¿En qué va el caso de las “chuzadas” desde la Fiscalía, después de dos años?

A casi dos años de haberse destapado el escándalo de interceptaciones ilegales de comunicaciones, en las cuales habrían participado exmiembros de la Fuerza Pública, un antiguo alto funcionario del DAS y miembros de la Fiscalía, la investigación y los procesos judiciales han tenido varios traspiés. En agosto de 2018 fueron capturados tres militares retirados del Ejército señalados de ser fichas claves de una supuesta red que accedió ilegalmente a las conversaciones de decenas de personas: el coronel Jorge Salinas Muñoz, especialista en inteligencia; el coronel Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño), y el mayor Luis Quiroga Cubillos. (El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales)

Sobre Salinas, dueño de la empresa de seguridad JHS Consultores que, según la Fiscalía, accedió ilegalmente a miles de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, aportó información durante los días siguientes a su captura. El antiguo uniformado develó los nombres de sus clientes y de quienes se lucraron del negocio. Asimismo, dio a conocer la clase de servicios que prestaban, que iban desde interceptaciones por disputas familiares o empresariales, hasta casos de secuestros. También dijo que se habría accedido ilegalmente a las comunicaciones del sindicato de Avianca durante la huelga de pilotos, entre septiembre y noviembre de 2017.

El Espectador conoció detalles de las negociaciones que mantuvieron durante meses la Fiscalía con Salinas y Quiroga, la cual, en un primer momento, se pretendió firmar un principio de oportunidad. En el caso del primer uniformado se alcanzó a elaborar una matriz de colaboración en la que se comprometía a hablar en contra de personas cercanas al senador Armando Benedetti, el empresario Víctor Maldonado (procesado por el caso Interbolsa) y el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, quien fue capturado en septiembre de 2018 por estos mismos hechos y su juicio está próximo a iniciar. El alto oficial, dice la Fiscalía, tenía otra empresa que ofrecía estos servicios ilegales. (“Tengo mi conciencia tranquila”: general (r) Humberto Guatibonza)

Salinas y Quiroga fueron acusados a finales de mayo pasado y este diario conoció el escrito de acusación contra los exuniformados del Ejército, en el que se señala que ellos “aprovecharon la relación de vieja data que tenían con (la hacker) Marialicia Pinzón Montenegro (que en su momento fungió como fuente de información no formal de la Fuerza Pública y experta en informática), para ofrecer y prestar por intermedio de la compañía JHS Consultores una multiplicidad de servicios ilícitos”. Para acceder a estas comunicaciones usaron un software malicioso llamado Fénix, creado por Pinzón y al cual no ha podido tener acceso el ente investigador.

En cuanto a Guatibonza, el juicio en su contra se encuentra retrasado porque sus abogados revisan el copioso material probatorio que la Fiscalía presentó para acusar al exdirector de la Policía en Bogotá, quien recuperó su libertad en octubre de 2019. Su proceso, al igual que los demás del caso “chuzadas”, ha tenido tres fiscales. Incluso, sobre el primero de ellos, Alexánder Tibamoso, recayeron dudas por cómo llevó la investigación. Por ejemplo, señaló Armando Colmenares, el fiscal que sucedió a Tibamoso, que este le devolvió el celular a Guatibonza sin haber extraído información que pudo ser valiosa. El general señala que es inocente y que no hay pruebas en su contra.

