En abril se leerá la acusación a mujer que vendió apartamento a Armando Benedetti
Ruby Corredor le vendió un apartamento al senador Benedetti en una operación que los tiene a ambos bajo la lupa de la justicia. El próximo 7 de abril, la Fiscalía intentará, una vez más, llamarla a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al senador Armando Benedetti por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, hay menciones a una mujer clave en el caso: Ruby Corredor Ruiz. Luego de ser contratista del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia de Notariado, Corredor terminó vendiéndole a Benedetti un apartamento en el exclusivo sector de El Retiro, en Bogotá. La transacción los tiene en líos a ambos, y el próximo 7 de abril la exasesora política, que se declara inocente, tiene una cita con la justicia para ser llamada a juicio por estos hechos.
(En contexto: En abril se leerá la acusación a mujer que vendió apartamento a Armando Benedetti)
El apartamento se lo había quitado la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a un narco y en 2009 lo pusieron en remate, proceso del que se benefició Ruby Corredor. En octubre de 2010 se oficializó el traspaso y la mujer hizo llegar un cheque por $1.600 millones para pagar. No obstante, según la Corte Suprema, el cheque ni siquiera estaba a su nombre, sino que lo giró la empresa Factoring Servimos. Con todos los trámites notariales y de registro, la mujer terminó gastando $45 millones por encima del precio del inmueble. Y, dos meses más tarde, le vendió la propiedad a su Benedetti.
La Unida de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) advirtió posibles irregularidades en este negocio en 2018, pues Ruby Corredor no tendría los recursos para justificar una compra así. Asimismo, dijo la Fiscalía en el documento con el que la va a llamar a juicio: “La operación de compra y venta de dicho inmueble careció por completo de rentabilidad y al contrario acarreó pérdida económica para la procesada. La procesada nunca vivió, disfruto o arrendó dicho inmueble durante el lapso que transcurrió entre la adjudicación, adquisición y enajenación”.
(Le puede interesar: Mujer que vendió apartamento a senador Benedetti se declara inocente por lavado de activos)
Consultado por este diario, Carlos Andrés Gómez, abogado de la asesora política dijo: “Ruby Corredor es inocente. No sé qué tenga Armando Benedetti, pero la negociación del apartamento fue transparente, están todos los soportes. El negocio tiene todas las explicaciones para nosotros y me imagino que para el senador también, aunque no conozco en detalle su proceso en la Corte Suprema. Ruby Corredor es una trabajadora conocida en el sector público y privado y una persona intachable. La Fiscalía no tiene nada para desvirtuar su inocencia y nosotros, en cambio, tenemos cómo mostrar que el negocio se hizo con todos los elementos de la ley”.
En el marco de la investigación, la Fiscalía verificó si, tal vez, la mujer había pedido un préstamo en un banco. No fue así. Según explicó ella misma en el ente investigador, Corredor, “supuestamente fue objeto de un préstamo por parte de una sociedad para la cancelación de la última cuota del apartamento, ya que así lo informó a una entidad estatal, sin embargo, una vez analizados los pagos no solo no coincide con las cifras dadas a conocer a dicha entidad, sino que el cheque fue emitido por otra sociedad”, añade el escrito de acusación.
Y el señalamiento más duro de la Fiscalía viene después: “Del estudio y análisis de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y referida a la elaboración de estudio técnico que condensa irregularidades económicas, contables y tributarias, así como otro de análisis puede concluirse que Ruby Corredor no tenía la capacidad económica para haber adquirido el inmueble, sino que se trató de una presunta operación de blanqueo de capitales con la única finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito de unos recursos”.
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Entre otras cosas, la Fiscalía encontró que Armando Benedetti “aparece en documentos expedidos por la administración del conjunto Altos del Retiro del mes de julio de 2009, fecha anterior a que lo adquiriera”. Para ese año, además, Corredor no tenía la capacidad económica para meterse en ese negocio. Y, como si fuera poco, “la procesada presentó incrementos patrimoniales injustificados para los años 2009, 2010 y 2011 por $195.623.868, $204.797.734 y $130.393.373.50 respectivamente”, añade el documento del ente investigador.
Para la Fiscalía, todo este episodio configura los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por ello comenzó a judicializar a Ruby Corredor desde finales de 2019, pero durante 2020, cuando pretendía llamarla a juicio, presentó varios escritos de acusación confusos, que un juez de Bogotá le ordenó corregir. “Han cambiado fiscales, han cambiado los escritos de acusación. Llevamos un año en estas y no hemos podido hacer la audiencia de acusación. Ella no está detenida, pero tiene prohibido salir del país”, añadió su abogado, Carlos Andrés Gómez.
