, yo soy Caribe. No puedo renunciar a lo que yo soy, esa es mi esencia y eso no es un delito.

 

Todas esas son las cosas que por la desinformación son importantes precisar. Yo todavía no conozco un placo que cueste $20 millones; al palco más costoso que he asistido es a uno de $10 millones al que le caben 12 personas y yo pagaba lo que me correspondía, una entrada. Siempre he asistido a los eventos de música vallenata donde mis amigos hacen parte del espectáculo y muchas veces me daban cortesías. Ahora, ¿usted piensa que con $10 millones se va a subsanar el problema que se le generó a la ciudad? Eso tampoco tiene ninguna lógica. El punto es que miles de millones de pesos se pierden diariamente en Colombia. 

 

En todo este proceso se han cometido injusticias y ya llegará el momento de aclararlas. Aquí se hizo un acuerdo no solamente con la Fiscalía sino con las víctimas también, es decir, con el Distrito. Se acordó que teníamos que responder por un incidente de reparación integral posterior a las sentencias condenatorias de cada uno de los que hicimos parte de esto (el carrusel). Y a eso me comprometí. Yo respondo 100% por lo que determine ese incidente de reparación integral.

 

Ese tema hay que saberlo estudiar, ni siquiera los jueces se han puesto a la tarea de analizar lo que pasó realmente. Primero hay que determinar dónde se perdió la plata.

 

Lo que yo simplemente necesito es sanidad en mi alma, tranquilidad en mi corazón, porque no es solo que me perdonen, aquí el tema es toda la tragedia familiar que a mí me ha generado esta situación. Emilio Tapia hoy está asumiendo una responsabilidad.

 

Fue el compromiso que hice conmigo y con mi familia.

 

Cuando me convencí de que esto no estaba bien y de que yo tenía que tener tranquilidad. Estas negociaciones son la manera más expedita de que se sepa la verdad, se obtengan los resultados y se logre desarticular las empresas criminales. Me siento no correspondido, pero eso no significa que voy a dejar de colaborar.

 

No me he sentido bien tratado. Yo fui el primero en acercarme a la Fiscalía con el acervo probatorio. Yo mismo ayudé a estructurar la acusación mía. Tomé la decisión acordada con la Fiscalía de allanarme a cargos y me asesoré con mis abogados, y vemos que el resultado es totalmente contrario a otras personas que no han tomado mis mismas decisiones y han llevado a más desgaste de la justicia.

 

Me arrepiento de no haber hecho esto antes, explicar lo que realmente pasó, porque es una ironía lo que usted acaba de mencionar. No es justo que la persona que desentraña todo lo que pasó, la primera que lleva pruebas, que parecía un funcionario más de la Fiscalía en toda la etapa de investigación, que más ha colaborado para que se sepa la verdad, un particular, no un funcionario, es la persona que hoy tiene la pena más alta. Todo tiene sus límites. Merezco por lo menos un mínimo de beneficio por mi colaboración eficaz, porque ha sido la número uno, y eso no se ha visto.

 

Yo no quisiera entrar en la imprecisión de cuantificarlo, pero en más de 50 personas que tienen que ver con todo este entramado de corrupción.

 

Claro, contra todas las personas que hicieron parte de esta empresa criminal. 

 

No vamos ni en la mitad de lo que pasó. Hay mucha gente de la que no se sabe nada, mucha que aún no está judicializada y muchos temas que no se han tocado. 

 

Ese es un punto muy importante, era lo que yo quería hacer en la administración de Samuel Moreno que no se terminó haciendo. Yo trabajé tres años en tres proyectos de infraestructura de la ciudad y cinco de renovación urbana. Lo que queríamos era desarrollar unos proyectos (como) las autopistas urbanas, las concesionadas; y otros de renovación urbana que hoy día están en los planes de campaña de los actuales candidatos a la alcaldía de Bogotá. Esas ocho obras podían sumar $15 billones.

 

Pues yo hubiera tenido una participación porque era en conjunto con quien aportaba la capacidad financiera, empresas extranjeras, nosotros actuábamos como empresa local. Por los precios, las utilidades iban a ser muy buenas.

 

No, iban a ser las verdaderas obras de infraestructura y cambio de la ciudad, donde el alcalde Moreno quería mostrar que era capaz de resolver el problema de movilidad de la ciudad y con ello tener más adelante una opción para llegar a la Presidencia.

 

El exgobernador Álvaro Cruz hace parte de la matriz de colaboración no solo mía sino de otras personas que están colaborando con la Fiscalía.

 

Ya está en manos de la Fiscalía porque todos los interrogatorios ya se llevaron a cabo, y creo que ese es el ente competente para entrar a afirmar con todas las pruebas que tienen.

 

(Le diría) que tome la decisión que yo tomé hace cinco años de decir la verdad, que Bogotá y el país la sepan porque tienen derecho a ella. 

 

jlaverde@elespectador.com