Otra negociación que se le cayó a la Fiscalía fue la de Pinzón, quien fue capturada al mismo tiempo que Salinas y los otros dos militares. Según el ente investigador, ella era la encargada de “chuzar” las líneas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp. Pinzón les dio instrucciones a los investigadores de la Fiscalía para evitar que la información de su computador se borrara y permitió que accedieran temporalmente a 175 carpetas en las que reposaba toda la información que les era entregada a los clientes de la red, quienes pagaban entre tres y cuatro millones de pesos mensuales. Sin embargo, luego de no llegar a un acuerdo, Pinzón está a punto de ser llamada a juicio. (Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG)

El caso de la hacker Pinzón llegó a la Corte Suprema en agosto de 2019 para definir si su proceso penal continuaría en Cali, ciudad en la que funcionaba JHS Consultores, o si el caso debía ser adelantado en Ipiales (Nariño), municipio en donde la mujer hackeaba. El alto tribunal determinó que el proceso tenía que ser trasladado a este último lugar. Pinzón no ha sido acusada, ya que el escrito de acusación, al igual que en el proceso contra el general (r) Guatibonza, ha tenido errores en su elaboración. La Fiscalía trabaja en un cuarto documento. Pinzón se encuentra libre desde enero pasado luego de haber cumplido más de 240 días detenida sin haber sido acusada.

El 9 de marzo de 2020 el actual fiscal del caso, Álvaro Betancur solicitó aplazar la audiencia de acusación contra la hacker argumentando que no podía trasladarse a Ipiales ya que al interior del ente investigador se estaba realizando un proceso de reestructuración y reasignación de procesos por parte del entonces recién posesionado fiscal general Francisco Barbosa y el nuevo director del CTI, Alberto Acevedo Quintero. En el proceso penal contra Pinzón también será acusado el coronel retirado del Ejército Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño).

Otro de los investigados en este proceso es Laude Fernández, exjefe de Contrainteligencia del DAS y exdirector de la firma de consultoría BRG, señalado de haber ordenado las interceptaciones ilegales que se realizaron desde la Sala Diamante de la Fiscalía a través del coordinador de ese equipo del ente investigador, Luis Carlos Gómez Góngora. Además de los pilotos del sindicato, también fueron “chuzados” el presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio, y el abogado Felipe Jaramillo. Todas las víctimas tienen en común ser la contraparte en disputas jurídicas de empresas que asesoraba Fernández: Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá. Las dos compañías se han declarado ajenas al escándalo y víctimas del caso.

El pasado 10 de marzo, un juez ordenó dejar en libertad a Fernández, quien se encontraba preso en La Picota de manera preventiva, mientras su proceso avanzaba en los estrados. El exdirector de BRG salió de prisión por las mismas razones que Pinzón quedó en libertad. La audiencia de acusación se intentó hacer en dos oportunidades a comienzos de año, pero debido al cambio de escrito de acusación y una solicitud del sindicato de pilotos para que el proceso fuera trasladado a un juez especializado en delitos contra grupos sindicales (la cual fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá). Fernández insiste en su inocencia y todavía no se sabe cuándo será llamado a juicio por la Fiscalía. (Espionaje empresarial: detalles del allanamiento clave a BRG por el caso chuzadas)

Dos de los implicados en el caso chuzadas incluso ya pidieron pista en enero pasado ante la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente su solicitud es estudiada por esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc. Se trata del exfiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fabio Martínez Lugo y el propio Luis Carlos Gómez Góngora quien fue condenado a ocho años de prisión luego de aceptar cargos y no colaborar con la Fiscalía aduciendo que su vida corría peligro si empezaba a delatar a los miembros de esa red que cruzó ilegalmente al interior de la Fiscalía. Martínez Lugo se encuentra actualmente en juicio y le fue negada por parte de la Corte Suprema una solicitud de libertad y continúa preso.

Otro de los ya condenados es Juan Carlos Madero, un ingeniero asociado a la empresa Quarkrom, otra de las compañías por las cuales se habría ayudado a dar apariencia de legalidad a esta red de interceptación de comunicaciones. En abril de 2019, firmó un principio de oportunidad que fue avalado por un juez un mes después. Aunque ha sido catalogado como un testigo clave en el caso, los abogados de varios procesados señalan que Madero en ese pacto con la Fiscalía aceptó delitos informáticos de los cuales no pudo ser partícipe si la única fuente de la información recogida de los celulares intervenidos ilegalmente fue la hacker Marialicia Pinzón.

