En promedio cada día muere una persona en las cárceles de Colombia

Jonathan Sabogal fue una de las 56 personas que murieron durante el incendio al interior de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, en junio de 2022. Los reclusos, entre condenados y sindicados, ardieron y se asfixiaron hasta la muerte por culpa del enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban el liderazgo del patio ocho, quienes prendieron fuego a unas colchonetas, y por la presunta omisión en el deber de custodia por guardias del Inpec y del exdirector Arley Fernández, quienes hoy están en juicio en la Procuraduría. Sabogal era miembro de la Primera Línea y fue capturado e imputado durante el estallido social de 2021. Sin condena alguna a cuestas, buscaba su salida de la cárcel con una tutela. Pero, antes de que eso pasara, murió, y pasó a engrosar una escalofriante estadística: fue uno de los 1.228 internos que han muerto en los últimos cuatro años dentro de las cárceles del país.

Jonathan Sabogal fue una de las 56 personas que murieron durante el incendio al interior de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, en junio de 2022. Los reclusos, entre condenados y sindicados, ardieron y se asfixiaron hasta la muerte por culpa del enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban el liderazgo del patio ocho, quienes prendieron fuego a unas colchonetas, y por la presunta omisión en el deber de custodia por guardias del Inpec y del exdirector Arley Fernández, quienes hoy están en juicio en la Procuraduría. Sabogal era miembro de la Primera Línea y fue capturado e imputado durante el estallido social de 2021. Sin condena alguna a cuestas, buscaba su salida de la cárcel con una tutela. Pero, antes de que eso pasara, murió, y pasó a engrosar una escalofriante estadística: fue uno de los 1.228 internos que han muerto en los últimos cuatro años dentro de las cárceles del país.

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La oenegé Temblores, especializada en derechos humanos y reforma al sistema policial y penitenciario, dio a conocer un reporte sobre muertes al interior de cárceles y centros de detención transitoria como Comandos de Atención de Inmediata (CAI) y estaciones de Policía. Con información entregada vía derecho de petición por el mismo Inpec y Medicina Legal, se encontró que, en promedio, una persona muere al día en las cárceles del país. Así lo confirman los registros del instituto, que dan cuenta de que, desde enero de 2020 hasta abril de 2024, es decir, en 1.215 días, hay reporte de 1.228 fallecimientos. De esos casos, 246 corresponden a muertes violentas, lo que significa el 20%. Por su parte, Medicina Legal reportó 325 muertes violentas en el mismo periodo, contando a los centros transitorios. En las cuentas de esa entidad, de hecho, la mitad de los fallecimientos en prisión tienen antecedentes violentos.

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“Frente a los datos es preocupante que, si bien el Inpec registra más casos de muertes al interior de centros penitenciarios que los que registra Medicina Legal, el porcentaje de muertes violentas registrado por Medicina Legal es mayor al registrado por el Inpec. Esto abre un interrogante sobre la manera en la que son categorizadas estas muertes por el Inpec, observando además que, hechos como el incendio en la cárcel de Tuluá, los cuales están siendo investigados por presunta responsabilidad de funcionarios, sean categorizados como ‘accidente’”, explica Temblores en el informe compartido a El Espectador. Los datos de los últimos cuatro años del Inpec muestran, además, que las cárceles donde se garantiza menos el derecho a la vida son La Picota de Bogotá (123 casos), La Modelo de Bogotá (99), la de Tuluá (69), la de Jamundí (67) y la de Cali (64).

No obstante, las cifras de las prisiones de Tuluá y de La Modelo de Bogotá contabilizan eventos de muertes múltiples ocurridos en un solo día. En Tuluá, con el gran incendio, y en La Modelo, con el intento de motín de 2020 en el que fallecieron 24 reclusos, casi todos con disparos de arma de fuego de las autoridades penitenciarias, como establecieron informes forenses de Human Rights Watch. Por otro lado, los datos originados en el Inpec muestran que el 95% de las muertes corresponden a hombres. Medicina Legal, por su parte, afirma que la mayoría de los fallecidos son internos entre los 27 y los 37 años, y luego los de 18 a 26 años. En un dato particular, reportan, pero sin entregar nombres o mayores detalles, la muerte de cuatro menores de edad entre los 14 y los 17 años.

