“En Colombia hay serios problemas de inseguridad y de economías ilícitas”: CIDH
En su último día en Colombia, la Comisión Interamericana entregó un balance de su visita. Durante el recorrido, y tras entrevistar a víctimas, el órgano internacional evidenció que “la no implementación del Acuerdo de Paz ha generado el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales y se ha fortalecido la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas”.
La visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la modalidad de in loco (mecanismo de protección de derechos humanos que les abre la puerta a todos los comisionados para monitorear y recoger información) terminó este viernes 19 de abril. Entre sus principales hallazgos, este organismo internacional encontró varios problemas, principalmente respecto a la situación de inseguridad y cómo esta afecta directamente la situación de derechos humanos.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, ante los micrófonos en una rueda de prensa, aseguró que sostuvieron más de 15 reuniones con instituciones del Estado y más de 40 encuentros con organizaciones sociales, académicos y víctimas del conflicto. Sin embargo, desde su última visita in loco desde 2012, el panorama de pobreza y desigualdad permanece debido a la “fuerte presencia de grupos armados”. Y agregó: “La Comisión enfatiza que en Colombia hay serios problemas de inseguridad y de fortalecimiento de economías ilícitas”.
A renglón seguido, José Luis Caballero, segundo vicepresidente y relator para Colombia, señaló que “históricamente la discriminación se ha enfocado en la inexistencia de varias comunidades”. “Se ha excluido a indígenas, afrocolombianos y comunidades raizales y palenqueras. El patriarcado ha creado un ecosistema de discriminación que vulnera a mujeres, niñas y a la población LGBTIQ+”. De acuerdo con el relator, la discriminación tiene sus raíces en el conflicto armado y tuvo un auge en las manifestaciones sociales de 2019, 2020 y 2021, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Al hablar de la implementación del Acuerdo de Paz, Caballero mencionó que, durante el recorrido de la Comisión y tras entrevistar a víctimas, “la no implementación del acuerdo de paz ha generado el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales y se ha fortalecido la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas. El conflicto sigue socavando el disfrute de los derechos humanos en el país. Esto se ve en las estigmatizaciones y asesinatos de lideres sociales, comunitarios y firmantes del acuerdo de paz, sobre todo a reclamantes de tierras, y también a periodistas”. De acuerdo con el organismo internacional, en palabras de Caballero, la violencia de género sigue siendo un flagelo de gran afectación para niñas y mujeres campesinas e indígenas, “que siguen sufriendo violencia sexual y reproductiva por parte de actores armados”.
Recomendaciones para Colombia
La Comisión señaló que, ante todo, reafirma toda política de Estado que busque alcanzar la paz. Para ello, y con el objetivo de dejar una hoja de ruta para los poderes del Estado, la CIDH dejó en firme una serie de recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. En primer lugar, la Comisión recomendó al Estado a desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso a los derechos humanos y disminuya las desigualdades y su presencia en el territorio.
Como segunda medida, el organismo instó al Ejecutivo con su obligación de proteger la vida y garantizar la seguridad de las comunidades, sobre todo en los territorios donde aún permanece el cese al fuego, teniendo en cuenta que en Cauca, Valle del Cauca y Nariño esa medida fue levantada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su tercer punto, llamó al Congreso a priorizar el debate constructivo y los consensos, que permita leyes para implementar el Acuerdo de Paz.
Respecto al poder Judicial, la Comisión le pidió a la Fiscalía General de la Nación fortalecer sus acciones para investigar, sancionar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de vulneraciones a los derechos humanos. En su último punto, la Comisión “insta la coordinación entre las autoridades municipales y las comunidades para garantizar acceso al agua y vías de comunicación, así como alternativas reales para todas las personas y la juventud. La CIDH confía en que se puedan lograr los acuerdos sociales y políticos para alcanzar la paz y garantizar los derechos humanos en Colombia”.
La visita in loco de la Comisión inició el lunes 15 de abril, en la cual sostuvieron encuentros con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como con la mesa técnica del Congreso. Días más tarde, se reunieron con la Sala Plena de la Corte Constitucional y, un día antes de finalizar su cita de cinco días en Colombia, hablaron con la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la procuradora, Margarita Cabello y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. La ruta durante los últimos días también se llevó a cabo en las cárceles de La Modelo y El Buen Pastor, con el fin de revisar la situación de derechos humanos al interior de los penitenciarios.
La última visita de la CIDH a Colombia, bajo la modalidad de in loco, fue hace más de 10 años. En 2012, por invitación del entonces presidente Juan Manuel Santos, la Comisión llegó al país para evaluar las condiciones de derechos humanos en diferentes territorios, pues la escalada de violencia entre las Fuerzas Militares y la guerrilla de las Farc era una realidad constante, cuatro años antes de la firma del Acuerdo de Paz. No obstante, este órgano internacional también aterrizó en suelo colombiano en 2021 para hacer una visita de trabajo, analizando la situación de derechos humanos durante las manifestaciones que se desataron en contra del gobierno de Iván Duque.