A casi dos años de haberse destapado el escándalo de interceptaciones ilegales de comunicaciones, en las cuales habrían participado exmiembros de la Fuerza Pública, un antiguo alto funcionario del DAS y miembros de la Fiscalía, la investigación y los procesos judiciales han tenido varios traspiés. En agosto de 2018 fueron capturados tres militares retirados del Ejército señalados de ser fichas claves de una supuesta red que accedió ilegalmente a las conversaciones de decenas de personas: el coronel Jorge Salinas Muñoz, especialista en inteligencia; el coronel Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño), y el mayor Luis Quiroga Cubillos. (El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales)

Sobre Salinas, dueño de la empresa de seguridad JHS Consultores que, según la Fiscalía, accedió ilegalmente a miles de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, aportó información durante los días siguientes a su captura. El antiguo uniformado develó los nombres de sus clientes y de quienes se lucraron del negocio. Asimismo, dio a conocer la clase de servicios que prestaban, que iban desde interceptaciones por disputas familiares o empresariales, hasta casos de secuestros. También dijo que se habría accedido ilegalmente a las comunicaciones del sindicato de Avianca durante la huelga de pilotos, entre septiembre y noviembre de 2017.

El Espectador conoció detalles de las negociaciones que mantuvieron durante meses la Fiscalía con Salinas y Quiroga, la cual, en un primer momento, se pretendió firmar un principio de oportunidad. En el caso del primer uniformado se alcanzó a elaborar una matriz de colaboración en la que se comprometía a hablar en contra de personas cercanas al senador Armando Benedetti, el empresario Víctor Maldonado (procesado por el caso Interbolsa) y el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, quien fue capturado en septiembre de 2018 por estos mismos hechos y su juicio está próximo a iniciar. El alto oficial, dice la Fiscalía, tenía otra empresa que ofrecía estos servicios ilegales. (“Tengo mi conciencia tranquila”: general (r) Humberto Guatibonza)

Salinas y Quiroga fueron acusados a finales de mayo pasado y este diario conoció el escrito de acusación contra los exuniformados del Ejército, en el que se señala que ellos “aprovecharon la relación de vieja data que tenían con (la hacker) Marialicia Pinzón Montenegro (que en su momento fungió como fuente de información no formal de la Fuerza Pública y experta en informática), para ofrecer y prestar por intermedio de la compañía JHS Consultores una multiplicidad de servicios ilícitos”. Para acceder a estas comunicaciones usaron un software malicioso llamado Fénix, creado por Pinzón y al cual no ha podido tener acceso el ente investigador.

En cuanto a Guatibonza, el juicio en su contra se encuentra retrasado porque sus abogados revisan el copioso material probatorio que la Fiscalía presentó para acusar al exdirector de la Policía en Bogotá, quien recuperó su libertad en octubre de 2019. Su proceso, al igual que los demás del caso “chuzadas”, ha tenido tres fiscales. Incluso, sobre el primero de ellos, Alexánder Tibamoso, recayeron dudas por cómo llevó la investigación. Por ejemplo, señaló Armando Colmenares, el fiscal que sucedió a Tibamoso, que este le devolvió el celular a Guatibonza sin haber extraído información que pudo ser valiosa. El general señala que es inocente y que no hay pruebas en su contra.

Otra negociación que se le cayó a la Fiscalía fue la de Pinzón, quien fue capturada al mismo tiempo que Salinas y los otros dos militares. Según el ente investigador, ella era la encargada de “chuzar” las líneas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp. Pinzón les dio instrucciones a los investigadores de la Fiscalía para evitar que la información de su computador se borrara y permitió que accedieran temporalmente a 175 carpetas en las que reposaba toda la información que les era entregada a los clientes de la red, quienes pagaban entre tres y cuatro millones de pesos mensuales. Sin embargo, luego de no llegar a un acuerdo, Pinzón está a punto de ser llamada a juicio. (Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG)

