De nada sirvió el intento de tumbar la sanción impuesta a Fernando Londoño por la Procuraduría en 2004. El Consejo de Estado dejó en firme, en una contundente votación de 19 a tres, la inhabilidad de 15 años contra el exministro del Interior y de Justicia por tráfico de influencias, pues siendo ministro sugirió el pago de un dinero por una condena en favor del consorcio italiano Recchi, del cual fue apoderado en 1997.
Además, para la Sala Plena del tribunal administrativo "la decisión del Ministerio Público se encontró ajustada a la ley, toda vez que se probó que el exfuncionario sí incurrió en el conflicto de intereses y abuso de autoridad que se le endilgó en el curso del proceso disciplinario".
La historia empezó en 2004 cuando la Procuraduría sancionó a Fernando Londoño al considerar, entre otras cosas, que “incurrió en conflicto de intereses y usó abusivamente su autoridad como el segundo hombre más importante de la República después del presidente”.
(En contexto: Ponencia pide tumbar sanción disciplinaria contra el exministro Fernando Londoño Hoyos)
Mientras fungía como abogado del consorcio italiano, que tenía un contrato con el Estado para la construcción del tramo Villavicencio-Bogotá, se presentó un conflicto de intereses por lo que el contratista interpuso una acción judicial en contra de la Nación. Frente a esto, Fernando Londoño sugirió la creación de un tribunal de arbitramento. Y fue así como se dictó una multa al Estado por 13.958 millones que después, mientras fue ministro, obligó a la Nación a pagarla.
La Procuraduría, en 2004, añadió: “La falta disciplinaria fue cometida a título de dolo, pues por sus condiciones personales y profesionales el señor Londoño Hoyos tenía conocimiento de la normatividad y actuó así pese a que debía dar el máximo ejemplo de moralidad, transparencia e imparcialidad”. El abuso de autoridad está incluido en el código penal en el capítulo sobre delitos contra la administración pública”.