La visita que terminó este viernes 19 de abril estuvo liderada por la presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, y el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero. Si bien las reuniones de la CIDH con las ramas del poder fueron de vital importancia para revisar cómo está la situación de derechos humanos, varias organizaciones sociales hicieron un llamado para tener un espacio con el organismo internacional, pues tienen información de primera mano sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Comisión, entonces, antes de llegar a Colombia, abrió un formulario de inscripción para que organizaciones de la sociedad civil se inscribieran para exponer sus datos y preocupaciones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la modalidad de in loco (mecanismo de protección de derechos humanos que les abre la puerta a todos los comisionados para monitorear y recoger información) terminó este viernes 19 de abril. Entre sus principales hallazgos, este organismo internacional encontró varios problemas, principalmente respecto a la situación de inseguridad y cómo esta afecta directamente la situación de derechos humanos.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, ante los micrófonos en una rueda de prensa, aseguró que sostuvieron más de 15 reuniones con instituciones del Estado y más de 40 encuentros con organizaciones sociales, académicos y víctimas del conflicto. Sin embargo, desde su última visita in loco desde 2012, el panorama de pobreza y desigualdad permanece debido a la “fuerte presencia de grupos armados”. Y agregó: “La Comisión enfatiza que en Colombia hay serios problemas de inseguridad y de fortalecimiento de economías ilícitas”.
A renglón seguido, José Luis Caballero, segundo vicepresidente y relator para Colombia, señaló que “históricamente la discriminación se ha enfocado en la inexistencia de varias comunidades”. “Se ha excluido a indígenas, afrocolombianos y comunidades raizales y palenqueras. El patriarcado ha creado un ecosistema de discriminación que vulnera a mujeres, niñas y a la población LGBTIQ+”. De acuerdo con el relator, la discriminación tiene sus raíces en el conflicto armado y tuvo un auge en las manifestaciones sociales de 2019, 2020 y 2021, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Al hablar de la implementación del Acuerdo de Paz, Caballero mencionó que, durante el recorrido de la Comisión y tras entrevistar a víctimas, “la no implementación del acuerdo de paz ha generado el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales y se ha fortalecido la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas. El conflicto sigue socavando el disfrute de los derechos humanos en el país. Esto se ve en las estigmatizaciones y asesinatos de lideres sociales, comunitarios y firmantes del acuerdo de paz, sobre todo a reclamantes de tierras, y también a periodistas”. De acuerdo con el organismo internacional, en palabras de Caballero, la violencia de género sigue siendo un flagelo de gran afectación para niñas y mujeres campesinas e indígenas, “que siguen sufriendo violencia sexual y reproductiva por parte de actores armados”.
Recomendaciones para Colombia
La Comisión señaló que, ante todo, reafirma toda política de Estado que busque alcanzar la paz. Para ello, y con el objetivo de dejar una hoja de ruta para los poderes del Estado, la CIDH dejó en firme una serie de recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. En primer lugar, la Comisión recomendó al Estado a desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso a los derechos humanos y disminuya las desigualdades y su presencia en el territorio.
Como segunda medida, el organismo instó al Ejecutivo con su obligación de proteger la vida y garantizar la seguridad de las comunidades, sobre todo en los territorios donde aún permanece el cese al fuego, teniendo en cuenta que en Cauca, Valle del Cauca y Nariño esa medida fue levantada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su tercer punto, llamó al Congreso a priorizar el debate constructivo y los consensos, que permita leyes para implementar el Acuerdo de Paz.
Respecto al poder Judicial, la Comisión le pidió a la Fiscalía General de la Nación fortalecer sus acciones para investigar, sancionar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de vulneraciones a los derechos humanos. En su último punto, la Comisión “insta la coordinación entre las autoridades municipales y las comunidades para garantizar acceso al agua y vías de comunicación, así como alternativas reales para todas las personas y la juventud. La CIDH confía en que se puedan lograr los acuerdos sociales y políticos para alcanzar la paz y garantizar los derechos humanos en Colombia”.
La visita in loco de la Comisión inició el lunes 15 de abril, en la cual sostuvieron encuentros con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como con la mesa técnica del Congreso. Días más tarde, se reunieron con la Sala Plena de la Corte Constitucional y, un día antes de finalizar su cita de cinco días en Colombia, hablaron con la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la procuradora, Margarita Cabello y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. La ruta durante los últimos días también se llevó a cabo en las cárceles de La Modelo y El Buen Pastor, con el fin de revisar la situación de derechos humanos al interior de los penitenciarios.
La última visita de la CIDH a Colombia, bajo la modalidad de in loco, fue hace más de 10 años. En 2012, por invitación del entonces presidente Juan Manuel Santos, la Comisión llegó al país para evaluar las condiciones de derechos humanos en diferentes territorios, pues la escalada de violencia entre las Fuerzas Militares y la guerrilla de las Farc era una realidad constante, cuatro años antes de la firma del Acuerdo de Paz. No obstante, este órgano internacional también aterrizó en suelo colombiano en 2021 para hacer una visita de trabajo, analizando la situación de derechos humanos durante las manifestaciones que se desataron en contra del gobierno de Iván Duque.
La visita que terminó este viernes 19 de abril estuvo liderada por la presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, y el segundo vicepresidente y relator para Colombia, José Luis Caballero. Si bien las reuniones de la CIDH con las ramas del poder fueron de vital importancia para revisar cómo está la situación de derechos humanos, varias organizaciones sociales hicieron un llamado para tener un espacio con el organismo internacional, pues tienen información de primera mano sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Comisión, entonces, antes de llegar a Colombia, abrió un formulario de inscripción para que organizaciones de la sociedad civil se inscribieran para exponer sus datos y preocupaciones.
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