El caso de la hacker Pinzón llegó a la Corte Suprema en agosto de 2019 para definir si su proceso penal continuaría en Cali, ciudad en la que funcionaba JHS Consultores, o si el caso debía ser adelantado en Ipiales (Nariño), municipio en donde la mujer hackeaba. El alto tribunal determinó que el proceso tenía que ser trasladado a este último lugar. Pinzón no ha sido acusada, ya que el escrito de acusación, al igual que en el proceso contra el general (r) Guatibonza, ha tenido errores en su elaboración. La Fiscalía trabaja en un cuarto documento. Pinzón se encuentra libre desde enero pasado luego de haber cumplido más de 240 días detenida sin haber sido acusada.

El 9 de marzo de 2020 el actual fiscal del caso, Álvaro Betancur solicitó aplazar la audiencia de acusación contra la hacker argumentando que no podía trasladarse a Ipiales ya que al interior del ente investigador se estaba realizando un proceso de reestructuración y reasignación de procesos por parte del entonces recién posesionado fiscal general Francisco Barbosa y el nuevo director del CTI, Alberto Acevedo Quintero. En el proceso penal contra Pinzón también será acusado el coronel retirado del Ejército Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño).

Otro de los investigados en este proceso es Laude Fernández, exjefe de Contrainteligencia del DAS y exdirector de la firma de consultoría BRG, señalado de haber ordenado las interceptaciones ilegales que se realizaron desde la Sala Diamante de la Fiscalía a través del coordinador de ese equipo del ente investigador, Luis Carlos Gómez Góngora. Además de los pilotos del sindicato, también fueron “chuzados” el presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio, y el abogado Felipe Jaramillo. Todas las víctimas tienen en común ser la contraparte en disputas jurídicas de empresas que asesoraba Fernández: Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá. Las dos compañías se han declarado ajenas al escándalo y víctimas del caso.

El pasado 10 de marzo, un juez ordenó dejar en libertad a Fernández, quien se encontraba preso en La Picota de manera preventiva, mientras su proceso avanzaba en los estrados. El exdirector de BRG salió de prisión por las mismas razones que Pinzón quedó en libertad. La audiencia de acusación se intentó hacer en dos oportunidades a comienzos de año, pero debido al cambio de escrito de acusación y una solicitud del sindicato de pilotos para que el proceso fuera trasladado a un juez especializado en delitos contra grupos sindicales (la cual fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá). Fernández insiste en su inocencia y todavía no se sabe cuándo será llamado a juicio por la Fiscalía. (Espionaje empresarial: detalles del allanamiento clave a BRG por el caso chuzadas)

Dos de los implicados en el caso chuzadas incluso ya pidieron pista en enero pasado ante la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente su solicitud es estudiada por esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc. Se trata del exfiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fabio Martínez Lugo y el propio Luis Carlos Gómez Góngora quien fue condenado a ocho años de prisión luego de aceptar cargos y no colaborar con la Fiscalía aduciendo que su vida corría peligro si empezaba a delatar a los miembros de esa red que cruzó ilegalmente al interior de la Fiscalía. Martínez Lugo se encuentra actualmente en juicio y le fue negada por parte de la Corte Suprema una solicitud de libertad y continúa preso.

Otro de los ya condenados es Juan Carlos Madero, un ingeniero asociado a la empresa Quarkrom, otra de las compañías por las cuales se habría ayudado a dar apariencia de legalidad a esta red de interceptación de comunicaciones. En abril de 2019, firmó un principio de oportunidad que fue avalado por un juez un mes después. Aunque ha sido catalogado como un testigo clave en el caso, los abogados de varios procesados señalan que Madero en ese pacto con la Fiscalía aceptó delitos informáticos de los cuales no pudo ser partícipe si la única fuente de la información recogida de los celulares intervenidos ilegalmente fue la hacker Marialicia Pinzón.