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Un capítulo más se escribe en la novela judicial del abogado Diego Cadena, exdefensor de Álvaro Uribe Vélez. El jurista está siendo investigado por las visitas que realizó a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. El pasado 27 de julio la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fraude procesal y soborno, y el juez ordenó su detención domiciliaria.
En este proceso también está vinculado Juan José Salazar, abogado y socio de Diego Cadena quien, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Salazar también está imputado con los mismos delitos.Este jueves 29 de octubre el ente investigador presentó su acusación formal contra de los abogados y, por ende, los ahora acusados enfrentarán un juicio.
Según expuso el fiscal del caso Daniel Hernández, en su escrito de acusación, en julio de 2017 Diego Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra purgando una condena en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca). El abogado llegó al penal cuando estaban finalizando los horarios de visitas, sin previo acuerdo, y le prometió al recluso asesoría jurídica y el pago de $200 millones de los cuales alcanzó a entregar $48 millones. A cambio, le pidió a Vélez que cambiara su versión en contra de Álvaro Uribe y señalara que el senador Iván Cepeda era quien lo había abordado para declarar falsamente en la Corte.
En ese momento, entró en juego el abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, a quien le habría correspondido tomar la vocería de este acuerdo manteniendose contacto con Carlos Enrique Vélez y ejecutando lo pagos acordados. El ente investigador indicó que, debido a la comunicación que lograron establecer los abogados con Vélez se entregaron $48 millones a varias personas relacionadas con Vélez. (Lea también: Caso Uribe: el relato de la mujer que recibió dinero del abogado Diego Cadena)
En ese sentido, dijo el fiscal, se hicieron giros bancarios distribuidos así: a María Melania Cosio Serna $200.000, María Elena Vélez $5.800.000, Daniela Paz $3.700.000, Eurídice Cortés Velasco $700.000, Erica López Castaño $100.000, Francisco Javier Vélez $200.000, María Elena Vélez $500.000. Además, se entregaron sumas en efectivo por $18 millones a José Fernando Ocampo Vélez, Ricardo Diosa $8.800.000 y Carlos Fernando Vélez $10millones. La Fiscalía asegura que tiene soport documental de estas transaccionesque se hicieron con la ayuda del exabogado de Vélez, Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien sirvió como intermediario.
En este punto hubo una discución entere los defensores de Cadena y Salazar, los abogados Iván Cancino y Andrés Caballero, respectivamente, y el fiscal Hernández porque hasta antes de la acusación la Fiscalía no había dicho que a Carlos Enrique Vélez le habían ofrecido favores jurídicos y solo se había referido a dádivas monetarias. Los defensores indicaron que incluir este hecho relevante a estas alturas vulneraba el “principio de congruencia”. El fiscal, por su parte, se defendió explicando que aplicó el “principio de progresividad” por el cual le está permitido hacer adiciones o modificaciones en la acusación y que el ofrecimiento de favores jurídicos fue establecido a través de interceptaciones.
El segundo episodio que narró la Fiscalía fue el relacionado con el testigo Juan Guillermo Monsalve. señaló que el 22 de febrero de 2018, Cadena abordó a Monsalve en la cárcel La Picota, donde permanece recluído, y le ofreció servicios jurídicos como presentar en su favor un recurso de revisión de su caso y gestionar su ingreso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto a cambio también de que Monsalve (hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez) se retractara de las acusaciones hechas contra Álvaro Uribe y testificara ante la Corte que Iván Cepeda lo había abordado para declarar contra el expresidente. En este hecho, dijo el fiscal Hernández, no se evidencia participación de Juan José Salazar. (Le puede interesar: En interrogatorio con la Fiscalía, Diego Cadena pidió disculpas)
“El fraude procesal es un delito de mera conducta y el hecho de haber allegado ante la honorable Corte Suprema de Justicia cartas con falsos señalamientos por parte del testigo Carlos Enrique Vélez, por orden de los acusados Cadena y Salazar, cartas que fueron encontradas en inspección al lugar de los hechos dentro del radicado 52240 fechadas del 20 febrero de 2018 y 3 de julio de 2018 y que llevaron al magistrado a emitir el trámite para que fueran escuchados los falsos testigos comprados por los doctores Cadena y Salazar (...) Los dos autores sabían que estaban haciendo ofrecimientos y pagos a testigos para que declararan falsamente, violentaron el bien jurídico contra la eficaz y correcta impartición de justicia y no se pudo vislumbrar dentro del proceso una justificante para este actuar”, manifestó el fiscal.
Hernández agregó y precisó que la carta emitida por Juan Guillermo Monsalve y que fue allegada a la Corte Suprema no se configura en el delito de fraude procesal porque no tiene entidad para generar engaño, toda vez que en ella Monsalve reveló que había sido presionado por el abogado Diego Cadena para emitir una retractación. El delgado de la Fiscalía continuó señalando que para la época de los hechos, tanto Cadena como Salazar tenían total comprensión de lo que estaban haciendo y por su condición de abogados sabían que sus actuaciones configuraban un delito que está prohibido en el territorio nacional.
“Se acusa a Diego Javier Cadena y Juan José Salazar como presuntos coautores responsables a título de dolo de las conductas punibles de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Sus actuaciones conllevaron a generar engaños en la Corte Suprema de Justicia e inducir en error (...) bajo el entendido que realizaron un aporte importante en provecho de un tercero, solicitud de cartas con falsos señalamientos dirigidas a la Corte Suprema con el fin de beneficiar al aforado (Uribe) en las investigaciones que se adelantaban en su contra”, concluyó Hernández.
Desde el 28 de septiembre El Espectador conoció que la Fiscalía tenía listo el escrito de acusación en el que señala que hay 13 pruebas documentales y 14 testimonios para demostrar que para la época de los hechos, entre julio de 2017 hasta agosto de 2018, Diego Cadena y Juan José Salazar tenían total capacidad de compresión de su actuar y por lo tanto capacidad de determinación. Al punto, que la Fiscalía consideró que por su condición de abogados debían saber que esas actuaciones configuraban un delito y era prohibido hacerlo, “mostrando una actitud dolosa”.
Cadena, quien insiste en su inocencia y no aceptó los cargos en el momento de la imputación, Sin embargo, enfrenta el proceso privado de la libertad. En lo que respecta a Juan José Salazar, el juez decidió que su actuación no representaba el mismo riesgo que la de Cadena, porque práctimente se realizó actividades “casi que de mensajería” bajo orden de Cadena. Por eso, el abogado se defiende en libertad. De esta forma, inicia una nueva etapa en el proceso penal contra los abogados y los próximos 9, 10 y 11 de febrero de 2021 las partes volverán a encontrarse en la audiencia preparatoria del juicio.