En libertad exconcejal Wilson Duarte, procesado por el 'carrusel de la contratación'

Un juez de conocimiento de Bogotá ordenó la libertad inmediata para el exconcejal Wilson Duarte al determinar que se presentó un vencimiento de términos en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.

En este sentido se señaló que se superaron los plazos exigidos desde la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio en su contra. Sin embargo, el excabildante, quien se encontraba desde el 15 de julio de 2014 se encontraba privado de su libertad en la cárcel La Picota seguirá vinculado al caso.

Duarte es procesado por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades que rodearon el proceso de licitación del contrato para el servicio de ambulancias en la capital de la República en el año 2009, y el cual tuvo un valor cercano a los 68 mil millones de pesos.

El excabildante fue acusado formalmente por el delito de concusión, puesto que habría solicitado una comisión para no hacer el debate de control político en el Concejo de Bogotá frente al contrato que le fue entregado a una de las empresas de Emilio Tapia Aldana.

El ente investigador mencionó 31 testigos que serán citados en el juicio oral, con el fin de demostrar la responsabilidad de Duarte en este caso de corrupción administrativa. Según la Fiscalía General el entonces concejal recibió una comisión de 80 millones de pesos por parte del secretario de Salud, Héctor Zambrano.

Igualmente, para la entrega de este contrato se habría reunido con el contratista Julio Gómez (condenado por el 'carrusel') y otros funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Por este hecho de corrupción enfrenta un proceso penal el excalcalde distrital, Samuel Moreno Rojas.

En contra de Duarte se adelanta otro proceso penal por la presunta presión ejercida para el nombramiento de las directivas del Instituto para la Economía Social (IPES). La Fiscalía General le imputó el delito de concusión.

Según la investigación penal, el cabildante habría ofrecido no ejercer un control político en el Concejo de Bogotá a los contratos firmados por dicha entidad a cambio que se le nombraran personas cercanas en los más altos cargos.

En los testimonios recolectados indicaron que en diferentes encuentros el concejal pidió cambiar a la coordinadora del proyecto de la entidad para vendedores informales en el sector de San Andresito.