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Liliana Pardo, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, le pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar su condena de más de 19 años de prisión por su participación en el Carrusel de la Contratación. La exfuncionaria, que está capturada en Estado Unidos desde junio del año pasado, buscaba una rebaja en su pena. No obstante, el alto tribunal no le dio la razón. La decisión no solo dejó en firme su sentencia, sino también lo hizo con la del excontralor de Bogotá, Miguel Moralesrussi condenado a tres años.
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En un fallo de más de 90 páginas, el magistrado de la Sala Penal Luis Antonio Hernández consignó que los recursos presentados por la de defensa de Pardo y Moralesrussi no era procedente para cambiar el monto de la condena de los exfuncionarios. A su juicio, los abogados pretendieron llevar una nueva etapa de pruebas en el recurso de casación cuando no debía ser de esa manera. Así las cosas, Pardo seguirá condenada a 19 años de prisión por favorecer a contratistas que se aprovecharon del erario público durante la puesta en marcha de la Fase III de Transmilenio, y Moralesrussi a tres años por omitir sus funciones de vigilar los procesos de contratación.
“No hay lugar, en fin, a la admisión de la demanda (de Pardo) pues resulta manifiesto que con ella lo único que pretende el defensor es la intervención de la Corte en un debate probatorio agotado en las instancias. La Sala tampoco hará uso de su facultad de casar de oficio la sentencia, en consideración a que una vez revisado el proceso no se evidencia quebrantamiento alguno de los derechos fundamentales de los sujetos procesales”, concluyó la Corte Suprema.
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Pardo fue sentenciada en octubre de 2018 a 22 años de prisión, pero logró que su condena fuera reducida a 19 años ante el Tribunal Superior de Bogotá, en febrero de 2020. Entonces, radicó un recurso de casación para que la Corte Suprema advirtiera supuestos errores en el proceso. Sin embargo, todo fue lícito durante el expediente que dejó en firme la responsabilidad de Pardo en el carrusel. Un engranaje corrupto en el que incluso participó el exalcalde Bogotá Samuel Moreno, quien por la Fase III de Transmilenio tiene una condena de 25 años de prisión. También estuvo privado de su libertad el zar de la contratación, Emilio Tapia.
Pardo fue quien abrió la licitación pública para la ejecución de las obras y celebró la contratación para la Fase III de Transmilenio, así como los acuerdos de mantenimiento de la malla vial. Sin embargo, las obras iniciaron su ejecución a pesar de que estaban incompletos los diseños y estudios de factibilidad y conveniencia. “Ello derivó en serias demoras”, remarcó la Corte. Además, autorizó a los contratistas realizar reajustes a los convenios ya establecidos, lo cual resultó en entrega de dinero público en adiciones no planeadas.
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En el expediente se lee que, a pesar de las denuncias de los concejales capitalinos y los informes de interventoría, Pardo flexibilizó la entrega de dinero por concepto de anticipo. Y esas decisiones terminaron en la apropiación de dinero público por parte de terceros como Tapia y el grupo Nule. Asimismo, ajustó los pliegos de condiciones de las obras para que la Unión Temporal GTM, integrada por los Nule, se quedara con contratos cruciales en el proyecto de trasporte masivo. En decisión de segunda instancia, en junio de 2014, los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule fueron condenados a 14 años de prisión y les fue prohibido contratar de nuevo con el Estado.
Sobre Moralesrussi, contralor entre 2008 y 2011, la Corte reseñó que sostuvo al menos tres reuniones con Guido Nule, incluso en su oficina en la Contraloría. “Exigió a ese último la entrega de unos dineros correspondientes a una comisión de éxito del 2% del valor de la contratación de la Malla Vial para no entorpecer la adjudicación de esos contratos a los consorcios o uniones temporales en las que participaban empresas de los Nule”. Moralesrussi, cuya función era velar por la buena administración de los recursos públicos, seguirá condenado por el delito de concusión (aprovecharse de su cargo para dar o prometer dinero o utilidades indebidas).
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