En EE.UU., Chiquita Brands perdió batalla que buscaba reducir condena en su contra

La multinacional Chiquita Brands volvió a perder en los estrados judiciales. Luego de una extensa batalla judicial, y después de que el jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida emitiera en junio pasado una indemnización a favor de 16 demandantes en contra de la bananera por haber financiado con más de US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la justicia estadounidense negó una moción presentada por la compañía para bajar los montos de esos pagos. Ese valor, el cual no revelerá este diario para no comprometer la seguridad de las víctimas, deberá ser entregado en su totalidad y sin recortes a cada uno de los demandantes, según estableció la justicia norteamericana.

La multinacional Chiquita Brands volvió a perder en los estrados judiciales. Luego de una extensa batalla judicial, y después de que el jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida emitiera en junio pasado una indemnización a favor de 16 demandantes en contra de la bananera por haber financiado con más de US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la justicia estadounidense negó una moción presentada por la compañía para bajar los montos de esos pagos. Ese valor, el cual no revelerá este diario para no comprometer la seguridad de las víctimas, deberá ser entregado en su totalidad y sin recortes a cada uno de los demandantes, según estableció la justicia norteamericana.

Desde junio de este año, ese tribunal en Estados Unidos estudiaba la posibilidad de otorgar un monto general, el cual fue dividido entre 16 personas, como reparo por los homicidios de los cuales fueron víctimas sus familiares a manos del aparato paramilitar, el cual funcionó con apoyos financieros de Chiquita Brands en territorios como Urabá y Magdalena Medio. Se trató del primero de los juicios en Estados Unidos contra la multinacional, la cual tuvo sus operaciones en Colombia en los 90 y ha salido derrotado en diferentes instancias judiciales en su país.

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La indignación del caso se centra, en que mientras Chiquita Brands entregaba el dinero para los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio durante esos años, en 2001, el gobierno de Estados Unidos había declarado a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein.

Este es tan solo uno de los casos que enfrenta la multinacional, pues son varios los registros que indican que con el empujón financiero de Chiquita Brandas, las Autodefensas dejaron cientos de víctimas entre 1997 y 2004. En este caso particular, en el cual las víctimas son representadas por Earthrights International, la compañía solicitó al Tribunal que determinara que la ley en Colombia “limita los daños a una fracción de lo que el jurado otorgó”, según explicó la organización defensora de víctimas a través de un comunicado. Sin embargo, la justicia estadounidense “determinó que Colombia no limita los daños y, aun si lo hiciera, esos límites no se aplicarían a Chiquita, porque no tiene sede en Colombia”.

Otro de los casos de víctimas de las Autodefensas en connivencia con Chiquita, y que ha causado revuelo en los últimos meses, es el de las familias representadas por el abogado Paul Wolf. Como reveló este diario, el defensor transó una negociación con la multinacional bananera, en la cual una porción sustancial del dinero destinado a la compensación llegaría directamente a sus bolsillos como remuneración por sus servicios, siendo esta cantidad mucho mayor que la destinada a las víctimas individuales. Esta situación, de hecho, ha desatado críticas, pues se ha entendido que el jurista está priorizando su propio beneficio económico en lugar de garantizar una compensación justa para quienes fueron afectados por la violencia paramilitar.

El proceso de Chiquita Brands en Estados Unidos

El pasado 10 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró a Chiquita Brands responsable de las consecuencias de sus relaciones con las Autodefensas de Carlos Castaño y ordenó a la empresa multinacional pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de ocho víctimas nacionales. Se trató del primero de los juicios en Estados Unidos contra la multinacional, la cual tuvo sus operaciones en Colombia en los noventa y ha salido derrotado en diferentes instancias judiciales en su país.

Durante el juicio, el jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida escuchó el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita, quien detalló que la multinacional bananera, incluso, habría entregado armas y gasolina a las AUC, y habría planeado asesinatos selectivos en conjunto con el grupo paramilitar. Así mismo, aseguró que el propio Charles Keiser, otro de los testigos y quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, recibió seguridad directa de las Autodefensas.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había comprobado, en 2007, tras confesión misma de altos ejecutivos de la compañía, que la multinacional bananera giró al menos US$1,7 millones de dólares para la financiación de grupos paramilitares colombianos, entre 1997 y 2004. Las pruebas presentadas y reconocidas por la multinacional daban cuenta de esta financiación luego de una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño, máximo líder de las AUC, y un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands en el país para la época.

La indignación del caso se centra, en que mientras Chiquita Brands entregaba el dinero para los homicidios cometidos por estos grupos criminales en el Urabá y Magdalena medio durante esos años, en 2001, el gobierno de Estados Unidos había declarado a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein.

La defensa principal que ha adoptado Chiquita Brands es que, aunque reconocía la entrega de este dinero a los paramilitares, esto había sido bajo amenaza y producto de extorsiones. Además, alegó la empresa, el gobierno estadounidense siempre se había afirmado que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.

¿Quienes fueron (y son) los dueños de Chiquita Brands?

Chiquita Brands International es una compañía de productos agrícolas, reconocida por la distribución de bananos a nivel global. En 2015, fue adquirida por los multimillonarios brasileños José Luis Cutrale y Safra Group, dirigido por Joseph Safra, uno de los banqueros más ricos del mundo. Cutrale es un importante productor de jugos, y Safra Group está involucrado en banca y finanzas. Desde esta adquisición, Chiquita se convirtió en una empresa privada bajo el control de estos grupos, combinando sus intereses en la industria agrícola y alimentaria.

Para el momento de los hechos probados sobre la financiación de la multinacional a las AUC, como CEO de Chiquita figuraba Carl H. Linder JR durante la década de los noventa. Posteriormente, Cyrus Freidheim ocupó el asiento de máximo ejecutivo de la compañía entre 2002 y 2004, cuando aún se adelantaban operaciones paramilitares en los lugares de injerencia de la empresa bananera.

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