En libertad el sargento (r) Bernardo Garzón, testigo clave en investigación en el caso del Palacio de Justicia
Un juzgado determinó que se presentó un vencimiento de términos. El suboficial del Ejército fue capturado en agosto de 2014.
Redacción Judicial
El nombre del sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón se encuentra en la mayoría de los fallos judiciales que se han emitido hasta la fecha por los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. El suboficial habría sido uno de los uniformados que estuvo en la Plaza de Bolívar durante la liberación de los rehenes. Lea: El caso Marín sigue en pie
Su nombre fue uno de los primeros en ser mencionados durante la investigación que adelantó la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la desaparición de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. Fue identificado por varios testigos en una fotografía borrosa como el hombre que se encontraba en la puerta de la casa del Florero.
El sargento fue detenido en enero de 2014. Inmediatamente fue calificado como el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre como el “eslabón perdido” en la investigación por el Holocausto del Palacio de Justicia. Su declaración, aseguró, daría luces a la compleja investigación por estos hechos ya que él había estado presente en el lugar de la luctuosa toma.
Sin embargo el suboficial negó en reiteradas oportunidades ser testigo de los hechos citados. En diligencias ante la Fiscalía General aseguró que los señalamientos que había hecho en contra de varios oficiales del Ejército y su participación en la desaparición de los civiles fueron motivadas por la presión de sus superiores. Debido a esto se retractó de las mismas.
En abril de 1989 el suboficial aseguró que había sido testigo de las torturas y desapariciones forzadas que cometieron uniformados adscritos a la Brigada XX del Ejército y el Batallón Charry Solano. Dos décadas después pidió disculpas, principalmente al general (r) Iván Ramírez Quintero y aseguró que no tuvo participación en esos hechos.
El sargento solamente se mantuvo en la versión que lo identifica como uno de los hombres del Ejército que se infiltró en el M-19 en varias oportunidades para hacer tareas de inteligencia. Después que lo descubrieran Garzón le contó todo a las autoridades, quienes lo retuvieron.
Tras recuperar su libertad salió del país debido a que su cabeza tenía un precio por parte del grupo guerrillero que planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. El pasado mes de julio el juzgado sexto especializado de Bogotá aceptó una petición presentada por su defensa y lo dejó en libertad por vencimiento de términos.
El sargento en retiro, investigado por el secuestro y desaparición de la guerrillera Irma Franco -quien salió con vida del Palacio de Justicia y fue trasladada junto a otros rehenes a la casa del Florero- tuvo que firmar un acta de compromiso y pagar dos salarios mínimos legales vigentes.
La Fiscalía General sostiene todavía que el sargento tiene información clave sobre las torturas que se presentaron en diferentes guarniciones militares en contra de un grupo de personas señalada de tener vínculos con grupos guerrilleros y organizaciones comunistas, el suboficial ha reiterado que no tiene conocimiento de eso.
Vea el especial: 30 años de la Toma del Palacio de Justicia
El nombre del sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón se encuentra en la mayoría de los fallos judiciales que se han emitido hasta la fecha por los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. El suboficial habría sido uno de los uniformados que estuvo en la Plaza de Bolívar durante la liberación de los rehenes. Lea: El caso Marín sigue en pie
Su nombre fue uno de los primeros en ser mencionados durante la investigación que adelantó la Fiscalía Cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia por la desaparición de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco. Fue identificado por varios testigos en una fotografía borrosa como el hombre que se encontraba en la puerta de la casa del Florero.
El sargento fue detenido en enero de 2014. Inmediatamente fue calificado como el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre como el “eslabón perdido” en la investigación por el Holocausto del Palacio de Justicia. Su declaración, aseguró, daría luces a la compleja investigación por estos hechos ya que él había estado presente en el lugar de la luctuosa toma.
Sin embargo el suboficial negó en reiteradas oportunidades ser testigo de los hechos citados. En diligencias ante la Fiscalía General aseguró que los señalamientos que había hecho en contra de varios oficiales del Ejército y su participación en la desaparición de los civiles fueron motivadas por la presión de sus superiores. Debido a esto se retractó de las mismas.
En abril de 1989 el suboficial aseguró que había sido testigo de las torturas y desapariciones forzadas que cometieron uniformados adscritos a la Brigada XX del Ejército y el Batallón Charry Solano. Dos décadas después pidió disculpas, principalmente al general (r) Iván Ramírez Quintero y aseguró que no tuvo participación en esos hechos.
El sargento solamente se mantuvo en la versión que lo identifica como uno de los hombres del Ejército que se infiltró en el M-19 en varias oportunidades para hacer tareas de inteligencia. Después que lo descubrieran Garzón le contó todo a las autoridades, quienes lo retuvieron.
Tras recuperar su libertad salió del país debido a que su cabeza tenía un precio por parte del grupo guerrillero que planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. El pasado mes de julio el juzgado sexto especializado de Bogotá aceptó una petición presentada por su defensa y lo dejó en libertad por vencimiento de términos.
El sargento en retiro, investigado por el secuestro y desaparición de la guerrillera Irma Franco -quien salió con vida del Palacio de Justicia y fue trasladada junto a otros rehenes a la casa del Florero- tuvo que firmar un acta de compromiso y pagar dos salarios mínimos legales vigentes.
La Fiscalía General sostiene todavía que el sargento tiene información clave sobre las torturas que se presentaron en diferentes guarniciones militares en contra de un grupo de personas señalada de tener vínculos con grupos guerrilleros y organizaciones comunistas, el suboficial ha reiterado que no tiene conocimiento de eso.
Vea el especial: 30 años de la Toma del Palacio de Justicia