En el clóset por culpa de la guerra

10 de mayo de 2003: el paramilitar alias el Oso organizó una pelea de boxeo en el corregimiento Alto de Julio (Sucre), en la que 16 jóvenes gais fueron obligados a subir al ring y combatir entre ellos más de 14 veces con el fin de “entretener”, como si se tratara de un circo, a los asistentes.

12 de enero de 2002: Mama Mía, una mujer trans, fue asesinada, desmembrada y arrojada al río Magdalena por las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB).

1998-2002: las Farc impusieron en Meta y Caquetá la prueba de VIH y forzaron a miembros de la comunidad LGBTI a salir de sus casas y establecimientos para practicársela.

Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado fue y sigue siendo para las personas LGBTI casi una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Los grupos al margen de la ley no sólo han arrasado con poblaciones enteras, sino que han impuesto una sola forma de orientación sexual: la heterosexualidad.

Salirse de esos moldes implica recibir “medidas correctivas” que son aplicadas, en su mayoría, en los espacios públicos. Apaleamiento, violaciones sexuales y asfixia mecánica son algunas de las atrocidades cometidas con más frecuencia contra esta comunidad, según Colombia Diversa. Además victimizan a quienes por miedo a correr con la misma suerte se quedan en el clóset ocultando su identidad de género. “Una de las características de la violencia por prejuicio es que no afecta únicamente a las víctimas directas; envía un mensaje de intimidación y rechazo”, explica Marcela Sánchez, directora de esa organización.

Infundir ese miedo replica un mensaje que entre susurros se conoce como “a mayor visibilidad, mayor riesgo”, agrega Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. El número de esas víctimas indirectas LGBTI por culpa de la guerra es incierto, entre otras cosas porque aún hay personas que ocultan su orientación sexual y porque es un estudio que aún no se ha dado en el país.

“Las Farc me reclutaron y no podía decir que era gay”

En la antesala de sus 15 años, Darla Cristina González Arias, en ese entonces Cristian Camilo González, vio mientras jugaba en una cancha de San Luis (Antioquia) que guerrilleros del frente 9 de las Farc descendían de una camioneta y fijaban su mirada en él. “Yo estaba con dos amigos. Nos dijeron: ‘Nos vamos’. Subimos al carro, nos llevaron hasta Granada y caminamos más de 12 horas hasta una escuela de formación de la guerrilla. Ahí recibimos, durante cinco meses, entrenamiento militar sobre la ideología política de las Farc y el manejo de armas. Había restricciones en la comida, un tiempo para bañarnos y un día a la semana de descanso”, recuerda González.

Aunque no le pusieron un revólver en la cabeza, reconoce que le “trabajaron mucho tiempo la cabeza. Las Farc eran el ejército del pueblo que nos enseñaba que la lucha era justa y por el campesinado”. Desde que es consciente, asegura que se sintió atraída por los hombres. En silencio, era un niño gay en el campo, “donde a todos les gustaban las niñas y yo creía que era el único con esas características ‘extrañas’”.

Tanto los ilegales como la sociedad condenaban estas orientaciones. Cuando en el entrenamiento alguien mostraba signos de debilidad lo llamaban “marica”. “Eso era una forma prerrogativa de referirse al homosexualismo. A un chico del pueblo, que era profesor de danza y abiertamente gay, lo mataron y lo dejaron a la orilla del río, y todo el mundo decía que lo habían matado por ‘marica’, en una limpieza social. Siempre ha existido esa forma de justificación y victimización”.

Cuando estaba listo para el combate, a Cristian le dieron la oportunidad de visitar a sus padres, pero pasó de largo y escapó a Cali (Valle), donde vivió en la calle por dos meses. Al desertar, las Farc le prohibieron a su familia salir del pueblo mientras se comprobaba que el menor no se hubiera aliado con el Eln, los paramilitares o el Ejército.

Hasta que Cristian fue visto en un parque de Buenaventura (Valle), vendiendo Bon Ice en una esquina, sus padres y dos hermanas no vivieron sin la sombra de las Farc. Comprobar que “no estaba haciendo algo malo” constituyó sus boletos de libertad.

Antes de cumplir 18 años, el joven se había desplazado por Pereira, Armenia, Manizales, Cartago y Bucaramanga, donde un día leyendo un periódico se encontró con un anuncio para adultos que solicitaban personal. Así terminó en una casa de prostitución y comenzaría a ejercer como trabajador sexual en la calle, hasta un lustro. Hoy, a sus 30 años y reconocida como mujer trans, Darla aspira al Concejo de Pasto y es la coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en Nariño.

