“Eran civiles, no guerrilleros”: organización indígena que denuncia falsos positivos
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) le pidió al ministro de Defensa que se retracte de sus declaraciones en las que reportó nueve disidentes de las Farc muertos en combate en Puerto Leguízamo, Putumayo. La organización insiste que se trata de una autoridad indígena y campesinos, de los cuales aún no conocen el paradero de sus cuerpos.
Luego de haber denunciado un presunto caso de falsos positivos en Putumayo, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), realizó una rueda de prensa para dar detalles sobre lo sucedido. El pasado martes 29 de marzo, la organización denunció que el ataque adelantado contra disidencias de las Farc en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de la muerte de nueve presuntos disidentes, se trató realmente de un caso de ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente como falsos positivos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Durante la rueda de prensa, la OPIAC le pidió al ministro que se retractara, pues, de acuerdo con la organización, se trata de campesinos y Pablo Panduro Coquinche, una autoridad indígena de la región. “Eran civiles, no guerrilleros”, señaló uno de los voceros de la organización. Además, indicaron que aún no tienen información del paradero de los cuerpos y que ya alertaron al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública de la situación, pero que hasta el momento no han tenido respuestas. La organización también insistió en que la Fiscalía no hizo el levantamiento de los cuerpos, sino que lo hizo directamente el Ejército.
Lea: Opiac denuncia presunto caso de falsos positivos en Putumayo
La OPIAC retomó los relatos de la comunidad, los cuales apuntan a que no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un habitante de la región a un medio local. Igualmente, aseguraron que “dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor Divier Hernández y su mujer, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años”.
Igualmente, la comunidad señaló que el bazar era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda y que se recolectaron once millones de pesos, los cuales desaparecieron durante los hechos. En el pronunciamiento, la organización señaló que estos ataques contra las comunidades indígenas en esta zona del país no son hechos aislados y que en meses pasados también se han presentado asesinatos de sus integrantes.
La versión del Ejército
El general del Ejército Juan Carlos Correa Consuegra, comandante División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, señaló que el operativo se realizó con el fin dar con la captura de uno de los líderes del grupo criminal Comandos de la Frontera, la cual está aliada con la disidencia de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez. El oficial señaló que el operativo respetó el derecho internacional humanitario y que no tenían reporte de que se estaba efectuando un bazar y que había presencia de civiles.
De acuerdo con la versión de uno de los soldados que estaba en el operativo, los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas y que fue atacado por un civil que después sacó un arma y lo disparó. El general señaló que este operativo llevaba 10 días preparándose y ejecutándose. Además, indicó que la Fiscalía y el CTI si están adelantando los actos urgentes para determinar en qué circunstancias se desarrollaron los hechos.
“Aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. El alto oficial señala que la operación se realizó con el objetivo de capturar a Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno, de 24 años de edad, señalado jefe de finanzas del frente 48 de las disidencias y que hace parte de las organizaciones criminales que trafican cocaina en la frontera con Ecuador.
Correa Consuegra señaló que luego de una verificación de datos, el Ejército llegaron a un punto exacto para dar captura a ‘Bruno’, y que a las 6 de la mañana del lunes 28 de maro “reportan que hay combates, los cuales duran cerca de una hora. Son fuertes, pero en el momento que ingresan a la zona las unidades fluviales de la Armada y ven los helicópteros, bajan el fragor al darse cuenta, seguramente, de que era Fuerza Pública y no sus enemigos del (frente) primero”.
En entrevista con La W, el secretario de gobierno de Putumayo, Carlos González, tuvieron el reporte preliminar de los combates y se activó el programa de atención a víctimas y adelantaron un Consejo de Seguridad tras las denuncias. “Los 11 cuerpos están en cadena de custodia en Mocoa y esperamos que Medicina Legal avance ya con los estudios forenses que nos permitan esclarecer la situación”, puntualizó el funcionario local.
