Enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo dejan 1.150 desplazados en Chocó

Corregimientos del municipio de Medio San Juan, al sur de Chocó y en cercanías con el Valle, están situados por enfrentamientos armados entre el Eln y el Clan del Golfo. Al menos 1.150 personas se han desplazado a las comunidades vecinas, desde la región de Dipurdú del Guasimo. La Defensoría alerta que la situación se puede agravar y extenderse a los municipios de Sipí y Litoral de San Juan.

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“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para avanzar en la atención de 1.150 personas desplazadas durante el fin de semana hacia las comunidades vecinas de San Miguel e Isla de Cruz, por enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Por estos combates se han reportado varías situaciones que ponen en riesgo a esta comunidad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Según ha podido constatar la Defensoría, hay un confinamiento de 800 personas en el corregimiento San Miguel y otras 350 en el sector La Unión, territorios donde las familias desplazadas tienen las pertenencias que alcanzaron a sacar. Carlos Camargo prometió que un equipo de la institución viajará a la zona para atender a las víctimas. José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan, le dijo a Rcn Radio que la cifra supera las 1.600 personas.

La población le ha manifestado a la Defensoría que, desde el pasado 12 de agosto, el Clan de Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (nombre que la familia de Jorge Eliecer Gaitán repudia) ingresaron a los corregimientos de La Unión y Dipurdú del Guasimo, pintando grafitis e interrogando civiles. Luego de tres días, se reportaron combates que se sostienen hasta la fecha.

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“A pesar de los acuerdos firmados en noviembre del 2016 con las Farc, hoy las comunidades de todo el Chocó estamos siendo sometidas a desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a niñas indígenas por parte de las Agc, el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley y otros vejámenes en contra de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra propia vida”, le dijo un defensor de derechos humanos a El Espectador, quien guarda su nombre para proteger su vida. Asegura que en todo el departamento las Agc marcan lugares públicos con grafitis alusivos a sus siglas.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la grave situación en Medio San Juan. El 23 de agosto de 2019, a través del sistema de alertas tempranas, la institución aseguró que tanto en ese municipio como en Istmina la comunidad denunció restricciones y amenazas por parte del Eln. Según la Defensoría, se trata de un plan de la guerrilla para forzar a la población a rechazar y a oponerse a la presencia del Ejército en el territorio.

“En ese cometido, el Eln, en una flagrante infracción al principio de distinción, ha declarado como ‘objetivo militar’ a personas señaladas de sostener cualquier tipo de relación directa o indirecta con el Ejército Nacional, advirtiendo que puede atentar contra sus vidas o que serán conminadas al desplazamiento forzado. Entre las personas vulnerables ante esta dinámica se encontrarían mujeres, así como comerciantes o transportadores a quienes se considere estén favoreciendo a su adversario”, denunció la Defensoría.

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Tal ha sido la agresión del Eln, que en agosto de 2019 circuló un panfleto en el que se le ordenó a la población civil el cierre total del comercio. Se declaró objetivo militar a los pobladores que se relacionen con el Ejército, incluso si tienen relaciones afectivas. Se le manifestó, además, a la población del sector Noanamá que debía abandonar el territorio, en caso de que el Ejército no saliera en 48 horas.

“La geografía montañosa asociada con la serranía del Baudó y la cordillera Occidental y su orografía asociada al río San Juan y sus afluentes hídricos convierten a los municipios de Istmina y Medio San Juan en lugares estratégicos que ofrecen ventajas tácticas para la comunicación, movilización y abastecimiento de las estructuras armadas entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Adicionalmente, posibilitan el refugio o repliegue de tropas, el tráfico de armas y de precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca, y la custodia de secuestrados”, agregó la Defensoría.

Corregimientos del municipio de Medio San Juan, al sur de Chocó y en cercanías con el Valle, están situados por enfrentamientos armados entre el Eln y el Clan del Golfo. Al menos 1.150 personas se han desplazado a las comunidades vecinas, desde la región de Dipurdú del Guasimo. La Defensoría alerta que la situación se puede agravar y extenderse a los municipios de Sipí y Litoral de San Juan.

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“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para avanzar en la atención de 1.150 personas desplazadas durante el fin de semana hacia las comunidades vecinas de San Miguel e Isla de Cruz, por enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Por estos combates se han reportado varías situaciones que ponen en riesgo a esta comunidad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Según ha podido constatar la Defensoría, hay un confinamiento de 800 personas en el corregimiento San Miguel y otras 350 en el sector La Unión, territorios donde las familias desplazadas tienen las pertenencias que alcanzaron a sacar. Carlos Camargo prometió que un equipo de la institución viajará a la zona para atender a las víctimas. José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan, le dijo a Rcn Radio que la cifra supera las 1.600 personas.

La población le ha manifestado a la Defensoría que, desde el pasado 12 de agosto, el Clan de Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (nombre que la familia de Jorge Eliecer Gaitán repudia) ingresaron a los corregimientos de La Unión y Dipurdú del Guasimo, pintando grafitis e interrogando civiles. Luego de tres días, se reportaron combates que se sostienen hasta la fecha.

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“A pesar de los acuerdos firmados en noviembre del 2016 con las Farc, hoy las comunidades de todo el Chocó estamos siendo sometidas a desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a niñas indígenas por parte de las Agc, el Eln, disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley y otros vejámenes en contra de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra propia vida”, le dijo un defensor de derechos humanos a El Espectador, quien guarda su nombre para proteger su vida. Asegura que en todo el departamento las Agc marcan lugares públicos con grafitis alusivos a sus siglas.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre la grave situación en Medio San Juan. El 23 de agosto de 2019, a través del sistema de alertas tempranas, la institución aseguró que tanto en ese municipio como en Istmina la comunidad denunció restricciones y amenazas por parte del Eln. Según la Defensoría, se trata de un plan de la guerrilla para forzar a la población a rechazar y a oponerse a la presencia del Ejército en el territorio.

“En ese cometido, el Eln, en una flagrante infracción al principio de distinción, ha declarado como ‘objetivo militar’ a personas señaladas de sostener cualquier tipo de relación directa o indirecta con el Ejército Nacional, advirtiendo que puede atentar contra sus vidas o que serán conminadas al desplazamiento forzado. Entre las personas vulnerables ante esta dinámica se encontrarían mujeres, así como comerciantes o transportadores a quienes se considere estén favoreciendo a su adversario”, denunció la Defensoría.

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Tal ha sido la agresión del Eln, que en agosto de 2019 circuló un panfleto en el que se le ordenó a la población civil el cierre total del comercio. Se declaró objetivo militar a los pobladores que se relacionen con el Ejército, incluso si tienen relaciones afectivas. Se le manifestó, además, a la población del sector Noanamá que debía abandonar el territorio, en caso de que el Ejército no saliera en 48 horas.

“La geografía montañosa asociada con la serranía del Baudó y la cordillera Occidental y su orografía asociada al río San Juan y sus afluentes hídricos convierten a los municipios de Istmina y Medio San Juan en lugares estratégicos que ofrecen ventajas tácticas para la comunicación, movilización y abastecimiento de las estructuras armadas entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Adicionalmente, posibilitan el refugio o repliegue de tropas, el tráfico de armas y de precursores químicos para el procesamiento de la hoja de coca, y la custodia de secuestrados”, agregó la Defensoría.