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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la entidad conformó un equipo encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de la orden emitida por el Consejo de Estado que le exige al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.
“Tenemos un equipo haciendo seguimiento para ver qué va pasando. Nosotros trabajamos de forma discreta y anónima; no hacemos aspaviento de lo que se va haciendo, sino cuando hay resultados. Pero la orden del Consejo de Estado se está cumpliendo y la vamos a cumplir a cabalidad”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
La decisión que dio origen al seguimiento fue adoptada el pasado 28 de mayo por la Sección Quinta del Consejo de Estado. El alto tribunal ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir contenido que pudiera constituir propaganda electoral, al considerar que tanto el jefe de Estado como otros funcionarios habrían incumplido las restricciones legales que les impiden intervenir en política.
En contexto: Consejo de Estado ordena al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral
El proceso se originó a partir de una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia), que argumentó que la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) desconocieron la prohibición legal de promover contenidos de carácter electoral.
La organización solicitó que se ordenara al mandatario abstenerse, de manera inmediata y hacia el futuro, de difundir directa o indirectamente propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos políticos o candidaturas, ya fuera mediante discursos, publicaciones, transmisiones oficiales, redes sociales o cualquier otro canal institucional.
Para adoptar su decisión, el Consejo de Estado analizó varias intervenciones públicas del presidente, entre ellas un discurso pronunciado en Ibagué en octubre de 2025, así como diferentes publicaciones realizadas en la red social X.
Según la corporación, algunos de esos mensajes buscaban promover respaldo a un proyecto político o a mecanismos de participación ciudadana, como una eventual asamblea constituyente, lo que encajaría en la definición legal de propaganda electoral.
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Tras la decisión, la Procuraduría quedó encargada de verificar el cumplimiento de la orden y de adoptar las medidas correspondientes en caso de detectar posibles incumplimientos por parte del presidente Petro.
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