Ahora, desde su papel como defensora de derechos de las víctimas LGBTI y con siete amenazas en contra, afirma que pertenecer a esa comunidad sigue siendo un riesgo en las zonas de conflicto. “Muchas personas que aún viven en el campo siguen ocultando su identidad de género y orientación sexual por temor a represalias. Hay gente gay que se casa con heterosexuales y tienen hijos, porque desde el púlpito se enseña que lo normal es procrear. He conocido personas que han salido del clóset a los 30 años porque antes no podían, las mataban”.

“Me tengo que restringir en la calle”

La crueldad del conflicto golpeó por primera vez a la familia de Bryan Yuseth Archbold Valle cuando éste tenía 16 años. Su padre, quien vivía en Santa Marta y trabajaba como vigilante de seguridad en una lotería, fue asesinado junto a otros empleados por los Paisas. A la par, en Soledad (Atlántico), donde Archbold ha residido con su mamá, los LGBTI eran blanco de intimidaciones por medio de panfletos. Debido a esto, Bryan ocultó que era bisexual hasta los 19 años, cuando ingresó a la Universidad del Atlántico a estudiar sociología.

“Las amenazas han sido firmadas por los Rastrojos, las Auc, siempre varía. Después de las 9:30 p.m. una persona LGBTI corre riesgo en la calle. Cuando estoy con mi pareja trato de no ser tan visible y actuar como los demás quieren que actúe. No me agarro de mano con mi novio y no nos besamos en público. Hace poco, a una trans la degollaron en un barrio cerca a mi casa frente a todo el mundo como a las 5:00 a.m.”, dice Archbold.

En busca de la verdad

Ante un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será fundamental para el reconocimiento de las víctimas, para entender la complejidad del conflicto y para promover el diálogo y espacios en los que las víctimas se vean dignificadas. En todo esto también será transversal el enfoque de género.

Activistas por los derechos de los LGBTI, como Sánchez y Castañeda, coinciden en que es necesario que esta comisión determine el número de hechos y víctimas de esa población, porque hasta ahora no se conocen las dimensiones reales de la afectación y hay un subregistro por la falta de unificación de una entidad a otra.

De acuerdo con Castañeda, esta comisión, además, debe recopilar la información de víctimas indirectas, “es necesario para la construcción de una paz real y duradera”. Pero también hay retos en el posconflicto: “Hay que establecer acciones educativas para que el país no repita el caso de Nicaragua, donde los reinsertados no fueron preparados para el respeto de aquellos a quienes antes atacaban, y luego desde la legalidad continuaron los actos discriminatorios contra estas personas”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia hay 7’712.010 víctimas registradas, de las cuales 1.795 son LGBTI. Los hechos más denunciados son el desplazamiento forzado (73,3%), las amenazas (14,2%), los homicidios (5,3%) y la violencia sexual (2,4%). Las principales zonas donde se declaran son Antioquia (491), Bogotá (203), Bolívar (116), Córdoba (98) y Valle (96). La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, según expertos, fue precisamente un referente jurídico para avanzar en el reconocimiento de derechos de los LGBTI, porque incluyó la definición de enfoque diferencial.

Por su parte, en el marco de la Ley de Justicia y Paz se conoció el 16 de diciembre una sentencia histórica que reconoció por primera vez a un grupo de víctimas LGBTI en el proceso contra alias Botalón y otros postulados de las ACPB. “Un triunfo significativo por ser el primero, pero al mismo tiempo denota el poco trabajo en el tema”, concluye Castañeda.

En la decisión, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá consideró que las ACPB cometieron graves violaciones a los DD.HH. de los LGBTI, “una población históricamente discriminada en Colombia”, y exhortó a la Fiscalía a visibilizar este tipo de hechos, así como a diseñar un registro de víctimas del conflicto armado por violencia basada en la orientación sexual o identidad de género diversas y un protocolo para su atención.

Asimismo reconoció que en el país hay pocos estudios sobre esta materia y que el conflicto armado ha permitido que violadores de los DD.HH., como las ACPB, tomaran la justicia en sus manos e impartieran castigos a quienes consideraban infractores, y aclaró que esto no es válido ni justificable y que es el derecho penal el que dictamina quién es culpable o no y cuáles son las sanciones que deben imponerse.

