Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pasado 23 de marzo, el senador Iván Cepeda y Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, enviaron una comunicación urgente Washington D.C., con destino a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, la cual hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El tema: “La situación carcelaria y falta de medidas ante covid-19 en Colombia”. (Coronavirus: gobierno declara la emergencia carcelaria)
Su carta fue remitida dos días después de que 23 reclusos murieran dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, en circunstancias que las autoridades prometieron que esclarecerían. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que fue en un intento de fuga. La Fiscalía prometió que habría investigaciones. El hecho es que ese día, como pocas veces se ha visto en el país, 23 hombres bajo la tutela del Estado murieron dentro de una prisión. El congresista y Castañeda lo llamaron “masacre”.
“El 21 de marzo de 2020, 13 cárceles en distintos departamentos del país iniciaron una jornada de protestas por la grave situación de hacinamiento, la falta de agua, el desabastecimiento de elementos de aseo y la violación generalizada de derechos humanos agravada por el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2”, explicaron en su misiva. Y agregaron que la respuesta del Inpec y de la Policía al intento de fuga en La Modelo fue “desproporcionada”.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó así la respuesta de la fuerza pública en La Modelo: "Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo, la Policía dispuso activar las medidas de seguridad externas a los centros carcelarios con el fin de proteger a las comunidades vecinas a dichos centros, impedir la fuga de presos y apoyar los requerimientos del Inpec". "Se identificó un plan criminal mediante el cual algunos internos acordaron llevar a cabo una fuga masiva, empleando medios violentos", señaló al respecto la ministra Cabello.
“En los días previos a las protestas de la población privada de la libertad, sectores políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos advertimos sobre la falta de medidas por el Gobierno colombiano para evitar contagios con covid-19 al interior de los centros penitenciarios”, resaltaron, señalando su desacuerdo con la posición de la ministra Cabello. Ella, al salir a hablar públicamente de los hechos en La Modelo, “negó la existencia de un problema sanitario que propiciara las protestas en los centros carcelarios del país”. (Se extienden los motines en varias prisiones del mundo por temor al coronavirus)
Al respecto, Cepeda y Castañeda le hablaron a la CIDH de algunos puntos que les preocupa. Por ejemplo, que la Fiscalía, casi de inmediato, hubiera confirmado el mismo número de personas muertas y heridas -que fueron 83- durante las protestas en La Modelo. Para ellos, ese podría ser un signo de “falta de autonomía e independencia en el ejercicio de la acción penal”. La Fiscalía, en efecto, confirmó las cifras del Inpec horas después del motín, y anunció la creación de “un equipo especial de 45 funcionarios” para las indagaciones.
No pasaron más de 24 horas desde el episodio en La Modelo para que el Gobierno informara que había decidido decretar la emergencia carcelaria, algo que venían pidiéndole con insistencia organizaciones de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. El decreto, que también mencionaron Cepeda y Castañeda en su comunicación a la CIDH, no se ha conocido aún: ayer martes 24 de marzo, la ministra de Justicia estaba concentrada en su elaboración, explicó su oficina de prensa. (El caos que se vivió en las cárceles de Bogotá en fotos)
Todo apunta a que el decreto incluirá regímenes temporales de libertad y de detención domiciliaria. Se dice que más de 10.000 personas podrían salir en excarcelaciones masivas. Cepeda y Castañeda le contaron a la CIDH también de otras medidas que se han venido tomando para prevenir el riesgo del nuevo coronavirus entre la población carcelaria, como impedir salidas a citas médicas -con ciertas excepciones-, audiencias judiciales virtuales, búsquedas y exámenes a quienes presenten síntomas similares, suspensión de visitas.
El problema, enfatizan Cepeda y Castañeda, es que “ninguna de estas medidas, con el problema de hacinamiento, son eficaces para enfrentar la pandemia de covid-19 en las cárceles de Colombia, pues la presencia de una gran cantidad de personas en un espacio reducido ha felicitado la proliferación de varias de enfermedades. A lo que se suma “la ausencia de un suministro constante de agua potable”, lo que vuelve “imposible” la ejecución de protocolos de asepsia como el lavado de manos, también ordenado por el Gobierno.
En cuanto a las mujeres privadas de la libertad, el congresista y el director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos retomaron algunas de las denuncias que divulgó este diario en su edición del pasado 23 de marzo. Internas del Buen Pastor de Bogotá le contaron a El Espectador que las medidas preventivas del covid-19 que se están llevando a cabo precariamente, que las mujeres no se están alimentando bien -en parte, porque se prohibieron las remesas- y que a las mujeres en lactancia las separaron de sus hijos.
Con base en toda esta información, Cepeda y Castañeda manifestaron su “profunda preocupación” por lo ocurrido el 21 de marzo pasado en la cárcel La Modelo. “Por ello solicitamos se inste al Estado colombiano a que adelante las investigaciones disciplinarias y penales” que correspondan, dijeron. Le pidieron a la Comisión incluso que, si le era posible, realizara ella misma un seguimiento a las indagaciones que se adelanten en Colombia por la muerte de los 23 reclusos de La Modelo.
“Así mismo alertamos sobe la utilización excesiva de la fuerza en los establecimientos penitenciarios de Combita, Cúcuta, la ‘Picota’ en Bogotá y la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor, donde se adelantaron jornadas de protesta y fueron duramente reprimidas”. De igual forma, le pidieron que “conmine de manera urgente al Estado colombiano para que el decreto de emergencia carcelaria incluya “las medidas necesarias” para aliviar el hacinamiento en los centros penitenciarios, que supera el 50 % según cifras oficiales.
De acuerdo con Cepeda y Castañeda, la estrategia de reducción del hacinamiento podría incluir que se otorgue detención domiciliaria para personas que corren mayor riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus, como los mayores de 60 años, las mujeres en embarazo o los pacientes de enfermedades crónicas; libertad condicional para quienes hayan cometido delitos menores sin violencia; un plan de descongestión judicial. También, sustitución de medida de aseguramiento para internos en sitios de mínima seguridad. (Suspenden visitas a todas las cárceles del país por emergencia sanitaria de Coronavirus)
Más importante aún, los remitentes de la comunicación piden que se conforme “una Red de Respuesta Integral frente a un eventual contagio de covid-19”, que las personas cuyo contagio se confirmen sean aisladas en una instalación médica especial con acceso a medicamentos y a profesionales “idóneos”, y que se garanticen remisiones rápidas a centros hospitalarios de llegar a ser necesario. De esa manera, sostienen ellos, en las cárceles se podría afrontar mejor la pandemia del nuevo coronavirus.
El covid-19, según el Instituto Nacional de Salud, deja ya 378 casos confirmados y tres muertes en Colombia. Esta nueva cepa de coronavirus, descubierta a finales de diciembre pasado en China, ha contagiado a más de 338.000 personas en todo el mundo, de acuerdo con cifras de la misma entidad. La carta de Cepeda y Castañeda llega a una ciudad de calles semidesiertas, pues las autoridades locales de Washington D.C. han prohibido reuniones y el funcionamiento de negocios “no esenciales”.