"En el crimen de Jaime Garzón se quiso garantizar la impunidad"

Para el abogado Sebastián Escobar, después de 18 años del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero la impunidad sigue reinando. Las personas que sabían en su momento quiénes estaban detrás del asesinato que enlutó a Colombia fueron desaparecidas una a una en un plan criminal que contó con la participación de grupos paramilitares y agentes del Estado.

Todas estas acciones tenían un objetivo: que el caso quedará impune. Desde el principio se creó un plan con el fin de desviar cualquier tipo de investigación que se realizara frente a este tema. Para esto se presentaron informes de inteligencia falsos, testimonios contradictorios y pruebas manipuladas.

Las pruebas presentadas en ese entonces por la Fiscalía General para procesar a alias ‘Bochas’ y ‘Ayala’ como los autores materiales del crimen fueron descartadas en el desarrollo del juicio y se emitió fallo absolutorio. El proceso durmió el sueño de los justos durante más de 10 años.   

Escobar, quien representa los intereses de los familiares del periodista, sostiene que desde el primer minuto se pactó la estrategia para afectar la investigación, acusar a inocentes y eliminar cualquier tipo de prueba. Todos los testigos fueron asesinados y el expediente dio vueltas por varios despachos en la Fiscalía General.

“La desviación de la investigación tenía como finalidad garantizar la impunidad frente a este caso”, precisó el abogado. En este sentido señaló que se presentó una división del trabajo para lograr este objetivo: “habían unos que estaban encargados de ejecutar los planes criminales y los objetivos, y otros encargados de facilitar la impunidad”.

Pese a que en la Fiscalía de Eduardo Montealegre se anunció la apertura de investigación por estos hechos, los resultados hasta la fecha han sido muy pocos. El caso pasó a una unidad encargada de delitos contra la administración pública, desconociendo el factor clave de esta línea.

“Frente a estos delitos el termino de prescripción es menor y los delitos contra la administración pública no son de lesa humanidad y estarían exceptuados de la prescripción”, manifestó. El hecho que el crimen de Jaime Garzón fuera catalogado como de lesa humanidad le dio un nuevo impulso al tema, sin embargo, no se puede desconocer el hecho que durante más de 15 años no se movió una sola hoja, ni se recolectó una prueba novedosa.

“El homicidio de Jaime Garzón no fue un homicidio aislado sino que se dio en un contexto de persecución más amplia en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Eso de entrada es una avance positivo, pero hay que tener en cuenta que la decisión aplica desde el momento que se hizo, por lo que no aplica a los otros dos procesos que se adelantan”, explicó.

Por el crimen de Jaime Garzón enfrentan un juicio el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez como determinador del crimen y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por entregarle información privilegiada a los sicarios de la banda delincuencial ‘La Terraza’ de Medellín.

Para el abogado Sebastián Escobar, después de 18 años del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero la impunidad sigue reinando. Las personas que sabían en su momento quiénes estaban detrás del asesinato que enlutó a Colombia fueron desaparecidas una a una en un plan criminal que contó con la participación de grupos paramilitares y agentes del Estado.

Todas estas acciones tenían un objetivo: que el caso quedará impune. Desde el principio se creó un plan con el fin de desviar cualquier tipo de investigación que se realizara frente a este tema. Para esto se presentaron informes de inteligencia falsos, testimonios contradictorios y pruebas manipuladas.

Las pruebas presentadas en ese entonces por la Fiscalía General para procesar a alias ‘Bochas’ y ‘Ayala’ como los autores materiales del crimen fueron descartadas en el desarrollo del juicio y se emitió fallo absolutorio. El proceso durmió el sueño de los justos durante más de 10 años.   

Escobar, quien representa los intereses de los familiares del periodista, sostiene que desde el primer minuto se pactó la estrategia para afectar la investigación, acusar a inocentes y eliminar cualquier tipo de prueba. Todos los testigos fueron asesinados y el expediente dio vueltas por varios despachos en la Fiscalía General.

“La desviación de la investigación tenía como finalidad garantizar la impunidad frente a este caso”, precisó el abogado. En este sentido señaló que se presentó una división del trabajo para lograr este objetivo: “habían unos que estaban encargados de ejecutar los planes criminales y los objetivos, y otros encargados de facilitar la impunidad”.

Pese a que en la Fiscalía de Eduardo Montealegre se anunció la apertura de investigación por estos hechos, los resultados hasta la fecha han sido muy pocos. El caso pasó a una unidad encargada de delitos contra la administración pública, desconociendo el factor clave de esta línea.

“Frente a estos delitos el termino de prescripción es menor y los delitos contra la administración pública no son de lesa humanidad y estarían exceptuados de la prescripción”, manifestó. El hecho que el crimen de Jaime Garzón fuera catalogado como de lesa humanidad le dio un nuevo impulso al tema, sin embargo, no se puede desconocer el hecho que durante más de 15 años no se movió una sola hoja, ni se recolectó una prueba novedosa.

“El homicidio de Jaime Garzón no fue un homicidio aislado sino que se dio en un contexto de persecución más amplia en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Eso de entrada es una avance positivo, pero hay que tener en cuenta que la decisión aplica desde el momento que se hizo, por lo que no aplica a los otros dos procesos que se adelantan”, explicó.

Por el crimen de Jaime Garzón enfrentan un juicio el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez como determinador del crimen y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por entregarle información privilegiada a los sicarios de la banda delincuencial ‘La Terraza’ de Medellín.