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*Profesor asociado y miembro del Grupo de Prisiones Facultad de Derecho, Universidad de los Andes
**Profesor Escuela de Posgrados, Universidad Autónoma Latinoamericana
A medida que los riesgos de la expansión del COVID-19 comenzaron a incrementarse en Colombia, surgió la pregunta sobre ¿qué deberíamos hacer con las personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios? Esta cuestión era central, teniendo en cuenta los especiales riesgos para la salud que experimentan las personas privadas de la libertad y la urgencia de diseñar medidas efectivas que en el corto plazo permitieran morigerar la expansión de la pandemia a lo largo y ancho de los pabellones penitenciarios. Este reto, en sí mismo lo suficientemente importante, se unía a la exigencia de proteger la seguridad ciudadana, pues se aseguraba que cualquier medida adoptada debería tener en cuenta su impacto en el aumento de la criminalidad.
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Las evaluaciones de riesgo de reincidencia de las personas que eventualmente podrían verse cobijadas por la medida ocuparon un lugar centra en la discusión pública sobre las excarcelaciones. El horizonte de las medidas, con sus perfiles de peligrosidad y reincidencia, tenía como fondo el hogar, esto es, las penas y medidas domiciliarias como alternativas al encarcelamiento en Colombia. En pocas palabras, la solución del gobierno nacional fue enviar a unas (pocas) personas presas para sus casas y encerrarlas allí. La anterior discusión, en el contexto particular de la pandemia, reitera los problemas que tradicionalmente han enfrentado las políticas que le apuestan a la descongestión de los centros de reclusión con base en el traslado de las personas presas a sus domicilios: el esquema institucional de penas y medidas domiciliarias sólo existe en el papel. Si esto es ya bastante grave en un contexto de normalidad, como medida de urgencia para atender una crisis de salud pública resulta especialmente grave, más aún cuando se trata de mujeres privadas de la libertad por delitos menores de drogas.
Debido a la situación de emergencia del Covid-19, el domicilio se convirtió en el dispositivo de confinamiento preferido por el gobierno para controlar la expansión de la pandemia, tanto para las personas libres sometidas a las medidas de restricción de la movilidad, como para los otrora encarcelados que fueron trasladados a sus domicilios. Como lo ha mostrado un reciente estudio publicado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, esta permanencia en el domicilio ha generado retos particulares para las mujeres de la región, quienes no sólo han visto como se aumentan sus obligaciones en labores de cuidado, sino también las cifras de violencia física y sexual contra ellas. Por ello, trasladar a las mujeres privadas de la libertad de la cárcel a su casa puede implicar también su sometimiento a otros riesgos y formas de dominación.
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Las domiciliarias en Colombia
La inmensa mayoría de los análisis sobre la crisis penitenciaria en Colombia se han enfocado en una parte importante de la población que sufre los rigores del encierro en condiciones infrahumanas, esto es, la población intramural. Según los datos del INPEC para marzo de este año, justo antes de que se desatará la pandemia en nuestro contexto, había 122.598 personas privadas de la libertad intramuralmente y fue en esta población en la que se concentró la discusión pública; por supuesto, esto es perfectamente comprensible, aunque al mismo tiempo se dejó por fuera del debate a las casi 68,000 personas que para ese momento se encontraban privadas de la libertad en sus domicilios y a las que se unirían aquellas que fuesen cobijadas por las medidas, tan criticadas como de poco alcance, que meses después adoptaría el Decreto 546 de 2020 del gobierno nacional.
Como había sucedido en las anteriores políticas de descongestión, la preocupación se concentró en cuántas personas debían salir, cuál debería ser su perfil y qué reformas legales debían efectuarse para que esto fuese posible; no se analizó si, por ejemplo, el esquema institucional de domiciliarias estaba preparado para recibir a estas personas, cuáles son las obligaciones del Estado para con las personas privadas de la libertad en sus domicilios y si, por ejemplo, el tipo de bienes y servicios -por escasos que sean- que presta el INPEC al interior de los muros deberían extenderse a aquellas personas trasladadas a sus domicilios.
Estas preguntas ni siquiera se plantearon en la discusión pública que se concentró en diseñar perfiles de potenciales personas excarcelables para minimizar el riesgo de reincidencia, asumiendo que en sus domicilios contarían con acceso a bienes y servicios básicos en materia de alimentación y salud y que allí estarían libres de todo riesgo. La discusión finaliza en el domicilio, pero creemos que allí continúan los problemas, como lo muestra con especial crudeza la situación de las mujeres privadas de la libertad en sus hogares en medio de la pandemia del Covid-19.
Mujeres, delitos de drogas y domiciliarias en Colombia
En Colombia, en la última década ha aumentado la proporción de mujeres que se encuentran en el sistema penitenciario. Mientras que el promedio anual del año 2000 fue de 3.071 mujeres recluidas –representando un 6,1% de la población penitenciaria total-, para marzo de 2020 se encontraban recluidas un total de 8.590 mujeres -con una representación del 7% de la población intramural total-. Que el sistema penitenciario se concentra fundamentalmente en los hombres en conflicto con el derecho penal no debería tomarnos por sorpresa; lo que sí puede resultar un tanto desconcertante a primera vista es que las penas y medidas domiciliarias se concentren en una mayor proporción en las mujeres. En efecto, para marzo de 2020 había 170.997 hombres privados de la libertad bajo supervisión del INPEC, de los cuales 56.989 (33,3%) se encontraban encerrados en su domicilio; mientras que, de las 19.559 mujeres privadas de la libertad, 10.969 (56%) de ellas estaban presas en casa. Es decir, aunque el total de hombres en prisión domiciliaria es más alto que el de las mujeres, esto se debe simplemente a que hay muchos más hombres privados de la libertad, pero, porcentualmente, el número de mujeres encerradas en su domicilio es considerablemente mayor.