La Defensoría del Pueblo maneja la cifra de 11 personas muertas en los hechos y solicitó a las autoridades judiciales el rápido esclarecimiento de los hechos, ocurridos el pasado lunes 28 de marzo. “Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados. De manera particular, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos”, señaló la Defensoría.
Luego de haber denunciado un presunto caso de falsos positivos en Putumayo, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), realizó una rueda de prensa para dar detalles sobre lo sucedido. El pasado martes 29 de marzo, la organización denunció que el ataque adelantado contra disidencias de las Farc en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de la muerte de nueve presuntos disidentes, se trató realmente de un caso de ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente como falsos positivos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Durante la rueda de prensa, la OPIAC le pidió al ministro que se retractara, pues, de acuerdo con la organización, se trata de campesinos y Pablo Panduro Coquinche, una autoridad indígena de la región. “Eran civiles, no guerrilleros”, señaló uno de los voceros de la organización. Además, indicaron que aún no tienen información del paradero de los cuerpos y que ya alertaron al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública de la situación, pero que hasta el momento no han tenido respuestas. La organización también insistió en que la Fiscalía no hizo el levantamiento de los cuerpos, sino que lo hizo directamente el Ejército.
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La OPIAC retomó los relatos de la comunidad, los cuales apuntan a que no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un habitante de la región a un medio local. Igualmente, aseguraron que “dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor Divier Hernández y su mujer, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años”.
Igualmente, la comunidad señaló que el bazar era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda y que se recolectaron once millones de pesos, los cuales desaparecieron durante los hechos. En el pronunciamiento, la organización señaló que estos ataques contra las comunidades indígenas en esta zona del país no son hechos aislados y que en meses pasados también se han presentado asesinatos de sus integrantes.
La versión del Ejército
El general del Ejército Juan Carlos Correa Consuegra, comandante División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, señaló que el operativo se realizó con el fin dar con la captura de uno de los líderes del grupo criminal Comandos de la Frontera, la cual está aliada con la disidencia de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez. El oficial señaló que el operativo respetó el derecho internacional humanitario y que no tenían reporte de que se estaba efectuando un bazar y que había presencia de civiles.
De acuerdo con la versión de uno de los soldados que estaba en el operativo, los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas y que fue atacado por un civil que después sacó un arma y lo disparó. El general señaló que este operativo llevaba 10 días preparándose y ejecutándose. Además, indicó que la Fiscalía y el CTI si están adelantando los actos urgentes para determinar en qué circunstancias se desarrollaron los hechos.
“Aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. El alto oficial señala que la operación se realizó con el objetivo de capturar a Carlos Emilio Loaiza Quiñónez, alias Bruno, de 24 años de edad, señalado jefe de finanzas del frente 48 de las disidencias y que hace parte de las organizaciones criminales que trafican cocaina en la frontera con Ecuador.
Correa Consuegra señaló que luego de una verificación de datos, el Ejército llegaron a un punto exacto para dar captura a ‘Bruno’, y que a las 6 de la mañana del lunes 28 de maro “reportan que hay combates, los cuales duran cerca de una hora. Son fuertes, pero en el momento que ingresan a la zona las unidades fluviales de la Armada y ven los helicópteros, bajan el fragor al darse cuenta, seguramente, de que era Fuerza Pública y no sus enemigos del (frente) primero”.
En entrevista con La W, el secretario de gobierno de Putumayo, Carlos González, tuvieron el reporte preliminar de los combates y se activó el programa de atención a víctimas y adelantaron un Consejo de Seguridad tras las denuncias. “Los 11 cuerpos están en cadena de custodia en Mocoa y esperamos que Medicina Legal avance ya con los estudios forenses que nos permitan esclarecer la situación”, puntualizó el funcionario local.
La Defensoría del Pueblo maneja la cifra de 11 personas muertas en los hechos y solicitó a las autoridades judiciales el rápido esclarecimiento de los hechos, ocurridos el pasado lunes 28 de marzo. “Desde la Regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados. De manera particular, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos”, señaló la Defensoría.