10 de mayo de 2003: el paramilitar alias el Oso organizó una pelea de boxeo en el corregimiento Alto de Julio (Sucre), en la que 16 jóvenes gais fueron obligados a subir al ring y combatir entre ellos más de 14 veces con el fin de “entretener”, como si se tratara de un circo, a los asistentes.

12 de enero de 2002: Mama Mía, una mujer trans, fue asesinada, desmembrada y arrojada al río Magdalena por las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB).

1998-2002: las Farc impusieron en Meta y Caquetá la prueba de VIH y forzaron a miembros de la comunidad LGBTI a salir de sus casas y establecimientos para practicársela.

Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado fue y sigue siendo para las personas LGBTI casi una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Los grupos al margen de la ley no sólo han arrasado con poblaciones enteras, sino que han impuesto una sola forma de orientación sexual: la heterosexualidad.

Salirse de esos moldes implica recibir “medidas correctivas” que son aplicadas, en su mayoría, en los espacios públicos. Apaleamiento, violaciones sexuales y asfixia mecánica son algunas de las atrocidades cometidas con más frecuencia contra esta comunidad, según Colombia Diversa. Además victimizan a quienes por miedo a correr con la misma suerte se quedan en el clóset ocultando su identidad de género. “Una de las características de la violencia por prejuicio es que no afecta únicamente a las víctimas directas; envía un mensaje de intimidación y rechazo”, explica Marcela Sánchez, directora de esa organización.

Infundir ese miedo replica un mensaje que entre susurros se conoce como “a mayor visibilidad, mayor riesgo”, agrega Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. El número de esas víctimas indirectas LGBTI por culpa de la guerra es incierto, entre otras cosas porque aún hay personas que ocultan su orientación sexual y porque es un estudio que aún no se ha dado en el país.

“Las Farc me reclutaron y no podía decir que era gay”

En la antesala de sus 15 años, Darla Cristina González Arias, en ese entonces Cristian Camilo González, vio mientras jugaba en una cancha de San Luis (Antioquia) que guerrilleros del frente 9 de las Farc descendían de una camioneta y fijaban su mirada en él. “Yo estaba con dos amigos. Nos dijeron: ‘Nos vamos’. Subimos al carro, nos llevaron hasta Granada y caminamos más de 12 horas hasta una escuela de formación de la guerrilla. Ahí recibimos, durante cinco meses, entrenamiento militar sobre la ideología política de las Farc y el manejo de armas. Había restricciones en la comida, un tiempo para bañarnos y un día a la semana de descanso”, recuerda González.

Aunque no le pusieron un revólver en la cabeza, reconoce que le “trabajaron mucho tiempo la cabeza. Las Farc eran el ejército del pueblo que nos enseñaba que la lucha era justa y por el campesinado”. Desde que es consciente, asegura que se sintió atraída por los hombres. En silencio, era un niño gay en el campo, “donde a todos les gustaban las niñas y yo creía que era el único con esas características ‘extrañas’”.

Tanto los ilegales como la sociedad condenaban estas orientaciones. Cuando en el entrenamiento alguien mostraba signos de debilidad lo llamaban “marica”. “Eso era una forma prerrogativa de referirse al homosexualismo. A un chico del pueblo, que era profesor de danza y abiertamente gay, lo mataron y lo dejaron a la orilla del río, y todo el mundo decía que lo habían matado por ‘marica’, en una limpieza social. Siempre ha existido esa forma de justificación y victimización”.

Cuando estaba listo para el combate, a Cristian le dieron la oportunidad de visitar a sus padres, pero pasó de largo y escapó a Cali (Valle), donde vivió en la calle por dos meses. Al desertar, las Farc le prohibieron a su familia salir del pueblo mientras se comprobaba que el menor no se hubiera aliado con el Eln, los paramilitares o el Ejército.

Hasta que Cristian fue visto en un parque de Buenaventura (Valle), vendiendo Bon Ice en una esquina, sus padres y dos hermanas no vivieron sin la sombra de las Farc. Comprobar que “no estaba haciendo algo malo” constituyó sus boletos de libertad.

Antes de cumplir 18 años, el joven se había desplazado por Pereira, Armenia, Manizales, Cartago y Bucaramanga, donde un día leyendo un periódico se encontró con un anuncio para adultos que solicitaban personal. Así terminó en una casa de prostitución y comenzaría a ejercer como trabajador sexual en la calle, hasta un lustro. Hoy, a sus 30 años y reconocida como mujer trans, Darla aspira al Concejo de Pasto y es la coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en Nariño.