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De acuerdo con las estadísticas del Inpec, de las muertes violentas que registra en los últimos cuatro años, la causa principal es el suicidio, con 74 eventos. A ellos se agregan los presuntos accidentes (69); los asesinatos con arma cortopunzante (51); los disparos con arma de fuego (26); y la intoxicación (20). Medicina Legal, por su parte, al contabilizar muertes violentas y no violentas, encuentra que en el 35,22% de los casos los decesos obedecen a motivos naturales; luego siguen las muertes con objetos generadores de asfixia (19,7%); arma cortopunzante (9,30%); con objeto contundente (7,14%); proyectil de arma de fuego (5,81%); y otros mecanismos como elementos tóxicos, punzantes, eléctricos y por determinar.

Estos son los mecanismos causales, según la información entregada por Medicina Legal:

En relación con los suicidios, la ONG cruzó los datos del Inpec y de Medicina Legal y encontró que, en promedio, cada 17,2 días se suicida un prisionero dentro de los centros de reclusión del país. Las estadísticas del instituto penitenciario muestran que las cárceles donde los internos más cometen suicidio son Ibagué (Tolima), Cómbita (Boyacá) y La Dorada (Caldas), en ese orden. “Los suicidios son un síntoma de problemáticas en el sistema carcelario (...) Por un lado, estas cifras evidencian que existen problemas de salud mental y de acceso a tratamientos que prevengan estas situaciones, pero a la vez también muestran que para muchas personas privadas de la libertad la experiencia al interior de los establecimientos no aporta al proceso de resocialización”, explica la organización.

La Corte Constitucional, terminando julio, de hecho, le jaló las orejas al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para que superen la masiva violación de derechos humanos perpetrada en las cárceles y centros de reclusión transitoria. Para empezar, les solicitaron reducir los índices de hacinamiento en las cárceles, donde más de 103.000 internos, entre condenados y sindicados, viven en espacios que máximo podrían albergar a 82.000 personas. Los centros transitorios, donde se supone solo puede haber capturados y sindicados, presentan un hacinamiento del 146% en unidades policiales y del 16% en URI. La Corte les pidió a las entidades penitenciarias hacer un plan de acción para combatir el hacinamiento en menos de seis meses.

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Ana Carolina Ordóñez es madre de Juan David Rojas, uno de los presos que murió tras un incendio al interior del CAI de Soacha, en septiembre de 2020, donde fallecieron casi una decena de personas, quienes no fueron evacuadas a tiempo por los uniformados presentes. Para ella, este tipo de casos enfrentan una dificultad absoluta por la condición de sindicados y condenados que tienen estas víctimas, a quienes, dice, nadie quiere darle esa connotación. “Las personas que están en un CAI o en una cárcel están pagando un crimen o un error que cometieron. Pero, no merecen morir así. En el caso de mi hijo, siempre estigmatizan el hecho de que estuviera bajo custodia de la Policía”, le dijo a este diario.

Las historias de Rojas y de Sabogal son apenas unas de las registradas en los últimos cuatro años, en un contexto en el que cada día, en promedio, un interno que debería estarse preparando para regresar a la vida en sociedad muere en prisión. Por ahora no se han podido frenar los problemas que se viven en los penales del país que día a día se llenan más de internos y problemas. Por ahora, desde las altas cortes, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía alistan una reforma a la justicia la cual, dentro de otras cosas, planea hacerle frente, por lo menos, al hacinamiento, pero, aunque el borrador está listo, no se sabe cuándo será presentada al Congreso y si será aprobada allá.

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