Esta tendencia es particularmente visible en la proporción de mujeres detenidas por delitos de narcotráfico. Los datos muestran que la población de mujeres recluidas por narcotráfico representa el 28,5% del total de la población femenina intramural, generando una cifra mucho más alta en comparación con los sindicados y condenados hombres recluidos por este delito, que suponen un 12.2% del total de la población. Según señala un estudio conducido por Uprimny, Chaparro y Cruz, en Colombia a inicios de siglo XXI, 40 de cada 100 mujeres eran perseguidas penalmente por delitos relacionados con las drogas y, en un lapso de apenas quince años, esta cifra ha pasado a ser de 46 de cada 100.
La inmensa mayoría de las mujeres condenadas bajo supervisión del INPEC se encuentran encerradas por delitos no violentos y/o relacionados con el tráfico de estupefacientes. Según el INPEC, casi la mitad de la población femenina se encuentra privada de la libertad por los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto o concierto para delinquir; así mismo, como lo muestra un estudio publicado por Norza-Céspedes, González-Rojas, Moscoso-Rojas y González Ramírez, las mujeres privadas de la libertad provienen mayoritariamente de contextos de violencia, pobreza y exclusión social. Muchas de ellas se encuentran en zonas en las que diferentes organizaciones criminales, aprovechando precisamente su situación económica, intentan integrarlas en las estructuras de distribución y transporte de estupefacientes. Así, la mujer presa pasa de estar encerrada y supervisada por el INPEC, a ser dominada por organizaciones que aprovechan su vulnerabilidad para conducirla al delito. Aunque ciertamente esta es una situación que experimentan por igual los hombres recluidos en la prisión y posteriormente trasladados a su domicilio (y que, por tanto, debe ser tomada en serio también en estos casos), para las mujeres el problema se amplifica por sus dificultades para integrarse en la economía nacional.
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Encerradas en la casa
El orden patriarcal del sistema laboral y la distribución del cuidado en la mujer son rasgos clave de la sociedad colombiana. En el país, la integración femenina en la economía nacional es considerablemente inferior a la masculina. Según lo muestran las cifras del DANE, el desempleo es porcentualmente superior para las mujeres (25,5%) que para los hombres (17%). A esto se suma que el DANE sólo mide como “desempleado” a las personas que han dejado de buscar trabajo activamente, lo que hacer necesario considerar que la tasa general de ocupación es considerablemente superior en hombres (con un 63%) que en mujeres (con un 37%). Esto permite suponer que algunas mujeres, o bien han desistido de buscar trabajo por las dificultades de acceder al mercado laboral o bien están integradas en familias donde el rol de provisión económica recae en el hombre y las labores de cuidado en la mujer.
Como lo muestra un estudio reciente conducido por nosotros en la cárcel El Pedregal en Medellín, las mujeres sometidas al encierro domiciliario carecen de manera casi absoluta de ingresos, algo que dificulta enormemente sufragar los costos de estar encerradas en su propio domicilio, sin posibilidad alguna de trabajar. Aunque la ley prevé la posibilidad de conceder permisos para laborar, no sólo se presenta la compleja situación descrita en el párrafo anterior, sino que dichos permisos son tremendamente excepcionales. A esto se suman las dificultades específicas que surgen durante la supervisión de la prisión domiciliaria, particularmente en cuanto a los dispositivos de vigilancia electrónica. En primer lugar, la supervisión material de la prisión domiciliaria suele ser compleja para los funcionarios del INPEC, quienes deben ingresar en barrios con severos problemas de seguridad. En segundo lugar, el funcionamiento depende de que los dispositivos que se ponen a las mujeres estén permanentemente en buen estado, no presenten manipulaciones y se encuentren con las baterías cargadas. Según lo han narrado funcionarios del INPEC, un problema común es la alerta por falta de carga del dispositivo, derivada de la imposibilidad económica de las mujeres para cubrir el servicio de electricidad, lo que revela el dramatismo de la situación.
Finalmente, una cuestión que no puede obviarse es que para las mujeres el encierro en el hogar representa un problema mayor que para los hombres. En una sociedad que tradicionalmente ha definido el rol femenino a través de las labores de cuidado, el encierro domiciliario puede reproducir esquemas tradicionales de subordinación. La mujer delincuente, vista desde los lentes de la sociedad patriarcal, es alguien que no sólo ha defraudado las expectativas sociales de no cometer delitos, sino que ha defraudado su rol de mujer, madre, hermana o hija, y el encierro domiciliario se convierte muchas veces en una forma de mantenerla dentro de los confines que dicha sociedad concibe como adecuados para ella: el hogar. Precisamente, son estas situaciones de pobreza económica y dominación masculina las que nos obliga a revisar la forma en que las mujeres son castigadas en Colombia, y la crisis generada por el COVID-19 parece un escenario oportuno para reabrir el debate de si las prisiones, esos espacios diseñados para castigar hombres y que desconocen las necesidades de las mujeres, o el hogar, aquél lugar en que la sociedad patriarcal ha pretendido confinar a la mujer, son mecanismos adecuados para atender la problemática generada por la criminalidad femenina.
Por Libardo José Ariza* y Fernando Tamayo**
