Policías no aceptan los cargos por chuzadas a exniñera de hijo de Laura Sarabia

A esta hora, en el Juzgado Tercero de Garantías de Bogotá se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura de los policías capturados el pasado jueves 31 de agosto por la investigación que se adelanta por las chuzadas contra Marbelys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro. La detención de los miembros de la Fuerza Pública se da en medio del anuncio del retorno de Sarabia al Gobierno, ahora como directora de Prosperidad Social.

Desde el jueves, este diario pudo confirmar con fuentes cercanas a la Fsicalía la identidad de los uniformados capturados. Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, ambos de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN); y el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa, fueron los detenidos en la mañana del jueves 31 de agosto. Ahora la Fiscalía investiga si los miembros de la Fuerza Pública utilizaron de manera ilegal el polígrafo en contra Mesa y Fabiola Perea, otra trabajadora de Sarabia, por el supuesto robo de un dinero de la casa de la exjefa de gabinete.

Después de que la Fiscalía terminó su intervención y de haber consultado a sus abogados, ninguno de los uniformados aceptó los cargos por el caso. De acuerdo con la jueza, la audiencia de medida de aseguramiento se realizará el próximo lunes 4 de septiembre en horas de la mañana.

La Fiscalía toma la palabra para iniciar con la imputación a los miembros de la Fuerza Pública que habrían participado en las interceptaciones ilegales contra Marbelys Meza y Fabiola Perea. De acuerdo con la fiscal del caso, la denuncia que fue interpuesta el 30 de enero de este año por el supuesto robo de un maletín con dinero que pertenecía a la entonces jefa del gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, fue alterada por los policías Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua.

“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia.

Según lo que expone la Fiscalía dentro de la audiencia, la alteración del informe, que habría sido hecha por los dos policías, habría llevado a que la fiscal que conoció el informe diera la orden de interceptar las líneas telefónicas de las entonces empleadas de Laura Sarabia.

Por otra parte, el ente investigador sostiene que en el caso del capitán Carlos Andrés Loaiza y el agente de la Dijin Jhon Fredi Morales, conocían de las presuntas irregularidades dentro del informe presentado por Canizales y Quinchanegua, pero que decidieron ocultarlo y así engañar a un juez y a un fiscal para poder interceptar a Marbelys Meza.

De acuerdo con la jueza del caso, a pesar de las pruebas que presentaron los abogados de los miembros de la Fuerza Pública capturados el pasado 31 de agosto por la investigación sobre su participación en las interceptaciones ilegales a Marbelys Mesa y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

Asimismo, en la audiencia que se realiza en paralelo, el juez 50 de Control de Garantías de Bogotá también declaró que la captura Rafael Ricardo Santos y el Policía Fredy Alexander Gómez. Ellos están en medio de la investigación por presunto falso testimonio en el caso de las chuzadas a Marbelys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

Los defensores de los uniformados capturados el pasado jueves 31 de agosto le piden a esta hora a la jueza Tercera de Garantías de Bogotá que declare ilegal la captura de sus clientes. Según el abogado Diego Gutiérrez, defensor del intendente Alfonso Quinchanegua, los documentos de la captura tienen irregularidades y están llenos de mentiras sobre los elementos incautados a los miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, el defensor Gutiérrez dice que su cliente fue víctima de un entrampamiento por parte de la Fiscalía. Según el abogado, minutos antes de la captura del intendente Quinchanegua se organizó todo para que estuviera junto a otros uniformados que serían capturados. “A las 8:13 de la mañana, los superiores ordenan que estén estos individuos capturados en la oficina del S1″, dijo el abogado.

De otro lado, una fiscal de Bogotá inició las audiencias preliminares contra los expolicías Fredy Alexander Gómez y Rafael Ricardo Santos, por los presuntos delitos de fraude procesal y falso testimonio. Este diario pudo confirmar que ambos capturados son señalados de crear falsos perfiles de personas que habrían tenido comunicación con las exempleadas de Sarabia y de chuzar a uno de los amigos de Marbelys Meza, de quien se habría publicado información falsa que le habría costado su trabajo. Todavía no se sabe con precisión cual es la teoría del caso en contra de ambos, dado que la audiencia de imputación todavía no se ha realizado y recién está iniciando la legalización de las capturas.

La jueza decidió suspender por una hora la audiencia de legalización de captura, para que todas las partes pudieran revisar los documentos relacionados con las capturas de los miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con la fiscal del caso, el actuar de los uniformados habría hecho que fiscales en Bogotá y Quibdó incurrieran en errores. Según dijo la fiscal 102, “Dana Canizales, Alfonso Quinchanegua, Jhon Fredi Morales y Carlos Andrés Loaiza concurrieron con conductas irregulares” para poder interceptar las líneas de Marbelys Mesa y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

Sobre la captura por los presuntos hecho, la Fiscalía le señaló al Juzgado que 18 de agosto de esre año, el Juzgado 2 de Garantías de Bogotá emitió las órdenes de captura contra Jhon Fredi Morales y Carlos Andrés Loaiza. Por su parte, el pasado 24 de agosto el juez 41 emitió las órdenes contra Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua.

Los uniformados, sus abogados y las demás partes se presentan ante la Jueza Tercera de Control de Garantías de Bogotá. De acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía sobre el caso, el 30 de enero de este año, un uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente aseguró que las líneas de celular de la exniñera y de la otra empleada de Laura Sarabia pertenecían a alias La Cocinera y alias La Madrina, dos presuntas integrantes del Clan del Golfo. Posteriormente, el policía habría pedido formalmente intervenir esos números telefónicos y, con base en estos documentos, llegó hasta un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres.

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