Caso Centros Poblados: declaración de Tapia abriría otro capítulo en investigación

El nombre de Emilio Tapia, empresario vinculado a distintos casos de corrupción, volvió a sonar recientemente por la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a través del cual aceptó su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados y recibió una pena de seis años de prisión, a cambio de colaborar con la justicia para ahondar en las investigaciones.

Tapia, quien fue señalado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, entregaría a las autoridades los nombres de al menos tres altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, que hicieron parte del caso en el que se perdieron $70.000 millones destinados a llevar conectividad digital a las zonas rurales del país.

Uno de los señalados por Tapia, según reveló una investigación de Cambio, es el exviceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla. Este sería el responsable de dilatar el proceso para que los empresarios Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro se hicieran a un jugoso contrato a través de la Unión Temporal Centros Poblados.

Según la información que se conoce sobre el caso, el estallido del escándalo de corrupción llevo a que el exviceministro Mantilla no pudiera recibir las coimas que le ofrecieron por ayudar a Centros Poblados a hacerse al contrato cuyo valor total superaba el billón de pesos.

Lea también: Caso Ungrd: congresista Karen Manrique guardó silencio ante la Corte Suprema

Desde su cargo en el Ministerio de las TIC, Mantilla fue el responsable de estructurar la parte técnica del proyecto Centros Digitales, a cuya licitación se presentó la Unión Temporal Centros Poblados.

Cuando la Fiscalía revisó las versiones entregadas en el proceso, se interesó en conocer qué otros funcionarios estarían involucrados. Por eso otorgó el preacuerdo al empresario Tapia, en una audiencia del pasado 21 de noviembre.

Tapia, quien se encuentra privado de la libertad en Barranquilla por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá, también tendrá que devolver $5.063 millones, de los cuales ya ha entregado $2.532 millones; así como dos propiedades avaluadas en $1.128 millones y $17.692 millones, respectivamente.

Si embargo, el verdadero interés de la Fiscalía era conocer nuevos nombres de altos funcionarios del gobierno Duque involucrados en el caso. El de Mantilla es el primero, que podría abrir una nueva fase en la investigación por el caso de corrupción, que también le costó el puesto a Karen Abudinen, entonces ministra de las TIC.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El nombre de Emilio Tapia, empresario vinculado a distintos casos de corrupción, volvió a sonar recientemente por la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a través del cual aceptó su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados y recibió una pena de seis años de prisión, a cambio de colaborar con la justicia para ahondar en las investigaciones.

Tapia, quien fue señalado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación, entregaría a las autoridades los nombres de al menos tres altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, que hicieron parte del caso en el que se perdieron $70.000 millones destinados a llevar conectividad digital a las zonas rurales del país.

Uno de los señalados por Tapia, según reveló una investigación de Cambio, es el exviceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla. Este sería el responsable de dilatar el proceso para que los empresarios Emilio Tapia, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro se hicieran a un jugoso contrato a través de la Unión Temporal Centros Poblados.

Según la información que se conoce sobre el caso, el estallido del escándalo de corrupción llevo a que el exviceministro Mantilla no pudiera recibir las coimas que le ofrecieron por ayudar a Centros Poblados a hacerse al contrato cuyo valor total superaba el billón de pesos.

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Desde su cargo en el Ministerio de las TIC, Mantilla fue el responsable de estructurar la parte técnica del proyecto Centros Digitales, a cuya licitación se presentó la Unión Temporal Centros Poblados.

Cuando la Fiscalía revisó las versiones entregadas en el proceso, se interesó en conocer qué otros funcionarios estarían involucrados. Por eso otorgó el preacuerdo al empresario Tapia, en una audiencia del pasado 21 de noviembre.

Tapia, quien se encuentra privado de la libertad en Barranquilla por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá, también tendrá que devolver $5.063 millones, de los cuales ya ha entregado $2.532 millones; así como dos propiedades avaluadas en $1.128 millones y $17.692 millones, respectivamente.

Si embargo, el verdadero interés de la Fiscalía era conocer nuevos nombres de altos funcionarios del gobierno Duque involucrados en el caso. El de Mantilla es el primero, que podría abrir una nueva fase en la investigación por el caso de corrupción, que también le costó el puesto a Karen Abudinen, entonces ministra de las TIC.

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