Encuentran primeros restos humanos en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmaron el hallazgo de restos en este sitio, conocido como la “fosa a cielo abierto” más grande del país.
Después de casi una década de búsqueda, las labores forenses en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, dieron sus primeros resultados. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmaron el hallazgo de restos humanos en este lugar, conocido como la “fosa a cielo abierto” más grande del país. De acuerdo con la Jurisdicción, los hallazgos corresponderían a los cuerpos de dos personas.
La Escombrera, símbolo de los horrores del conflicto armado, ha sido señalada durante años como un lugar de inhumación clandestina de víctimas desaparecidas en medio de la violencia que azotó a Medellín en los 2000. A pesar de las múltiples intervenciones previas, solo se habían encontrado prendas de vestir, accesorios, documentos y huesos de animales, sin que se lograra confirmar la presencia de restos humanos.
El reciente hallazgo marca un punto clave en la búsqueda de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto. Las entidades responsables continúan trabajando en la identificación de los restos para brindar respuestas a las familias de las víctimas y avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación.
El magistrado relator del caso, Gustavo Salazar, desde Medellín leyó el comunicado oficial mediante el cual la Jurisdicción anunció el hallazgo de de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. “Los hallazgos, reportados este miércoles, ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera”, señaló el togado.
Y añadió: “Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2.50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”.
Víctimas de la Comuna 13
Desde la Operación Orión, llevada a cabo en 2002 en el occidente de Medellín, el terreno conocido como La Escombrera ha recibido toneladas de desechos de construcción, dificultando la exhumación de los restos de las posibles víctimas de tortura y desaparición forzada enterradas en el lugar. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2003 se registró el mayor número de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, con 192 denuncias, lo que representa casi la mitad de los reportes documentados entre 1978 y 2016.
La Operación Orión, considerada la mayor incursión militar urbana en la historia de Colombia, tuvo lugar el 16 y 17 de octubre de 2002. En esta intervención participaron cerca de mil hombres armados, incluyendo efectivos de la Policía, el Ejército, el CTI, el desaparecido DAS y miembros del bloque paramilitar Cacique Nutibara. El operativo, que se extendió por siete barrios de la Comuna 13, buscaba erradicar la presencia de las milicias guerrilleras en Medellín.
Sin embargo, esta operación dejó un saldo devastador para la población civil: cientos de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios y otras formas de violencia. A más de dos décadas de los hechos, La Escombrera sigue siendo un lugar clave en la búsqueda de la verdad sobre las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, un proceso que enfrenta enormes obstáculos debido a los escombros que cubren el terreno y a la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La llamada fosa a cielo abierto también fue objeto de medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción desde el 20 de agosto de 2020, mediante las cuales se prohibió cualquier actividad en los lotes. A través de esa figura, la JEP también cerró las puertas para que allí siguieran llegando volquetas con cualquier tipo de elementos, pues eso retardaría las labores de excavación adelantadas con el fin de buscar restos óseos.
El 22 de septiembre de 2023, la Jurisdicción amplió la decisión por 12 meses más y, el 4 de octubre del mismo año, ese órgano de justicia transicional realizó una audiencia pública para hacer seguimiento a las medidas cautelares. Durante esa diligencia se entregaron los avances de las excavaciones, donde se habló del hallazgo de prendas y otros elementos.
Los datos sobre el primer hallazgo
El polígono protegido intervenido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5. “Esta fase consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense”, precisó el órgano de justicia transicional.
Durante el anuncio, el magistrado Salazar indicó: “Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”.
El togado agregó que los aportes de las familias buscadoras ha sido determinante para hacer más efectivas las labores de la Unidad de Búsqueda y para que la Jurisdicción pueda avanzar en la emisión de órdenes judiciales para la ubicación de personas desaparecidas. “Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros”, anotó el magistrado relator.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Después de casi una década de búsqueda, las labores forenses en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, dieron sus primeros resultados. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmaron el hallazgo de restos humanos en este lugar, conocido como la “fosa a cielo abierto” más grande del país. De acuerdo con la Jurisdicción, los hallazgos corresponderían a los cuerpos de dos personas.
La Escombrera, símbolo de los horrores del conflicto armado, ha sido señalada durante años como un lugar de inhumación clandestina de víctimas desaparecidas en medio de la violencia que azotó a Medellín en los 2000. A pesar de las múltiples intervenciones previas, solo se habían encontrado prendas de vestir, accesorios, documentos y huesos de animales, sin que se lograra confirmar la presencia de restos humanos.
El reciente hallazgo marca un punto clave en la búsqueda de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto. Las entidades responsables continúan trabajando en la identificación de los restos para brindar respuestas a las familias de las víctimas y avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación.
El magistrado relator del caso, Gustavo Salazar, desde Medellín leyó el comunicado oficial mediante el cual la Jurisdicción anunció el hallazgo de de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. “Los hallazgos, reportados este miércoles, ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera”, señaló el togado.
Y añadió: “Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2.50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”.
Víctimas de la Comuna 13
Desde la Operación Orión, llevada a cabo en 2002 en el occidente de Medellín, el terreno conocido como La Escombrera ha recibido toneladas de desechos de construcción, dificultando la exhumación de los restos de las posibles víctimas de tortura y desaparición forzada enterradas en el lugar. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2003 se registró el mayor número de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, con 192 denuncias, lo que representa casi la mitad de los reportes documentados entre 1978 y 2016.
La Operación Orión, considerada la mayor incursión militar urbana en la historia de Colombia, tuvo lugar el 16 y 17 de octubre de 2002. En esta intervención participaron cerca de mil hombres armados, incluyendo efectivos de la Policía, el Ejército, el CTI, el desaparecido DAS y miembros del bloque paramilitar Cacique Nutibara. El operativo, que se extendió por siete barrios de la Comuna 13, buscaba erradicar la presencia de las milicias guerrilleras en Medellín.
Sin embargo, esta operación dejó un saldo devastador para la población civil: cientos de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, desapariciones, homicidios y otras formas de violencia. A más de dos décadas de los hechos, La Escombrera sigue siendo un lugar clave en la búsqueda de la verdad sobre las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, un proceso que enfrenta enormes obstáculos debido a los escombros que cubren el terreno y a la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La llamada fosa a cielo abierto también fue objeto de medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción desde el 20 de agosto de 2020, mediante las cuales se prohibió cualquier actividad en los lotes. A través de esa figura, la JEP también cerró las puertas para que allí siguieran llegando volquetas con cualquier tipo de elementos, pues eso retardaría las labores de excavación adelantadas con el fin de buscar restos óseos.
El 22 de septiembre de 2023, la Jurisdicción amplió la decisión por 12 meses más y, el 4 de octubre del mismo año, ese órgano de justicia transicional realizó una audiencia pública para hacer seguimiento a las medidas cautelares. Durante esa diligencia se entregaron los avances de las excavaciones, donde se habló del hallazgo de prendas y otros elementos.
Los datos sobre el primer hallazgo
El polígono protegido intervenido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5. “Esta fase consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense”, precisó el órgano de justicia transicional.
Durante el anuncio, el magistrado Salazar indicó: “Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”.
El togado agregó que los aportes de las familias buscadoras ha sido determinante para hacer más efectivas las labores de la Unidad de Búsqueda y para que la Jurisdicción pueda avanzar en la emisión de órdenes judiciales para la ubicación de personas desaparecidas. “Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros”, anotó el magistrado relator.
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