Enigmas del Palacio que se llevó a la tumba el General Mejía Henao

La muerte del general (r) Nelson Mejía Henao terminó siendo otro paso hacia el limbo en el que se encuentra la presunta desaparición de civiles que protagonizaron agentes del desmantelado Batallón Charry Solano, durante el holocausto del Palacio de Justicia, pues su deceso el domingo pasado dejó sin explicación su versión sobre la detención irregular y las torturas de las que fueron objeto dos estudiantes capturados en la luctuosa jornada.

A pesar de que dos autoridades judiciales reconocieron la detención ilegal y las torturas en contra de los jóvenes, el comandante (r) de las Fuerzas Militares terminó avalando la versión de los integrantes del Charry Solano, también denominado como el Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, según la cual nunca hubo traslado de detenidos durante la retoma del Palacio a esa unidad castrense, en el sur de Bogotá.

Según la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una diligencia cumplida el 31 de enero de 1986, el entonces procurador Delegado para las Fuerzas Militares, general Nelson Mejía Henao, el ex comandante del Coici, general Iván Ramírez, entre otros altos mandos militares, certificaron la revisión de las minutas en las que se desvirtuaba la posibilidad de que alguno de los detenidos en la retoma hubiera estado en el Charry Solano.

Así lo pone de presente ese órgano de lo contencioso administrativo en el fallo de una demanda de reparación directa, dentro del expediente No. 87-D-4082 del 15 de julio de 1993, consultado por ElEspectador.com.

En contraste, el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante controvierte la versión, al señalar que dos estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia que se encontraban dentro del Palacio de Justicia en el momento de la toma no sólo fueron conducidos a esa unidad de inteligencia sino que fueron objeto de innumerables torturas por parte de los uniformados.

Se trata de Eduardo Matson Ospino y su compañera, Yolanda Santodomingo Albericci, cuyo padre era amigo del ministro de Justicia en 1985, Enrique Parejo González, que habrían sido detenidos y llevados a la Casa del Florero por un civil, desde donde habrían empezado a ser objeto de agresiones físicas y verbales de parte de los militares.

"De allí fueron trasladados al Batallón de Inteligencia Charry Solano, en donde fueron objeto de graves e injustas agresiones físicas y sicológicas, hasta que logró establecerse que la identidad suministrada por ellos era verdadera, y que nada habían tenido que ver con el movimiento guerrillero que ocupó el Palacio (sic)", señala el documento.

El mismo Juzgado había sido categórico al manifestar que tales actuaciones constituían tortura en contra de los jóvenes, que no podía surgir sino de la latente sospecha de que se trataba de guerrilleros del M-19.

"Lo más grave es que estos estudiantes no fueron incluidos en las listas de personas capturadas, lo que da base para sostener que sí existieron capturas irregulares al culminar el operativo militar", señala el despacho en el escrito de calificación del mérito para la apertura del sumario, fechado en noviembre de 1986.

Posterior a la retención de los jóvenes, el Ejército no sólo se vio obligado a dejar a los dos universitarios en libertad sino que presentó sus respectivas excusas a los agredidos, en momentos en los que los miembros del Coici negaron categóricamente el traslado de algún detenido en la retoma del Palacio a esa unidad castrense.

El tribunal, además, cuestiona el hecho de que no hayan sido referidos en la lista de personas que fueron enumeradas en la evacuación del edificio donde operaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de la época.

"Como otro hecho elocuente de la gravísima irregularidad cometida en contra de los jóvenes estudiantes, véase que sus nombres no aparecen en la lista de personal "evacuado" del Palacio de Justicia", agrega el Juzgado en el texto.

La estudiante Yolanda Santodomingo compartió su propia tragedia con el periodista y escritor, Germán Castro Caycedo, quien dio cuenta del drama que vivieron los jóvenes y otras víctimas del holocausto, a través de la obra "El Palacio sin máscara".

La estudiante de derecho relató cómo ella y su compañero fueron torturados permanentemente por los uniformados para que se decidieran a confesar su inexistente relación con los insurgentes del M-19, pero que fue gracias a la amistad de su padre con el entonces Ministro Parejo que fueron puestos en libertad y hasta recibieron excusas por parte de los militares.

"Sé que luego estuve en el Batallón Charry Solano porque Juan José Neira Liévano, el de la Procuraduría, cuando vino a Santa Marta, me lo dijo", indicó la joven, quien añadió que el representante del Ministerio Público, al tomar su declaración en febrero del 86, señaló que había sido tratada con buenas maneras, en términos generales.

La estudiante de la Universidad Externado de Colombia cuestionó la actitud encubridora del funcionario, quien le habría respondido que ella "no lo podía contar todo".

Este tipo de versiones, muy seguramente, serán tema del interrogatorio que tenga preparado la parte civil para el comandante (r) de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue citado a declarar en el proceso que enfrenta el general (r) Iván Ramírez Quintero, en audiencia que se cumplirá ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en la mañana de este miércoles.