Ahora, desde su papel como defensora de derechos de las víctimas LGBTI y con siete amenazas en contra, afirma que pertenecer a esa comunidad sigue siendo un riesgo en las zonas de conflicto. “Muchas personas que aún viven en el campo siguen ocultando su identidad de género y orientación sexual por temor a represalias. Hay gente gay que se casa con heterosexuales y tienen hijos, porque desde el púlpito se enseña que lo normal es procrear. He conocido personas que han salido del clóset a los 30 años porque antes no podían, las mataban”.

“Me tengo que restringir en la calle”

La crueldad del conflicto golpeó por primera vez a la familia de Bryan Yuseth Archbold Valle cuando éste tenía 16 años. Su padre, quien vivía en Santa Marta y trabajaba como vigilante de seguridad en una lotería, fue asesinado junto a otros empleados por los Paisas. A la par, en Soledad (Atlántico), donde Archbold ha residido con su mamá, los LGBTI eran blanco de intimidaciones por medio de panfletos. Debido a esto, Bryan ocultó que era bisexual hasta los 19 años, cuando ingresó a la Universidad del Atlántico a estudiar sociología.

“Las amenazas han sido firmadas por los Rastrojos, las Auc, siempre varía. Después de las 9:30 p.m. una persona LGBTI corre riesgo en la calle. Cuando estoy con mi pareja trato de no ser tan visible y actuar como los demás quieren que actúe. No me agarro de mano con mi novio y no nos besamos en público. Hace poco, a una trans la degollaron en un barrio cerca a mi casa frente a todo el mundo como a las 5:00 a.m.”, dice Archbold.

En busca de la verdad

Ante un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será fundamental para el reconocimiento de las víctimas, para entender la complejidad del conflicto y para promover el diálogo y espacios en los que las víctimas se vean dignificadas. En todo esto también será transversal el enfoque de género.

Activistas por los derechos de los LGBTI, como Sánchez y Castañeda, coinciden en que es necesario que esta comisión determine el número de hechos y víctimas de esa población, porque hasta ahora no se conocen las dimensiones reales de la afectación y hay un subregistro por la falta de unificación de una entidad a otra.

De acuerdo con Castañeda, esta comisión, además, debe recopilar la información de víctimas indirectas, “es necesario para la construcción de una paz real y duradera”. Pero también hay retos en el posconflicto: “Hay que establecer acciones educativas para que el país no repita el caso de Nicaragua, donde los reinsertados no fueron preparados para el respeto de aquellos a quienes antes atacaban, y luego desde la legalidad continuaron los actos discriminatorios contra estas personas”.

Según la Unidad de Víctimas, en Colombia hay 7’712.010 víctimas registradas, de las cuales 1.795 son LGBTI. Los hechos más denunciados son el desplazamiento forzado (73,3%), las amenazas (14,2%), los homicidios (5,3%) y la violencia sexual (2,4%). Las principales zonas donde se declaran son Antioquia (491), Bogotá (203), Bolívar (116), Córdoba (98) y Valle (96). La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, según expertos, fue precisamente un referente jurídico para avanzar en el reconocimiento de derechos de los LGBTI, porque incluyó la definición de enfoque diferencial.

Por su parte, en el marco de la Ley de Justicia y Paz se conoció el 16 de diciembre una sentencia histórica que reconoció por primera vez a un grupo de víctimas LGBTI en el proceso contra alias Botalón y otros postulados de las ACPB. “Un triunfo significativo por ser el primero, pero al mismo tiempo denota el poco trabajo en el tema”, concluye Castañeda.

En la decisión, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá consideró que las ACPB cometieron graves violaciones a los DD.HH. de los LGBTI, “una población históricamente discriminada en Colombia”, y exhortó a la Fiscalía a visibilizar este tipo de hechos, así como a diseñar un registro de víctimas del conflicto armado por violencia basada en la orientación sexual o identidad de género diversas y un protocolo para su atención.

Asimismo reconoció que en el país hay pocos estudios sobre esta materia y que el conflicto armado ha permitido que violadores de los DD.HH., como las ACPB, tomaran la justicia en sus manos e impartieran castigos a quienes consideraban infractores, y aclaró que esto no es válido ni justificable y que es el derecho penal el que dictamina quién es culpable o no y cuáles son las sanciones que deben imponerse.