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El recrudecimiento de la violencia en Arauca afecta principalmente a las comunidades indígenas y campesinas de Puerto Rondón. Así lo expresó la Defensoría del Pueblo este sábado 2 de septiembre. Según la entidad, el enfrentamiento entre distintos grupos armados que operan en la zona como disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han provocado que a menos 1371 personas se hayan desplazado forzosamente o que estén confinadas.
“Ante nuevos enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, grupo disidente de las Farc, y el Frente de Guerra Oriental, del ELN, registrados desde la noche del 29 de agosto, la Defensoría ha recibido información preliminar sobre el confinamiento de siete veredas del sector conocido como Marreros, del municipio de Puerto Rondón, con un potencial de afectación a 274 familias, unas 818 personas confinadas”, señaló el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
De igual manera, manifiesta el funcionario, que otra problemática de la zona es “el desplazamiento masivo interveredal con un potencial de afectación de 183 familias, es decir, 553 personas, entre las veredas El Progreso, Normandía, El Paisaje y La Esmeralda”.
Según lo informado por la entidad, en este momento siguen verificando la información, pues no han podido acceder completamente al territorio ni a la información sobre el estado de la población civil. Por ahora, varias familias del municipio se encuentran confinadas en centros educativos y casas comunales, pero siguen expuestos a quedar en medio del fuego cruzado entre los grupos armados, entrar a zonas minadas o ser amenazados por los violentos.
“Reitero el llamado enfático a las autoridades para que tomen todas las acciones que se requieran para evitar que los grupos armados ilegales, en particular aquellos que están adelantando conversaciones con el Gobierno Nacional, continúen con sus ataques contra la población civil”, dijo el defensor Camargo. Además, señaló que “los grupos armados ilegales están realizando enfrentamientos entre ellos mismos que generan zozobra en la comunidad, y además redundan en graves vulneraciones a sus derechos humanos ante el desplazamiento masivo y el confinamiento, situaciones que impiden a los habitantes realizar las actividades diarias en la zona”.
Según la Defensoría, se han hecho advertencias de la situación de violencia en Arauca a través de las “Alertas Tempranas 023 de 2021, emitida para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 de 2023, para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame”. Estas alertas, dice la entidad, dan cuenta de los riesgos que tiene la población por culpa de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales.
Asimismo, la Defensoría señala que han advertido sobre el alto riesgo que tienen líderes y lideresas de la zona, así como del incremento en los riesgos que hay en torno a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año, en el que Arauca es de las zonas con mayor riesgo. “La situación en Arauca sigue siendo grave. Solicitamos a toda la institucionalidad del Estado acatar las recomendaciones contenidas en nuestras Alertas Tempranas, pero además, poner los ojos de manera especial sobre esta zona del país, en la que los homicidios, las amenazas y los hostigamientos en contra de la población civil y de los líderes son constantes”, expresó Carlos Camargo.
Según la entidad, en la última semana se reportaron siete homicidios a civiles (tres en Arauquita, dos en Tame y dos en Arauca), y también aumentó el número de desaparecidos y el desplazamiento forzado, siendo el último la única manera de salvaguardar la vida.
Por la preocupación que hay sobre la zona, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para convocar urgentemente un encuentro y “trazar estrategias de prevención y de protección en las zonas más afectadas por el conflicto en el departamento”. Según el defensor Camargo, “no podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Arauca, debemos convocar a todas las instancias para que el alivio humanitario del que se habla en las mesas de diálogo con los grupos al margen de la ley sea una realidad para la población civil”.
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