La muerte del general (r) Nelson Mejía Henao terminó siendo otro paso hacia el limbo en el que se encuentra la presunta desaparición de civiles que protagonizaron agentes del desmantelado Batallón Charry Solano, durante el holocausto del Palacio de Justicia, pues su deceso el domingo pasado dejó sin explicación su versión sobre la detención irregular y las torturas de las que fueron objeto dos estudiantes capturados en la luctuosa jornada.

A pesar de que dos autoridades judiciales reconocieron la detención ilegal y las torturas en contra de los jóvenes, el comandante (r) de las Fuerzas Militares terminó avalando la versión de los integrantes del Charry Solano, también denominado como el Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, según la cual nunca hubo traslado de detenidos durante la retoma del Palacio a esa unidad castrense, en el sur de Bogotá.

Según la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una diligencia cumplida el 31 de enero de 1986, el entonces procurador Delegado para las Fuerzas Militares, general Nelson Mejía Henao, el ex comandante del Coici, general Iván Ramírez, entre otros altos mandos militares, certificaron la revisión de las minutas en las que se desvirtuaba la posibilidad de que alguno de los detenidos en la retoma hubiera estado en el Charry Solano.

Así lo pone de presente ese órgano de lo contencioso administrativo en el fallo de una demanda de reparación directa, dentro del expediente No. 87-D-4082 del 15 de julio de 1993, consultado por ElEspectador.com.

En contraste, el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante controvierte la versión, al señalar que dos estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia que se encontraban dentro del Palacio de Justicia en el momento de la toma no sólo fueron conducidos a esa unidad de inteligencia sino que fueron objeto de innumerables torturas por parte de los uniformados.

Se trata de Eduardo Matson Ospino y su compañera, Yolanda Santodomingo Albericci, cuyo padre era amigo del ministro de Justicia en 1985, Enrique Parejo González, que habrían sido detenidos y llevados a la Casa del Florero por un civil, desde donde habrían empezado a ser objeto de agresiones físicas y verbales de parte de los militares.

"De allí fueron trasladados al Batallón de Inteligencia Charry Solano, en donde fueron objeto de graves e injustas agresiones físicas y sicológicas, hasta que logró establecerse que la identidad suministrada por ellos era verdadera, y que nada habían tenido que ver con el movimiento guerrillero que ocupó el Palacio (sic)", señala el documento.

El mismo Juzgado había sido categórico al manifestar que tales actuaciones constituían tortura en contra de los jóvenes, que no podía surgir sino de la latente sospecha de que se trataba de guerrilleros del M-19.

"Lo más grave es que estos estudiantes no fueron incluidos en las listas de personas capturadas, lo que da base para sostener que sí existieron capturas irregulares al culminar el operativo militar", señala el despacho en el escrito de calificación del mérito para la apertura del sumario, fechado en noviembre de 1986.

Posterior a la retención de los jóvenes, el Ejército no sólo se vio obligado a dejar a los dos universitarios en libertad sino que presentó sus respectivas excusas a los agredidos, en momentos en los que los miembros del Coici negaron categóricamente el traslado de algún detenido en la retoma del Palacio a esa unidad castrense.

El tribunal, además, cuestiona el hecho de que no hayan sido referidos en la lista de personas que fueron enumeradas en la evacuación del edificio donde operaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de la época.

"Como otro hecho elocuente de la gravísima irregularidad cometida en contra de los jóvenes estudiantes, véase que sus nombres no aparecen en la lista de personal "evacuado" del Palacio de Justicia", agrega el Juzgado en el texto.

La estudiante Yolanda Santodomingo compartió su propia tragedia con el periodista y escritor, Germán Castro Caycedo, quien dio cuenta del drama que vivieron los jóvenes y otras víctimas del holocausto, a través de la obra "El Palacio sin máscara".

La estudiante de derecho relató cómo ella y su compañero fueron torturados permanentemente por los uniformados para que se decidieran a confesar su inexistente relación con los insurgentes del M-19, pero que fue gracias a la amistad de su padre con el entonces Ministro Parejo que fueron puestos en libertad y hasta recibieron excusas por parte de los militares.

"Sé que luego estuve en el Batallón Charry Solano porque Juan José Neira Liévano, el de la Procuraduría, cuando vino a Santa Marta, me lo dijo", indicó la joven, quien añadió que el representante del Ministerio Público, al tomar su declaración en febrero del 86, señaló que había sido tratada con buenas maneras, en términos generales.

La estudiante de la Universidad Externado de Colombia cuestionó la actitud encubridora del funcionario, quien le habría respondido que ella "no lo podía contar todo".

Este tipo de versiones, muy seguramente, serán tema del interrogatorio que tenga preparado la parte civil para el comandante (r) de Caballería, Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue citado a declarar en el proceso que enfrenta el general (r) Iván Ramírez Quintero, en audiencia que se cumplirá ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en la mañana de este miércoles.