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Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la senadora Piedad Córdoba entregó su verdad, bajo gravedad de juramento, en el marco de la investigación por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Confesó haber sostenido, hace pocos años, una conversación con el mismísimo asesino de la víctima, quien respondería al nombre de Chucho o Lucho. A pesar de que Córdoba dice que recuerda todos los detalles de ese encuentro, dijo ante la JEP que no recuerda lo más importante: el nombre completo del confeso victimario y aclaró que la versión que ella tiene solo es un testimonio de oídas.
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Luego de una extensa argumentación en la que Córdoba negó una y otra vez pertenecer las Farc, la testigo habló del encuentro que habría tenido lugar en octubre de 2020. A pesar de que la congresista había dicho que tenía todo tipo de pruebas para aportar la verdad, explicó que solo es una “testigo de oídas”. Luego de ello, aseguró que se habría encontrado con el asesino de Gómez Hurtado en una charla en la Organización de Estados Americanos (OEI), en Bogotá.
“La persona se me acercó y dijo yo fui quien disparó contra Álvaro Gómez Hurtado. Yo solo le dije que fuera a las autoridades y confesara. Fue una cosa así, de abordaje de un momento a otro. Eso es lo que yo sé. Intenté contactarlo para convencerlo de que lo hiciera”, aseguró Piedad Córdoba. Luego de desviar sus respuestas, ante la insistencia de la magistratura de la JEP, la congresista señaló que la persona se llamaba Lucho o Chucho.
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Luego, ante las contra preguntas del despacho, Córdoba explicó que no tenía mayor conocimiento del crimen: “No me dio detalles de como cometió el homicidio. Detalles de nada. Fue una cosa muy fugaz. Yo realmente me asusté porque me pareció como extraño que me abordara de esa manera. Pero yo entendí que eran amigos de Fabián Ramírez (acogido al Acuerdo de Paz), porque la OEI estaba apoyando esos procesos y les podrían conseguir un abogado”.
Entre las personas cercanas a ese tal Lucho o Chucho, Piedad Córdoba vinculó a Jesús Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las Farc. Además, a Omaira Rojas, alias Sonia, quien dirigía las finanzas del frente 14 de la guerrilla en la zona del Caguán (Caquetá). Según Córdoba, el supuesto victimario de Álvaro Gómez Hurtado tenía las mismas quejas que le habían comentado Sonia y Fabián Ramírez respecto de inasistencias del Partido Comunes con ellos.
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El crimen
Gómez Hurtado, hijo del político conservador Laureano Gómez, fue un abogado y político que, entre otras cosas, participó como artífice y firmante de la Constitución Política de 1991. El asesinato del abogado ocurrió el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, donde enseñaba la cátedra de Historia Política y Constitucional de Colombia. Fue baleado por sicarios. En 2017, el caso fue declarado crimen de lesa humanidad, por lo cual no prescribirá.
La responsabilidad de las Farc en el asesinato fue reconocida recién hasta octubre de 2020, cuando el antiguo secretariado le envió una carta a la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, admitiendo que fueron ellos quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. En ese entonces, la togada dijo que, en la misiva, los excombatientes manifestaron que también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro, el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado y el economista Jesús Antonio Bejarano, entre otros.
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Una versión que no cree la familia víctima
El pasado 12 de mayo, la familia de Gómez Hurtado solicitó a la JEP cesar la investigación por el crimen de lesa humanidad. A través de un informe de 173 páginas, la Fundación Álvaro Gómez Hurtado y la Asociación Únete por Colombia desplegaron una serie de presuntas evidencias con las cuales esperan que el caso vuelva a la Fiscalía. Señalan al expresidente Ernesto Samper.
En el informe, describen decenas de hechos representativos antes, durante y luego del crimen. Por ejemplo, se reseñan las conversaciones entregadas por el expresidente Andrés Pastrana, en las cuales se escucharían a Alberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del Cartel de Cali, hablando de inyectar dinero en la campaña presidencial de Samper. El denominado “proceso 8.000″, del cual el expresidente ha resultado libre. Álvaro Gómez inició una campaña de denuncia tras la filtración.
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Para 1995, se lee en el informe, Gómez Hurtado fue el primer líder político en pedir expresamente la renuncia de Samper. Para sostener su discurso, se amparó en una agenda “anti-samperista” en el Noticiero 24 Horas o en el periódico El Nuevo Siglo. Las organizaciones denuncian que, hasta el momento, la Fiscalía no tiene evidencia de que el entonces presidente Samper hubiese creado un grupo élite para investigar la muerte, lo cual prometió ante la opinión pública. La única persona condenada por el caso es Héctor Paúl Flórez, por ser uno de los sicarios que ultimó a Gómez Hurtado. Sin embargo, él sigue insistiendo en su inocencia. La justicia colombiana todavía no ha logrado explicar la verdad de quién ordenó el magnicidio.
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