“Es cumplir con la Ley”: Fiscalía sobre extinción de dominio a camiones del Paro

Quienes salieron ayer, seis de mayo, a las calles hacen parte de la Cruzada Nacional Camionera, conformada por la Asociación de Transportadores de Carga (ACT), la Asamblea Nacional de Transportadores (ANT) y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT).

Foto: Jose Vargas Esguerra

La Fiscalía abrió un canal de dudas y respuestas luego de que ayer, 6 de mayo, el fiscal general Francisco Barbosa dijera que va a “proceder con la extinción” de los vehículos que obstruyan las vías del país, en el marco del Paro Nacional. La vicefiscal Martha Mancera, con papeles en mano, aseguró que la institución podría aplicar un concepto que está escrito en la Ley y que responderá a las denuncias ciudadanas.

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“No son todos los vehículos que se encuentran en la situación de bloqueos. Son aquellos vehículos que por medios ilícitos inciten, dirijan, constriñan o proporcionen los medios para obstaculizar las vías. Pero, sobre todo, que van a afectar derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución. La vida, la salud, la alimentación, el trabajo, entre otros. Constitucionalmente todos los residentes en Colombia tenemos el derecho a la protesta. Pero ¿protesta qué? Pacífica”, aseguró la vicefiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, que ha recibido críticas por parte de curtidos abogados penalistas, la institución podrá aplicar la extinción de dominio, pues el articulo 34 de la Constitución se lo permite. Según la Carta Magna, “se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”. Para Barbosa, en entrevista en Semana Tv, el paro camionero logra “un pánico económico”.

“No es normal que le obstruyan de forma lógica y ordenada los diferentes puntos de la ciudad, que ataquen los peajes, que ataquen las estaciones de gasolina. Con las formulaciones de imputación y medidas de aseguramiento sabemos que detrás de eso están GAOS (grupos armados organizados) y el Eln”, agregó Barbosa. Además, el jefe del ente acusador avisó que la institución “se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción”, cuando en realidad todos los bienes secuestrados pasan a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Esa fue una de las precisiones que la vicefiscal Mancera comunicó durante esta tarde. De acuerdo con ella, si los camioneros obstruyen las vías “por los medios ilícitos”, luego de recibir denuncias, inmediatamente activará la medida cautelar y para hacerla efectiva contará con “toda la capacidad del Estado”. Aseguró que las acciones serán acompañadas por Policía y Ejército. Si los bienes llegan a la SAE, la Fiscalía anunció posibles demandas ante jueces especializados para quedarse con el 25% del valor de los mismos vehículos, todo para “fortalecer” la lucha contra la delincuencia.

“El llamado de atención es porque nosotros hoy en Colombia tenemos una situación de salud muy difícil y esto hace que ese derecho fundamental a la vida pueda estarse violando cuando se obstaculiza y se le pide al señor del camión que se retire un momento mientras pasa el oxígeno, medicamento y vacunas. Y él, en respuesta a esa solicitud pacifica, responde con violencia al servidor público o empieza a disparar o empieza a hacer actos que denomina la ley ‘por medios ilícitos’”, concluyó Mancera.

Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), explicó en diálogo con Noticias Rcn que las declaraciones del fiscal Barbosa pueden ser tomadas como temerarias y que la institución no puede quitarles los vehículos, dado que fueron adquiridos en el marco de la ley. “El fiscal está equivocado, aquí nosotros no hemos adquirido los vehículos de manera ilegal. Nosotros no somos narcotraficantes para que nos quiten los vehículos”, dijo en entrevista.

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Como representante de los transportadores, Jorge García agregó que salieron a las calles de manera pacífica y que espera resolver peticiones junto al presidente Iván Duque a través de diálogos. “Las grandes empresas han comprado vehículos y han monopolizado todo el sector. Día a día estamos padeciendo porque no tenemos opción de competir y los que adquieren vehículos no van a poder pagarlos porque no hay trabajo”, concluyó el presidente de la CCT.

El abogado penalista Iván Durango, en entrevista con El Espectador, agregó al debate que la Fiscalía no tiene bases legales para aplicar la extinción sobre los camiones. “En este caso, los bienes no tienen lo que se requiere, y es que provengan de un origen ilícito o actividades ilegales”, señaló Durango en sintonía con el presidente de la CCT. Además, criticó al jefe de la Fiscalía por dar a entender que las manifestaciones publicas pueden ser “judicializadas”. “Es una manera de amedrentar a las personas del común, quienes están protestando por sus derechos”, concluyó.

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“Es un despropósito a la naturaleza de la extinción de dominio. Con su declaración está equiparando la protesta social a una actividad ilícita. Esto es muy grave, el mismo Código de Extinción de Dominio le exige actuar con objetividad y transparencia, lo que implica que sus actuaciones sean acordes a la Constitución. Inclusive, textualmente la norma señala que el límite y fundamento de la extinción de dominio es la dignidad humana”, puntualizó el abogado penalista Mauricio Pava.