El senador Benedetti ha dicho que el proceso penal en su contra tiene más tintes políticos. Su abogado Miguel Ángel del Río anunció que recusará a la magistrada que lleva el caso, luego de que la Corte Suprema anunciara que llamará a indagatoria al legislador.
En la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al senador Armando Benedetti por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, hay menciones a una mujer clave en el caso: Ruby Corredor Ruiz. Luego de ser contratista del Ministerio de Justicia y de la Superintendencia de Notariado, Corredor terminó vendiéndole a Benedetti un apartamento en el exclusivo sector de El Retiro, en Bogotá. La transacción los tiene en líos a ambos, y el próximo 7 de abril la exasesora política, que se declara inocente, tiene una cita con la justicia para ser llamada a juicio por estos hechos.
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El apartamento se lo había quitado la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a un narco y en 2009 lo pusieron en remate, proceso del que se benefició Ruby Corredor. En octubre de 2010 se oficializó el traspaso y la mujer hizo llegar un cheque por $1.600 millones para pagar. No obstante, según la Corte Suprema, el cheque ni siquiera estaba a su nombre, sino que lo giró la empresa Factoring Servimos. Con todos los trámites notariales y de registro, la mujer terminó gastando $45 millones por encima del precio del inmueble. Y, dos meses más tarde, le vendió la propiedad a su Benedetti.
La Unida de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) advirtió posibles irregularidades en este negocio en 2018, pues Ruby Corredor no tendría los recursos para justificar una compra así. Asimismo, dijo la Fiscalía en el documento con el que la va a llamar a juicio: “La operación de compra y venta de dicho inmueble careció por completo de rentabilidad y al contrario acarreó pérdida económica para la procesada. La procesada nunca vivió, disfruto o arrendó dicho inmueble durante el lapso que transcurrió entre la adjudicación, adquisición y enajenación”.
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Consultado por este diario, Carlos Andrés Gómez, abogado de la asesora política dijo: “Ruby Corredor es inocente. No sé qué tenga Armando Benedetti, pero la negociación del apartamento fue transparente, están todos los soportes. El negocio tiene todas las explicaciones para nosotros y me imagino que para el senador también, aunque no conozco en detalle su proceso en la Corte Suprema. Ruby Corredor es una trabajadora conocida en el sector público y privado y una persona intachable. La Fiscalía no tiene nada para desvirtuar su inocencia y nosotros, en cambio, tenemos cómo mostrar que el negocio se hizo con todos los elementos de la ley”.
En el marco de la investigación, la Fiscalía verificó si, tal vez, la mujer había pedido un préstamo en un banco. No fue así. Según explicó ella misma en el ente investigador, Corredor, “supuestamente fue objeto de un préstamo por parte de una sociedad para la cancelación de la última cuota del apartamento, ya que así lo informó a una entidad estatal, sin embargo, una vez analizados los pagos no solo no coincide con las cifras dadas a conocer a dicha entidad, sino que el cheque fue emitido por otra sociedad”, añade el escrito de acusación.
Y el señalamiento más duro de la Fiscalía viene después: “Del estudio y análisis de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y referida a la elaboración de estudio técnico que condensa irregularidades económicas, contables y tributarias, así como otro de análisis puede concluirse que Ruby Corredor no tenía la capacidad económica para haber adquirido el inmueble, sino que se trató de una presunta operación de blanqueo de capitales con la única finalidad de ocultar y encubrir el origen ilícito de unos recursos”.
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Entre otras cosas, la Fiscalía encontró que Armando Benedetti “aparece en documentos expedidos por la administración del conjunto Altos del Retiro del mes de julio de 2009, fecha anterior a que lo adquiriera”. Para ese año, además, Corredor no tenía la capacidad económica para meterse en ese negocio. Y, como si fuera poco, “la procesada presentó incrementos patrimoniales injustificados para los años 2009, 2010 y 2011 por $195.623.868, $204.797.734 y $130.393.373.50 respectivamente”, añade el documento del ente investigador.
Para la Fiscalía, todo este episodio configura los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por ello comenzó a judicializar a Ruby Corredor desde finales de 2019, pero durante 2020, cuando pretendía llamarla a juicio, presentó varios escritos de acusación confusos, que un juez de Bogotá le ordenó corregir. “Han cambiado fiscales, han cambiado los escritos de acusación. Llevamos un año en estas y no hemos podido hacer la audiencia de acusación. Ella no está detenida, pero tiene prohibido salir del país”, añadió su abogado, Carlos Andrés Gómez.
El senador Benedetti ha dicho que el proceso penal en su contra tiene más tintes políticos. Su abogado Miguel Ángel del Río anunció que recusará a la magistrada que lleva el caso, luego de que la Corte Suprema anunciara que llamará a indagatoria al legislador.