Emilio Tapia pierde la detención domiciliaria y debe volver a la cárcel
El excontratista del Distrito tiene dos condenas por el carrusel de la contratación de Bogotá. La Procuraduría había pedido que le revocaran el beneficio de casa por cárcel, debido a la gravedad de los actos por los que fue sancionado.
Emilio Tapia, quien fue condenado a 7 años de prisión por el carrusel de la contratación en Bogotá, acaba de perder su libertad condicional. Así lo determinó el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá, el cual revocó la decisión de diciembre de 2018, con la cual un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla reconoció que Tapia ya había estado tiempo suficiente tras las rejas y podía pasar el resto de la condena en detención domiciliaria. El excontratista tiene otra pena de 48 meses de prisión, también relacionada con el carrusel.
El juez tomó la decisión luego de determinar que en la sentencia que le dio libertad condicional no se valoró la gravedad de las actuaciones de Tapia en el carrusel de la contratación en Bogotá. De acuerdo con el documento, “se trata de una conducta grave en razón de que el sentenciado atentó contra la administración pública, afectando seriamente la transparencia de la contratación del Distrito Capital”. Además, señaló que el juzgado de ejecución de penas de Barranquilla pasó por alto los argumentos que mantendrían a Tapia tras las rejas al ser uno de los protagonistas claves del desfalco.
Según el juzgado que estableció que Tapia tiene que regresar a la cárcel, “utilizando una argumentación absurda e ilógica (…) el juez no realizó una valoración de la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias que en su momento fundamentaron la imposición de la condena, no sometió a juicio de reproche la conducta cometida por el sentenciado”. (El accidentado proceso de Emilio Tapia)
En la decisión judicial se puede leer que “la pena en este caso se hace necesaria para reprimir duramente las conductas que atentaron contra la administración pública”. De acuerdo con el documento, la corrupción promovida por Tapia incluyó “once contratos con una cuantía de 253 mil millones”, razón suficiente para que la decisión de que Tapia vuelva a la cárcel quede en firme.
La apelación fue elevada por el procurador 207 judicial penal, David de Aguas Urreas, quien aseguró que el juzgado en Barranquilla solamente revisó la valoración de las conductas fraudulentas de un solo proceso manejado en contra de Tapia. De acuerdo con el procurador Urrea, “se trata de una causa acumulada que consta de dos procesos penales, por tanto, el análisis debía integrar ambas condenas y no definirlo por un solo asunto, como se hizo”. En consecuencia, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá ordenó nuevamente la captura de Emilio Tapia “para que purge lo que le falta por cumplir de la pena en prisión”. (Emilio Tapia, en la casa de los excesos)
A finales de 2011, las investigaciones por el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno arrancaron y prendieron las alarmas de quienes estaban involucrados. Los rumores de las diligencias habían llegado un año antes a oídos de Tapia, quien empezó a mover fichas para evitar ser capturado y enviado a la cárcel, un temor que empezó a creer con cada captura. Los eslabones del fraude empezaban a salir a la vista.
Durante su tiempo detenido, cada tanto, Tapia vuelve a aparecer en los medios de comunicación. En octubre de 2014, por ejemplo, videos y fotos de una parranda vallenata suya en La Picota trascendieron a los medios de comunicación y causaron la apertura de no menos de 15 investigaciones disciplinarias a funcionarios del Inpec. En febrero de este año se vieron fotos suyas en el carnaval de Barranquilla, aunque su abogado aseguró que Tapia ya había conseguido libertad plena tras haber cumplido las 3/5 partes de su sentencia. (Emilio Tapia: “no vamos ni en la mitad del carrusel”)
La noticia más importante que giró en torno suyo últimamente tiene que ver con el exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia. Un juzgado de Barranquilla lo condenó a 4 años de prisión por el delito de soborno en actuación penal, pues el exdiplomático ayudó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y también Tapia, a lavar millonarias sumas de dinero que nunca fueron devueltas a las arcas del Distrito. Y luego trató de darle dinero a Tapia, quien le habría dado unos $4.500 millones para “lavar”, para que no testificara en su contra.
