Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este jueves, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes determinó el cierre de la etapa de investigación contra el magistrado Gustavo Malo Fernández, el primer magistrado en ejercicio en ser llamado a indagatoria por el escándalo del cartel de la toga. De acuerdo con la Fiscalía, se trató de una organización criminal, manejada por magistrados y abogados que, a cambio de pagos millonarios, habrían incidido en decisiones judiciales.(En contexto: ¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)
Esta determinación se tomó en el marco de las investigaciones que viene realizando la Comisión compuesta por Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (partido Liberal). “La Comisión ha decidido cerrar la investigación contra el magistrado Gustavo Malo, auto que fue notificado a las partes para que presenten los alegatos, con el fin de entrar a calificar el mérito sumarial”, señalaron en un comunicado.
La defensa del magistrado Gustavo Malo tendrá diez días para presentar sus alegatos finales. A partir de ese momento la Comisión de Acusaciones entrará a discutir una ponencia para definir su situación. De un lado, la Comisión podría pedirle a la plenaria de la Cámara que se acuse al magistrado, podría perder su fuero constitucional y podría ser enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia. La otra decisión podría ser el archivo del proceso en caso de no encontrar evidencias que lo comprometan con la red de corrupción.
Cabe señalar que a Malo la comisión le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El pasado 27 de septiembre pidió una licencia no remunerada mientras se defiende de las acusaciones. (Le puede interesar: Malo será investigado por cinco delitos)
Según la declaración que rindió el exfiscal Gustavo Moreno a la Corte Suprema de Justicia, el magistrado habría trabajado para la organización. Dijo, por ejemplo, que toda la información que tenían sobre el expediente contra el senador Musa Besaile era porque él mismo se las proporcionaba -en el despacho de Malo estaba esa investigación-. Besaile admitió haber pagado 2.000 millones de pesos a cambio de no ser detenido. El senador de la U hoy está en prisión.
En esta indagación ya están los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, señalados de haber cometido, aparentemente, actos ilegales para favorecer procesos judiciales que se adelantaban contra los senadores Musa Besaile y Hernán Andrade; y contra el excongresista Luis Alfredo Ramos.