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El exdirector de inteligencia del extinto DAS, Enrique Alberto Ariza, no podrá renunciar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia y verdad del cual quiso hacer parte desde 2018. El condenado funcionario público presentó una solicitud para ser procesado de nuevo en la justicia ordinaria, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le respondió que, una vez dentro del sistema, no está facultado para decidir sobre su juez competente.
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“La Sala de Definición rechazó la solicitud de Ariza Rivas porque la JEP proscribe de plano la posibilidad de que los comparecientes, voluntarios, tengan la facultad de elegir sustraerse de la competencia de esta Jurisdicción. Admitir esta facultad afectaría en forma desproporcionada los derechos de las víctimas y comprometería la misión que la Constitución y las leyes le han asignado a la JEP”, se lee en la decisión.
Desde 2018, el exdirector de inteligencia presentó solicitudes para que sus escándalos judiciales quedaran en manos de la JEP. Actualmente, es parte del sistema de justicia transicional como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. La JEP conoce sobre su condena por concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, por las “chuzadas” del DAS, y sobre el delito de tortura, por la persecución estatal contra la periodista Claudia Julieta Duque.
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En tres oportunidades, la justicia ordinaria le ha respondido a Ariza que es responsable por intervenir ilegalmente las comunicaciones de ciudadanos, cuando era jefe de inteligencia del DAS. La última en 2016, en un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Sobre sus hombros pesa una condena de ocho años de prisión, por conocer y permitir que el grupo G-3 del DAS le hiciera seguimiento a “objetivos” de altos funcionarios de la Presidencia (periodo Uribe Vélez) y las directivas del departamento en 2007.
A pesar de tener una condena en su contra, por años estuvo refugiado en Estados Unidos, amparado en una supuesta persecución política. Recién en 2017 fue deportado a Colombia, donde un año después pidió un cupo en la JEP. La misma jurisdicción fue clara en decirle que su permanencia depende de un aporte a la verdad claro sobre la criminalidad desplegada en el DAS. Se le atribuye un plan de intimidación “aplicado indiscriminadamente contra la izquierda socio-política”.
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Sobre su papel como conocedor del G-3 del DAS, Ariza debe responder sobre los máximos responsables, los patrones de macrocriminalidad, la estructura de planeación y ejecución de delitos y la posible convivencia con miembros de grupos armados ilegales. Asimismo, desde 2018 se espera que entregue detalles del asesinato del humorista Jaime Garzón (1999), crimen que tiene bajo una condena de 26 años de prisión al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.
Justamente ese era el crimen que la reconocida periodista Claudia Julieta Duque estaba indagando cuando, el 23 de julio de 2001, fue víctima de un secuestro en el cual sus captores le dijeron que tenía relación con su investigación. Fue tal la persecución contra Duque que en 2010 tuvo que exiliarse, ante los informes de inteligencia elaborados por sus propios conductores asignados como seguridad del Estado.
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“El actuar del DAS en extralimitación de sus funciones llevó al punto de crear todo un manual de instrucciones para intimidad y amenazar. Dicho manual se construyó a partir de un mensaje grosero y de alcance perturbador y desorientador en el aspecto psicológico, que pretendía alterar la tranquilidad de la persona que lo recibía”, consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras condenar a la Nación por la tortura a Duque. Un caso que tiene en juicio Ariza, quien pretende salir de la JEP.
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