Emilio Tapia, quien fue condenado a 7 años de prisión por el carrusel de la contratación en Bogotá, acaba de perder su libertad condicional. Así lo determinó el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá, el cual revocó la decisión de diciembre de 2018, con la cual un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla reconoció que Tapia ya había estado tiempo suficiente tras las rejas y podía pasar el resto de la condena en detención domiciliaria. El excontratista tiene otra pena de 48 meses de prisión, también relacionada con el carrusel.
El juez tomó la decisión luego de determinar que en la sentencia que le dio libertad condicional no se valoró la gravedad de las actuaciones de Tapia en el carrusel de la contratación en Bogotá. De acuerdo con el documento, “se trata de una conducta grave en razón de que el sentenciado atentó contra la administración pública, afectando seriamente la transparencia de la contratación del Distrito Capital”. Además, señaló que el juzgado de ejecución de penas de Barranquilla pasó por alto los argumentos que mantendrían a Tapia tras las rejas al ser uno de los protagonistas claves del desfalco.
Según el juzgado que estableció que Tapia tiene que regresar a la cárcel, “utilizando una argumentación absurda e ilógica (…) el juez no realizó una valoración de la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias que en su momento fundamentaron la imposición de la condena, no sometió a juicio de reproche la conducta cometida por el sentenciado”. (El accidentado proceso de Emilio Tapia)
En la decisión judicial se puede leer que “la pena en este caso se hace necesaria para reprimir duramente las conductas que atentaron contra la administración pública”. De acuerdo con el documento, la corrupción promovida por Tapia incluyó “once contratos con una cuantía de 253 mil millones”, razón suficiente para que la decisión de que Tapia vuelva a la cárcel quede en firme.
La apelación fue elevada por el procurador 207 judicial penal, David de Aguas Urreas, quien aseguró que el juzgado en Barranquilla solamente revisó la valoración de las conductas fraudulentas de un solo proceso manejado en contra de Tapia. De acuerdo con el procurador Urrea, “se trata de una causa acumulada que consta de dos procesos penales, por tanto, el análisis debía integrar ambas condenas y no definirlo por un solo asunto, como se hizo”. En consecuencia, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá ordenó nuevamente la captura de Emilio Tapia “para que purge lo que le falta por cumplir de la pena en prisión”. (Emilio Tapia, en la casa de los excesos)
A finales de 2011, las investigaciones por el carrusel de la contratación durante la administración de Samuel Moreno arrancaron y prendieron las alarmas de quienes estaban involucrados. Los rumores de las diligencias habían llegado un año antes a oídos de Tapia, quien empezó a mover fichas para evitar ser capturado y enviado a la cárcel, un temor que empezó a creer con cada captura. Los eslabones del fraude empezaban a salir a la vista.
Durante su tiempo detenido, cada tanto, Tapia vuelve a aparecer en los medios de comunicación. En octubre de 2014, por ejemplo, videos y fotos de una parranda vallenata suya en La Picota trascendieron a los medios de comunicación y causaron la apertura de no menos de 15 investigaciones disciplinarias a funcionarios del Inpec. En febrero de este año se vieron fotos suyas en el carnaval de Barranquilla, aunque su abogado aseguró que Tapia ya había conseguido libertad plena tras haber cumplido las 3/5 partes de su sentencia. (Emilio Tapia: “no vamos ni en la mitad del carrusel”)
La noticia más importante que giró en torno suyo últimamente tiene que ver con el exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia. Un juzgado de Barranquilla lo condenó a 4 años de prisión por el delito de soborno en actuación penal, pues el exdiplomático ayudó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, y también Tapia, a lavar millonarias sumas de dinero que nunca fueron devueltas a las arcas del Distrito. Y luego trató de darle dinero a Tapia, quien le habría dado unos $4.500 millones para “lavar”, para que no testificara en su contra.